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La judicialización de los procesos electorales

El primer intento de judicializar la política se produce en el último tercio del siglo XIX en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por virtud del interesante debate entre dos de los más grandes juristas de ese siglo: José María Iglesias y don Ignacio L. Vallarta, y es conocido como “la tesis de la incompetencia de origen”.

Las implicaciones de la judicialización de la política han generado que los Estados constitucionales encuentren nuevas formas de solucionar sus conflictos, ya sea entre poderes formales, de índole federal y local.

La judicialización de la política destaca el papel de los jueces, y la judicialización implica someter a la razón los predicamentos de los partidos políticos, cuestiones de política pública y controversias del orden político.

Los Tribunales Electorales, se han convertido en la última palabra en los recientes procesos electorales.

En 2015 se eligieron 2,159 cargos de elección popular, el Instituto Nacional Electoral la denominó la elección más grande de la historia, pues fueron 16 entidades federativas las que tuvieron un proceso electoral para elegir legisladores e integrantes de sus ayuntamientos o delegaciones en el caso del Distrito Federal, además 9 de ellas eligieron gobernador, además se renovó la Cámara de Diputados a nivel federal.

En 2015 los procesos electorales locales y el federal implicaron que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de sus 5 Salas Regionales, su Sala Especializada y la Sala Superior resolvieran un total de 23,084 medios de impugnación.

Se anularon 9 elecciones: 1 de diputado federal, 1 de gobernador, 1 de diputado local y 6 de ayuntamientos.

Los principales motivos de los litigios fueron:

* Un aumento en la regulación legal derivada de las diferentes reformas a la legislación electoral.

* La guerra sucia que desgasta a los contrincantes con cuestiones legales y los alejan del elector.

* Los rebases de los topes de campaña.

México es uno de los países del mundo que cuenta con una de las leyes de medios de impugnación en materia electoral más desarrollada.

Las últimas reformas electorales han incorporado importantes criterios emitidos por los órganos jurisdiccionales. Como por ejemplo los avances en materia de equidad de género que hoy en día obligan a los partidos políticos a postular 50% de mujeres y 50% de hombres.

Prácticamente las campañas de 2016 inician mañana aunque la guerra sucia ya empezó por lo que se espera que la descalificación entre los contrincantes será permanente sobre todo si no presentan propuestas viables que beneficien a la población.

Motivos por los cuales se puede judicializar una elección.

* Uso indebido de encuestas y estudios de opinión como propaganda electoral.

* Encuestas simuladas con propaganda electoral.

* Manipulación por difusión diaria de encuestas electorales.

* Financiamiento encubierto.

* Distribución de tarjetas para adquirir despensas o artículos de tiendas comerciales.

* Gastos excesivos en campañas de publicidad.

Así las cosas, estimados lectores, la contienda ya empezó y los candidatos deberán cuidar su estrategia de campaña si no quieren que se judicialice la elección y para muestra reciente tenemos la elección de Colima.

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