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Calificación negativa de México genera austeridad para 2017

Amigas y amigos lectores, en estos tiempos es preocupante el comportamiento de la economía mexicana por el incremento acelerado de la deuda y el insuficiente crecimiento económico y la corrupción rampante que se presenta en todo el país.

El impacto ya se veía venir por lo que recientemente la agencia Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) bajó la perspectiva de la calificación de largo plazo del país de “estable” a “negativa”.

La agencia advirtió que “la revisión de la perspectiva de las calificaciones en escala global refleja una posibilidad de al menos una en tres de que bajemos la calificación en los próximos 24 meses si el nivel de deuda del gobierno general o la carga de intereses presenta un deterioro superior a nuestras expectativas y aumenta la vulnerabilidad de las finanzas públicas de México ante los shocks adversos”.

De acuerdo con S&P, la deuda neta del gobierno se ubicó en 42% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2015, y espera que llegue a 45% del PIB en 2016; mientras que para el 2018-2019 se prevé se acerque a 48% del PIB.

En un comunicado, la calificadora detalló que el índice de deuda aumentó de manera continua desde 28% del PIB en 2005, lo que refleja el impacto de los constantes déficits fiscales moderados en un contexto de bajo crecimiento del indicador en este periodo.

Standard & Poor’s explicó que las calificaciones de México reflejan su historial de cautelosas políticas fiscales y monetarias, lo que ha contribuido a que el país mantenga déficits gubernamentales limitados y una baja inflación, así como a un nivel moderado de deuda externa.

“La combinación de políticas económicas previsibles y una economía flexible han permitido al país ajustarse a las cambiantes condiciones internacionales, que incluyen una caída considerable del precio del petróleo y la depreciación del peso mexicano, al mismo tiempo que mantiene un crecimiento estable y una inflación baja”, detalló.

Debilidad institucional

La agencia señaló que “México ha llevado a cabo más reformas estructurales en comparación con la mayoría de los países de mercados emergentes, pero su tasa de crecimiento ha sido decepcionante, debido parcialmente a factores no económicos”.

De hecho, destacó que la administración de Enrique Peña Nieto hizo notables reformas estructurales para modernizar la economía –en los sectores de energía, educación, telecomunicaciones, fiscal y financiero– en la primera parte de su periodo de administración de seis años, que comenzó en 2012, con el respaldo de otros partidos.

Sin embargo, delató, las debilidades en la gobernabilidad —que reflejan en parte una débil aplicación de la ley y la percepción de corrupción— limitan los beneficios de estas reformas, especialmente en la inversión.

S&P puso el dedo en la llaga:

“La democracia ha generado estabilidad y cambios regulares de gobierno en México, pero no ha derivado en un dinamismo económico ni ha mejorado la seguridad pública. Consideramos que México afronta un mayor riesgo de débil gobernabilidad continua y un desempeño económico limitado en el largo plazo, que un riesgo de hacer un cambio radical en sus políticas económicas”.

El panorama no es fácil:

La agencia calificadora previó un crecimiento del PIB ligeramente por encima de 2% en 2016 y en torno a 3% durante 2017-2019 –o solo por debajo de 2% sobre una base per cápita–, eso sólo suponiendo un crecimiento constante y estable en Estados Unidos y un incremento gradual de la inversión privada en el sector de energía mexicano.

Por el lado de la deuda, “proyectamos que la deuda del gobierno general aumentará en promedio 4% del PIB anualmente en los próximos tres años, mientras que la carga de intereses del gobierno general (intereses sobre ingresos) se mantendría por debajo de 10%”.

En este panorama el augurio es desolador:

“El bajo crecimiento del PIB dificultará que el gobierno alcance su ambicioso objetivo de estabilizar y reducir gradualmente su deuda, como participación del PIB en los próximos tres años. El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente debido a los déficits fiscales, la potencial depreciación de la moneda y la ayuda financiera periódica que da a las empresas del sector público, como Petróleos Mexicanos (Pemex), petrolera propiedad del gobierno, y Comisión Federal de Electricidad (CFE)”, precisó (S&P).

En suma, la calificadora advirtió:

“Podríamos bajar la calificación soberana de México si la deuda pública o si la carga de intereses se deteriora más que lo que esperamos actualmente. El continúo bajo crecimiento del PIB, los bajos ingresos petroleros y el margen cada vez menor para reducir el gasto relacionado con proyectos de inversión, así como los costos de personal podrían dificultar que el gobierno estabilice su deuda como participación del PIB en los próximos dos años.

”El nivel de deuda podría seguir aumentando moderadamente como resultado de los déficits fiscales, la potencial depreciación de la moneda, y la probable ayuda financiera a las empresas no financieras del sector público”.

También condicionó al gobierno para revertir la calificación negativa. Recomendó acelerar la inversión del sector privado, especialmente en el de energía, entre otras que aumenten la confianza de los inversionistas podrían derivar en un crecimiento moderadamente mayor del PIB.
El organismo señaló que es necesaria la efectiva implementación de las reformas energéticas, incluyendo cambios a Pemex y CFE que reducirían los pasivos contingentes potenciales del soberano.

“Esto, junto con medidas para sustentar el reciente incremento a los ingresos fiscales no petroleros y contener el gasto, podría derivar en resultados fiscales que contribuyan a estabilizar la carga de la deuda pública. De tal manera, podríamos revisar la perspectiva a estable”.

En contraste y sin mencionar una línea sobre la debilidad del Estado de Derecho, la corrupción y la violencia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SCHP) respondió ante la disminución a perspectiva “negativa” de las calificaciones soberanas del país por parte de S&P.

En un comunicado, mencionó que para continuar con el proceso de consolidación fiscal anunciado desde 2014, se puso como meta reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) a 2.5% del Producto en 2018, así como un superávit primario a partir de 2017, y con ello estabilizar la razón de deuda pública a PIB.

Y finalizó: “En adición a los esfuerzos por fortalecer el marco para la conducción de la política macroeconómica, y en particular la fiscal, el gobierno federal continuará instrumentando de manera acelerada las reformas estructurales. Se espera que ambos elementos contribuyan de manera gradual pero significativa a impulsar el crecimiento económico del país en beneficio del bienestar de las familias mexicanas”.

Por su lado, la calificadora de riesgo Moody’s cambió la perspectiva de calificación del gobierno de México a negativa desde estable, debido a los posibles pasivos en caso de que inyecte liquidez a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Moody’s también señala el débil desempeño económico y las continuas dificultades externas, que pondrán a prueba los esfuerzos de consolidación fiscal del gobierno federal y el riesgo de que aumenten los niveles de deuda.

Moody’s considera que el déficit de Pemex, derivado de gastos operativos y de capital y de las necesidades de contratar deuda, persistirán hasta 2018.

“Si la compañía estatal que no puede financiar este déficit en los mercados, el emisor soberano (gobierno) probablemente proporcionará alivio financiero para asegurar que Pemex pueda cubrir sus pagos de deuda y sus gastos de capital”, indicó Moody’s en un comunicado.

Dado el tamaño de esas necesidades de financiación, la agencia considera que el impacto fiscal de este apoyo podría “contrarrestar con creces todos los progresos realizados en la consolidación fiscal, la estabilización de deuda pública para 2018, y que se eleve la deuda del gobierno federal por encima del 40% del PIB”.

La deuda del gobierno federal creció a 34.4% del PIB en 2015, cuando en 2011 era del 27.9%, de acuerdo con Moody’s y espera que a finales de 2018 se estabilice a 37%. Pero la agencia ve más riesgos de que ésta aumente, debido al crecimiento débil, la baja de ingresos y las presiones de gasto.

“El menor crecimiento y un entorno de bajos precios del petróleo reducirán los ingresos fiscales. Si bien la reforma fiscal ha mejorado la estructura de los ingresos fiscales, las previsiones de Moodys son que los ingresos totales del gobierno federal se reducirán al 18.5% del PIB en 2016 desde 19.3% en 2015.”

En los próximos dos años, Moody’s evaluará los progresos en consolidación fiscal y la aplicación de los recortes de gastos en Pemex para hacer frente a las presiones de liquidez. De no encontrar resultados satisfactorios, esto sería una presión para bEl Congreso de México comienza la discusión del presupuesto austero para 2017, presentado por el Gobierno, con un recorte de 70.000 millones de pesos (unos 3.800 millones de dólares) que busca de generar un superávit, por primera vez desde 2008.

Ante este panorama el secretario de la SHCP de México buscará superávit en el presupuesto de 2017.

Para lograrlo el nuevo secretario de Finanzas, José Antonio Meade, propuso un recorte de 70.000 millones de pesos en el presupuesto de 2017, de manera que las políticas de austeridad para abatir el endeudamiento público ascenderá a casi 13.000 millones de dólares con respecto al gasto aprobado por el Congreso en diciembre pasado.

Los recortes afectan sobre todo a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) y en los rubros de educación y salud. “La forma de lograr superávits primarios —tras ocho años de déficit— es por la vía de reducciones al gasto, fundamentalmente en los ramos administrativos”, dice el proyecto del nuevo funcionario.
Los analistas de Banorte, una de las principales instituciones bancarias del país dijeron en una primera reacción que el recorte del gasto público, en un marco de bajos ingresos petroleros, por los bajos precios internacionales del crudo, permite lograr las tres metas previstas por el Gobierno:
La primera es lograr déficit cero para 2018 —excluyendo Pemex y Comisión Federal de Electricidad.

La segunda es lograr un superávit primario para 2017 y
La tercera es detener la trayectoria ascendente de la deuda pública. “Inclusive, si las cosas llegaran a salir ligeramente mejor, la deuda pública podría empezar a disminuir tan pronto como en 2017”, dice el análisis de Banorte.

Así las cosas estimados lectores, considero que el 2017 será un año donde todos debemos sumar para tener una estabilidad económica en 2018, por lo que los gobiernos estatales y municipales deberán poner el ejemplo de austeridad sobre todo aquellos que iniciaran gestiones a partir de enero de 2017.

Septiembre 19, 2016 - 7:30 pm
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Por: Rubén Ortínez

Columnistas