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El regateo de la transparencia en Puebla

Cuánto nos quedan a deber los gobiernos en todos los niveles cuando hablamos de fiscalización y transparencia. Es verdad que se han dado avances, sin embargo, la opacidad es una sombra de la que difícilmente se han podido librar desde las dependencias federales, los Ayuntamientos y universidades.

Abramos el menú opaco y encontraremos: Licitaciones amañadas en el gobierno estatal, sobreprecios en uniformes de corporaciones policiacas en varios Ayuntamientos poblanos, el manejo discrecional que algunas instituciones educativas hacen de sus recursos públicos, contratos de publicidad y adjudicaciones a parejas conyugales de funcionarios en activo, compra de materiales para instituciones médicas de origen chino y falseando información.

Todo lo anterior nos deja claro, que la voluntad de gobiernos, autoridades e instituciones públicas, educativas, siguen manejando el tema de la transparencia como un mote del compromiso y apertura con la ciudadanía.

Sin embargo, todo lo anterior es francamente un gran tinglado y juego de simulaciones donde se sigue pegando con una mano y se cobra con la otra.

Hay un gran trabajo para contralores y sistemas anticorrupción que simplemente no cuajan ni parece que se haga en corto tiempo, debido a todos los actos que al margen de la ley se siguen cometiendo por funcionarios que simulan la transparencia como un acto de caridad.

Opacidad, transparencia, fiscalización y corrupción son cuatro ejes mantienen a Puebla en una operatividad sometida por el yugo político.

Quienes hoy gobiernan en los distintos niveles tienen que entender que no hacen un favor a la sociedad transparentando bienes y procedimientos administrativos que si bien son de rigor, se siguen manejando en la oscura rendición de cuentas, que antes de hacerse, se maquilla, se recorta y se aniquila para proteger a quienes siguen haciendo jugosos negocitos en el ejercicio de la llamada gobernabilidad.

Sin duda la transparencia sigue padeciendo esos embates de ocultar lo que resulta inconveniente y con información “sensible” para los ciudadanos quienes tendríamos que entrar a esta cultura de exigir procesos aún con mucha mayor apertura, que nos permitan conocer cómo se está gastando el dinero público.

El tema de auditar las instituciones educativas como la polémica de la Buap y la Auditoría Superior del Estado independientemente de plantear el respeto a las autonomías, es motivo para señalar que muchas instituciones educativas han usado sus recursos para que sus funcionarios hagan negocios personales, financien medios de comunicación, paguen becas y se apadrinen proyectos políticos.

En tanto, me pregunto, ¿quién fiscalizará al propio auditor estatal Francisco Romero? ¿Quién nos garantiza que la fiscalización transparente manejo de recursos y no opere como un garrote político?

Ojalá las licitaciones en el Gobierno del Estado clarifiquen esos procedimientos que hoy ponen en duda su transparencia.

Que nos cuenten qué funcionarios se llevaron la comisión por inflar los precios de uniformes policiacos.

Que nos comenten cómo se eligió y quiénes participan en la empresa que estaba colocando bolardos por toda la ciudad.

Que el Congreso del Estado transparente adjudicaciones que se siguen haciendo en lo oscurito.

Cuánta cultura de legalidad, transparencia y anticorrupción nos falta a los ciudadanos, quienes tenemos que aprender a exigir y no regatear la apertura de expedientes e información que seguramente trae consigo, revelar actos de corrupción que muchos funcionarios siguen cometiendo en aras de transparentar a modo, sólo aquello que no ponga en riesgo los verdaderos negocios que están haciendo muchos vivales y que siguen ahí, cobijados por la oleada del nuevo burocratismo sexenal.

@rubysoriano
mediatikosconsulting@gmail.com
Facebook: Mediatikos Consulting

enero 12, 2020 - 9:45 pm
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Por: Ruby Soriano

Columnistas