La diputada Amalia Dolores García Medina (MC) propuso establecer en la Ley General de Desarrollo Social la Política Nacional de Cuidados, con el objetivo de articular programas, estrategias y acciones de las instituciones del Estado para garantizar el acceso a servicios de cuidado a la población en situación de dependencia y los derechos de las personas proveedoras, ya sea que lo hagan de manera remunerada o no remunerada.

Ello, mediante una iniciativa que adiciona un Capítulo II Bis al Título Tercero, y modifica los artículos 49, fracción I, 51 y 60 de la Ley, enviada a la Comisión de Bienestar para dictamen.

Define servicios de cuidado como el conjunto de apoyos indispensables para el desarrollo de las actividades de la vida diaria, a fin de satisfacer las necesidades integrales de subsistencia de las personas en diferentes etapas de su vida.

Estipula que los servicios de cuidado no remunerados son los llevados a cabo por familiares o voluntarios no profesionales, de manera solidaria sin contraprestación económica. Los remunerados están sujetos a una regulación o contrato y reciben una contraprestación económica.

Agrega que la población en situación de dependencia son las personas que carecen de autonomía física, mental, intelectual o sensorial para desarrollar las actividades y atender por sí mismas sus necesidades básicas.

En el diseño de la Política Nacional de Cuidados se considerará la variabilidad del grado de dependencia a fin de diseñar las estrategias para que accedan a estos servicios infantes, niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, población adulta mayor y personas con enfermedades crónico-degenerativas, establece.

Se promoverá la responsabilidad entre familia, sector privado, sociedad civil y Estado para proporcionar los cuidados, así como la repartición equitativa de estos trabajos entre mujeres y hombres, y el acceso de toda persona que los requiera en condiciones de igualdad y no discriminación.

Propone un nuevo artículo 17 Ter para que las instituciones del Estado encargadas de atender asuntos públicos en materia de salud, educación, trabajo y seguridad social, coordinen sus políticas, programas, estrategias y acciones para promover que las personas en situación de dependencia reciban servicios dignos de cuidado en su domicilio o en alguna estancia diurna o nocturna.

También, que quienes realicen los cuidados remunerados accedan a capacitaciones y certificaciones de manera periódica y a la seguridad social; y quienes los llevan a cabo sin pago se capaciten y certifiquen y reciban pensiones por incapacidad o vejez.

Además, que las licencias de maternidad y paternidad ayuden a conciliar la vida laboral y familiar; disponer de tiempo para cuidar a sus hijas e hijos, especialmente tratándose de infantes, niñas, niños y adolescentes con discapacidad y adultos mayores en situación de dependencia.

Plantea esquemas de participación con el sector privado y la sociedad civil para contar con espacios seguros de cuidado y desarrollo, como guarderías, escuelas de horario extendido, estancias infantiles, para personas con discapacidad y adultos mayores, y que las casas hogar y los albergues brinden servicios de cuidado dignos a personas en situación de vulnerabilidad o desamparo.

Asimismo, que haya suficientes estancias diurnas y nocturnas de calidad para personas en situación de dependencia que requieran de cuidados médicos no intensivos. Además, brindar servicios a quienes requieran rehabilitación física para mejorar sus capacidades, favorecer su autonomía y minimizar su condición de dependencia.

La reforma a los artículos 49, 51 y 60 busca agregar a los organismos públicos autónomos para integrar la Comisión Nacional, la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, y colaborar con el Consejo Consultivo de Desarrollo Social.

La diputada García Medina refiere que con estas reformas se integrará a la Política Nacional de Desarrollo Social la atención de quienes reciban y dan cuidados, beneficiará a las personas cuidadoras que en su inmensa mayoría son mujeres, reducirá brechas de desigualdad de género y promoverá la movilidad social.

Foto: Cámara de Diputados