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¿Magia para abrir al gobierno?

El pasado lunes, el presidente Peña Nieto promulgó la nueva Ley General de Transparencia, la cual obliga a las autoridades de los tres poderes de la Unión, órganos autónomos, sindicatos y a cualquier persona física o moral que ejerza recursos públicos a transparentar la información que generen.
En dicho evento, Peña Nieto afirmó «…la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para generar confianza y seguir perfeccionando nuestra democracia. Los mexicanos tienen derecho a conocer cómo y en qué se invierten los recursos públicos, tienen derecho a saber qué hacen sus autoridades y cuáles son sus resultados… La transparencia es solo uno de los elementos de un paradigma aún más amplio: el gobierno abierto. Los gobiernos abiertos son la nueva frontera de nuestra democracia. Son un nuevo modelo colaborativo que está transformado la manera en la que interactúan los ciudadanos y autoridades».
De las anteriores palabras del Ejecutivo, destaca un paradigma consistente en centrar a la transparencia como la piedra angular del ejercicio democrático de la actividad pública. En confiar el éxito democrático a la publicación de información por parte de quienes ejercen recursos públicos.
Esta añeja propuesta, no promueve, empero, el “perfeccionamiento de la democracia”. En términos televisivos, aceptar el paradigma sería tan absurdo como afirmar que por cambiar al sistema HD, se mejora en automático el contenido de los programas. O en el ámbito deportivo, que un nuevo diseño de uniforme, volverá campeón a un equipo.
La verdadera piedra angular de toda democracia lo es, desde el origen mismo del concepto, la activa e ineludible participación e intervención ciudadana en sus gobiernos; la participación social en la acción gubernativa por medio del sufragio; en el preciso diseño y aprobación de las políticas públicas; y, en el puntual control que debe ejercer sobre la actuación del Estado.
En síntesis, no debemos centrarnos en exigir que las autoridades públicas nos informen lo que ya hicieron, sino en definir qué es lo que queremos que hagan, evitando que actúen por motu proprio.
En las campañas electorales, elegimos antes que a candidatos, a las plataformas electorales que representan. Una vez en el gobierno, esas plataformas seleccionadas por los ciudadanos, se convierten en los llamados planes de desarrollo y programas sectoriales. Eso es lo que debemos regular: que las autoridades hagan lo que nosotros elegimos, de la manera en que ellos se comprometieron y aplicando los recursos que les autorizamos.
De qué nos sirve, por ejemplo, que se transparente cuánto se ejerció en la partida 2600, si no sabemos si ese combustible fue utilizado exclusivamente para cumplir una meta programática, o para transportar al colegio a los hijos de algún funcionario.
No. La transparencia no es la democracia. La transparencia per se, no genera confianza. La transparencia, no construye un gobierno abierto.
La piedra angular de la democracia se llama soberanía popular, que se traduce en que la sociedad determina lo que debe hacer la autoridad, y vigila que lo haga con eficacia.
Ya no estamos en los tiempos de los espejitos; ni de tapar el sol con un dedo; ni de esconder la cabeza, pensando que así se oculta el resto del cuerpo; ni de esperar que de la chistera gubernamental, salga mágicamente un conejo solucionador.
Como sociedad activa, tenemos derecho a decidir, y no a conformarnos con la concesión y gracia de ser informados.

mayo 6, 2015 - 9:56 am
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Por: Carlos Palafox

Columnistas