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Marihuana: discusión sin debate

El tema de la marihuana ha estado en el centro de la discusión desde hace ya varias semanas. Acostumbrados a discutir, más que a debatir, diversos sectores sociales han centrado la agenda mediática nacional en torno a este asunto, más a partir de filias y fobias, que de argumentos fundados y motivados.
Pocos conocen la ponencia del Ministro Zaldívar respecto del proyecto de revocación de la sentencia recurrida por cuatro personas físicas y una moral que sintieron violados sus derechos humanos por la negativa de la autoridad administrativa para emitir autorización para la siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transportación del estupefaciente conocido como cannabis y el psicotrópico THC para su uso lúdico y recreativo.
Muchos menos conocen los argumentos que se presentaron, al respecto, en la histórica sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 4 de noviembre de 2015, en la que se aprobó por cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto de amparo y protección de los quejosos antes mencionados.
Veamos pues, lo que en esa Sala se dijo.
El Ministro Pardo Rebolledo inició la discusión comentando no compartir el proyecto presentado, que solicita se autorice por parte de la autoridad competente diversas conductas que se estiman indispensables para garantizar el autoconsumo del estupefaciente conocido como “marihuana”.
Destaca que dentro de esas conductas, se omite incluir la relativa a cómo se adquiriría la marihuana o su semilla. “Cómo podría garantizarse el ejercicio de este derecho al consumo recreativo de la marihuana, sin incluir el primer paso de este proceso… de dónde se va a adquirir la semilla o el estupefaciente para, a partir de ahí, iniciar las siguientes conductas que solicitan…”, especialmente, agregó, si ese acto inicial del proceso (compra de marihuana o su semilla) es sancionado por el código penal, al ser una conducta típica y prevista como delito. “No es posible pronunciarse sobre la eficacia de los argumentos que se plantean, en virtud –insisto- de que fue excluida la conducta de la adquisición.”
Por su parte, la Ministra Sánchez Cordero recordó que la Corte “ha reconocido el justo alcance de la libertad de la persona para decidir diversas cuestiones, tales como la reasignación sexual, el aborto incausado, el matrimonio igualitario; en todos ellos se ha puesto de manifiesto el reconocimiento de diversas formas en que las personas deciden llevar el rumbo de sus vidas…”
El Ministro Cossío Díaz, señaló enfáticamente que “la experiencia de los últimos cincuenta años demuestra que la política prohibicionista en materia de drogas ha fracasado… es claro que la política que limita el acceso a sustancias controladas, ha contribuido a incrementar la violencia y la corrupción asociadas a la delincuencia organizada… y ha generado un mercado negro de millones de dólares afectando con todo ello los derechos humanos y la salud de la población mundial…”, por lo que urgió a la sociedad a replantearse el modelo de aproximación al fenómeno del consumo y la producción de las drogas.
Entiendo de estas palabras, que para el Ministro Cossío el problema del narcotráfico no se genera por el consumo y la distribución, sino por la política prohibicionista que limita el acceso a las drogas. Sin comentarios.
Posteriormente, reflexionó que “toda vez que nuestra decisión implica un pronunciamiento general sobre la política nacional en materia de drogas… hubiera sido deseable acudir al conocimiento técnico y científico especializado de manera formal, así como escuchar las opiniones de diversos sectores”.
“Desde mi perspectiva, haber realizado respecto del tema de la legalización de la marihuana un ejercicio como el que acabo de mencionar, con la intervención de todos los actores relevantes y de la opinión pública, hubiera permitido a esta Suprema Corte no sólo resolver este caso concreto, sino constituirse en el foro nacional para la discusión y futura implementación de una política integral en materia de drogas.”
Fue más allá. “El hecho de que no existe evidencia científica concluyente sobre el grado de afectación que cause el consumo de la marihuana –como el propio proyecto lo reconoce- no nos permite considerarla como una sustancia inocua; de ahí que tengamos frente a nosotros un reto enorme en términos de salud pública.”
“… el día de hoy nuestra sentencia está dando inicio a un proceso a la inversa, pues previo a la construcción de un marco regulatorio se están otorgando autorizaciones administrativas con fundamento en una resolución jurisdiccional… por eso me parece que nuestra sentencia debiera precisar de mejor manera posible, no sólo los efectos concretos, sino también medidas exhortativas de carácter estructural… que posibiliten la creación de una política pública integral en materia de drogas.”
Al respecto, el Ministro ponente comentó: “Con independencia de que los derechos humanos no pueden ser sujetos a consulta; me parece que en el tema en particular, la evidencia científica es tan robusta, es tan grande, y tan evidente, que haría innecesario recurrir a la opinión de ¿quién?, ¿un perito?. ¿Un perito específico tendría más validez que toda la literatura científica que se ha construido?… para eso se analizaron más de cuarenta estudios, todos ellos de universidades, organismos y académicos prestigiados y fueron publicados en revistas o libros arbitrados por la comunidad científica… Sobre las conclusiones a las que llegó el proyecto con base en dichos estudios, es pertinente hacer las siguientes aclaraciones: la propuesta nunca afirma que el consumo de la marihuana no genera daños a la salud, sino que estos no son tan graves como comúnmente se cree, y que por ello, la medida de la prohibición absoluta es desproporcionada. Tampoco se señaló que el consumo de la marihuana no generara dependencia, sino que su grado de probabilidad es bajo, ubicado en alrededor del 9%.”
De esta participación, me parece importante cuestionar si esos cuarenta estudios que leyeron en publicaciones científicas para elaborar el proyecto, son estadísticamente suficientes, y especialmente, si el o los abogados que las leyeron, tienen la capacidad científica tanto para su interpretación, como para aceptarlos como acertados, sin haber recurrido a la opinión de peritos en la materia. Considero audaz y hasta soberbio que un abogado, por más Ministro que sea, estime que no necesita recurrir a nadie, ni a nada, más que a la lectura de revistas, para pronunciarse con suficiente sustento en un tema tan importante.
Por su parte, el Ministro Presidente comentó que desde su perspectiva, “la única pregunta que tenemos que responder desde la Constitución, es la siguiente: ¿El Estado tiene derecho a decidir lo que cada uno de nosotros puede hacer en su vida privada respecto de su persona, es decir, cada persona es libre para decidir lo que puede hacer consigo mismo en su ámbito privado o no?”
Aportó además una definición del derecho al libre desarrollo de la personalidad, entendido como el conjunto de derechos a la libertad de conciencia, dignidad e incluso al derecho a la vida.
Lejos del análisis jurídico de los argumentos presentados por los Ministros, pareciera que esta discusión tuvo como ejes fundamentales la utilización de adjetivos estridentes, y de lugares comunes de impacto mediático. No entiendo cómo una decisión de tal trascendencia, puede sustentarse en afirmaciones tan subjetivas como “no es tan grave” el uso de la marihuana; o que la “evidencia científica es tan robusta” porque se consultaron cuarenta revistas; o que el problema de las adicciones a las drogas no es generado por el consumo y distribución, sino por su prohibición.
Creo que es hora de que todos los sectores nos alejemos de las luces mediáticas, y nos acerquemos al análisis y debate serio de los temas que verdaderamente consideramos importantes. No tengamos miedo a disentir. Por el contrario, temamos callar y evadir.

Noviembre 12, 2015 - 2:42 pm
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Por: Carlos Palafox

Columnistas