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“Tehuacanazos” a la prensa
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A quien le llueve sobre mojado es a la aún presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández.

Y es que no solo podrá ser destituida en unas semanas, sino también es acusada de agresiones y acoso a periodistas.

Desde la Red Puebla de Periodistas se exigió, hace unos días, que cesen los ataques contra los comunicadores en Tehuacán.

Parte del comunicado resalta que la organización Artículo 19 emitió una alerta por la agresión a dos reporteros en Tehuacán, según documentó el organismo el pasado 24 de noviembre.

Una de las víctimas fue Maximiliano Santos, periodista de En Tiempo Comunicaciones, quien fue golpeado en las inmediaciones de su lugar de trabajo en Tehuacán.

Al acudir a realizar la denuncia a la subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Tehuacán, Santos fue recibido por los funcionarios con negativa porque “ya estaba fuera de horario laboral”.

Además, los funcionarios de la Procuraduría consideraron que las agresiones por haberse registrado cuando el periodista no estaba haciendo un reportaje, tomando video o fotografías tenían que tratarse como un asunto del fuero común.

De acuerdo con Artículo 19, “los argumentos son esbozados y van contra el mandato constitucional de la PGR de atender los casos de violencia contra la prensa”.

En el segundo caso se informó que la reportera Mariana Gutiérrez, de El Mundo de Tehuacán, fue agredida por una funcionaria local el 23 de noviembre.

Belén Leticia Hernández, regidora de Educación en ese municipio, sacó a empujones a la reportera de su oficina cuando Gutiérrez realizaba una nota sobre temas de Protección Civil.

Las agresiones se produjeron semanas después de que la presidenta municipal de Tehuacán, Ernestina Fernández, amenazara con demandar a los colegas y medios de la región que publiquen información incómoda para la administración de la priísta.

A la par, el pasado 11 de noviembre un grupo de colegas del interior del estado exigieron a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla que atienda la situación de violencia que vive la prensa, especialmente en la que se registra en el área conocida como “el triángulo rojo” o la franja del huachicol, en donde el crimen organizado se ha apoderado de la región.

Por lo tanto, se asentó que las condiciones para el ejercicio periodístico han empezado a deteriorarse en la entidad a la par del crecimiento del crimen organizado.

Todo se suma la violencia que están ejerciendo las autoridades municipales y de otros órdenes de gobierno ante la pasividad e indolencia de los responsables de la seguridad y protección de la ciudadanía en general y de la prensa en particular.

Desde la Red Puebla de Periodistas exigimos a las autoridades atención a las denuncias presentadas tanto en el ámbito judicial –pues existen—como en el ámbito de la protección de los derechos humanos, y las alertas y llamados que han expresado organismos de protección a periodistas como La Casa de los Derechos y Artículo 19.

Además, se exige cumplir con su obligación de generar las condiciones necesarias para el libre ejercicio de la profesión de la libertad de expresión de los trabajadores de los medios, recordando que el trabajo que realizamos cumple con atender el derecho a la información de la sociedad.

No es una concesión, lo que se pide es el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y el respeto irrestricto de la libertar de expresión de los comunicadores, nada más, pero nada menos.

diciembre 20, 2016 - 10:45 pm
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Por: Jorge Luis Castillo

Columnistas