El trabajo realizado por la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer lo sucedido la noche de la desaparición de los 43 normalistas ha resultado en la detención, hasta el momento, de 116 personas vinculadas a proceso penal por su presunta responsabilidad.

De la organización delictiva Guerreros Unidos son 32 integrantes; el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam; el exdirector antisecuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), Gualberto Ramírez Gutiérrez, y el exministerio público de esta misma corporación.

Además, 14 elementos detenidos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellos, un excomandante del 27 Batallón de Infantería y uno del 41 Batallón, un capitán, un teniente y 10 soldados, más un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

Por parte del estado de Guerrero se encuentra en prisión el exsecretario de Seguridad Pública local, Leonardo Octavio Vázquez Pérez; el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, la expresidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Iguala, así como 49 policías municipales (dos de Cocula, nueve de Huitzuco y 38 de Iguala); más cuatro federales y tres federales ministeriales, así como siete estatales.

Durante este proceso de judialización, otras 77 personas involucradas, de 169 consignadas, han sido exoneradas por jueces.

El presidente ha reiterado en diferentes ocasiones la solicitud de extradición por tortura y otros delitos de Tomás Zerón de Lucio, quien huyó a Israel para evadir la acción de la justicia.

Con estas acciones el compromiso del presidente López Obrador por combatir la impunidad se convierte en hechos. La judicialización y procesos abiertos al escrutinio público representan una nueva etapa en la justicia social de México.