El diputado Gerardo Fernández, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PT, alertó que con el actual marco constitucional la Comisión Federal de Electricidad (CFE), considerada la segunda empresa nacional más poderosa y una de las 500 más importante en el mundo, para el 2030 desaparecerá; “hoy el 62 por ciento del mercado nacional está en manos de los privados”.

Durante la inauguración del Parlamento Abierto para la reforma eléctrica, el legislador federal reiteró el apoyo de su grupo parlamentario para aprobar la iniciativa impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque ésta le regresará la soberanía energética a la nación.

A través de un comunicado recalcó que contrario a los dichos de la oposición, la CFE no es ineficiente en su operación, pero se le obliga a comprarle primero a las empresas privadas. “Actualmente CFE tiene paralizado el 38 por ciento de su planta productiva, por ejemplo, en materia hidroeléctrica, para comprarle primero a los privados, con la mentira de que ellos generan energía limpia, cuando sólo el 7 por ciento, del 62 por ciento que abastecen, lo producen con eólica y fotovoltaica”.

El congresista por la Ciudad de México recordó que la reforma neoliberal del 2013 le causa un daño al patrimonio nacional mayor a los 400 mil millones de pesos (mmdp) al año. “Esa es la cifra de la que se benefician las empresas extranjeras, no de sus legítimas ganancias, sino por los nocivos esquemas que se han impuesto”.

En ese sentido, Fernández Noroña comparó este desfalco con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), que en su momento fue por 532 mmdp. “Hemos pagado un billón de pesos y dicen que les debemos todavía 800 mmdp. Esto es casi un Fobaproa cada año”.

Agregó que con ese dinero se podría dar a 400 mil mexicanas y mexicanos una vivienda de un millón de pesos al año, que es una necesidad tan grande en el país o para invertir en hospitales, escuelas, caminos o apoyo al campo.

Finalmente, hizo un llamado a la oposición a dejar la hipocresía a un lado y a recordar que son representantes de la nación. “Es al pueblo al que deben servir y responder y no a las empresas extranjeras”, concluyó.

Foto: Cámara de Diputados

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que es fundamental cambiar el modelo de la reforma energética de 2013, para permitir que el Estado mexicano recupere su soberanía energética, tal como lo plantea la iniciativa del Ejecutivo Federal.

En declaraciones a la prensa, al término de la inauguración de los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, la mandataria estatal comentó que también se requiere terminar con las “ilegalidades” que están vinculadas con la reforma de 2013.

“(La iniciativa) se tiene que discutir, pero su esencia es el futuro de México y la soberanía energética, desde mi perspectiva. Creo que es un elemento central en la reforma que plantea el Presidente de la República”, externó.

Finalmente, Sheinbaum Pardo expresó su confianza en que los legisladores alcanzarán los consensos para aprobar la reforma constitucional en materia eléctrica.

Foto: Cámara de Diputados

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, aseveró que la iniciativa de reforma energética en materia eléctrica del Ejecutivo federal, es “muy acertada”, por lo que llamó a las y los legisladores a aprobarla en sus términos.

En declaraciones a la prensa, al término de la inauguración de los foros del Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, el mandatario estatal expresó su beneplácito por la apertura de dicho espacio, ya que con ello “habrá una mejor comprensión” de la propuesta.

Apuntó que la iniciativa “busca que el Estado mexicano recupere la rectoría en materia de electricidad y que se traduzca en un mayor bienestar y en mejores precios para el acceso a los recursos energéticos”.

“Contempla igualmente que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea la administradora de los recientes yacimientos de litio que se han descubierto en el país, particularmente en el estado de Sonora”, abundó.

Foto: Cámara de Diputados

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, solicitó el lunes a la Fiscalía General de México investigar la denuncia sobre su supuesto vínculo con el narcotráfico que surgió tras la difusión de una fotografía tomada hace tres años en la que aparece junto a tres hombres señalados como jefes de bandas locales de tráfico de drogas.

Blanco, una exestrella de la selección mexicana de fútbol que ganó la gubernatura de Morelos en 2018, también acusó a su antecesor de pactar con una organización criminal. Acudió a la sede capitalina de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada para pedir la investigación alegando que las fiscalías de su estado no han actuado y “entorpecen los procesos”.

El abogado del gobernador, Alfonso Pérez, indicó que buscan que las autoridades federales investiguen el caso porque la Fiscalía de Morelos no tiene competencia para abrir una carpeta de investigación como lo solicitó el Congreso del estado.

En declaraciones a la prensa, Blanco señaló a su antecesor, Graco Ramírez, y al exsecretario de Seguridad de la entidad, Alberto Capella, de haber realizado negociaciones con integrantes de la organización delictiva “Los Rojos” que dirige Santiago Mazari, alias el “Carrete”. “De exgobernadores hay audios y grabaciones de Graco y Capella (de que) pactaron. Yo no me voy a quedar con los brazos cruzados porque mi personalidad no me lo permite”, agregó.

“Por mi parte, no tengo miedo a ninguna denuncia porque no escondo nada, yo no pacto con delincuentes. Vengo a buscar la manera de acabar con la corrupción que persiste en algunas instituciones que trabajan para beneficio personal, sin importarles la ciudadanía”, expresó Blanco tras afirmar que él y su familia han recibido amenazas a través de mantas.

Al rechazar los señalamientos, Capella dijo en su cuenta de Twitter que el gobernador “miente una vez más tratando desesperadamente de cambiar la narrativa de lo que es más evidente y que se denunciado en las últimas semanas”, y sostuvo que durante su gestión se combatió el grupo delictivo de Mazari.

El exsecretario de seguridad afirmó que Morelos vive una “tragedia” por la “ausencia de gobierno y del desdén, frivolidad, y corrupción de quien gobierna”.

Una fotografía de octubre del 2018, difundida a inicios de mes por el diario local El Sol de México, muestra a Blanco sonriendo y abrazando a otros tres hombres, uno de los cuales está bajo arresto y otro fue asesinado en prisión.

El tercer hombre supuestamente está vivo y lidera la banda llamada “Comando Tlahuica”, que pudo haber estado involucrado en el asesinato de un activista comunitario en 2019. El Sol de México informó que la fotografía fue encontrada en el teléfono de otro sospechoso de delitos relacionados con drogas.

Cuando los reporteros lo interrogaron sobre cuándo y dónde se tomó la fotografía, el gobernador respondió: “No sé, te lo juro, no sé. Ni me acuerdo”.

“Me tomo muchísimas fotos y no les voy a preguntar: ‘Oye, ¿tú quién eres y a qué te dedicas?’”, señaló. “Me voy a seguir tomando fotos”, afirmó Blanco. “A lo mejor saldrán más”, concluyó.

Anteriormente, Blanco fungió como alcalde de la capital del estado, Cuernavaca. Durante su carrera como futbolista profesional era conocido por su estilo combativo y agresivo.

Morelos, famoso por su clima cálido, fue alguna vez el destino predilecto de vacaciones de los residentes de la Ciudad de México, pero en las últimas dos décadas se ha visto azotado por secuestros, extorsiones y asesinatos vinculados con las bandas de narcotraficantes.

Blanco ha sido criticado por designar a excompañeros de fútbol para cargos estatales.

Con información de AP
Foto: Es Imagen / Obturador MX

Los ex gobernadores de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, y de Campeche, Carlos Miguel Aysa González, fueron autoridades emanadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que su militancia está sujeta a los estatutos de este instituto político, advirtió Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del tricolor.

Puntualizó que de aceptar la propuesta del Gobierno de Morena, estarían incumpliendo los estatutos, “provocando sanciones internas, incluida la expulsión”.

A través de sus redes sociales, el dirigente nacional del Revolucionario Institucional argumentó que las oportunidades que da el PRI deben corresponderse con buen trabajo y resultados, pero también con lealtad a México y a los mexicanos.

Por lo anterior, agregó Alejandro Moreno, “que no quede duda, estaremos atentos a la decisión que tomen, y actuaremos en consecuencia”.

La iniciativa de reforma eléctrica planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca recuperar nuestra soberanía energética y que los mexicanos paguemos menos por el servicio; se realizará con la participación de todos los sectores del país, afirmó el diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana.

El legislador federal por Tabasco subrayó que el trabajo al interior del Congreso de la Unión se realizará a través de un Parlamento Abierto, que invoca una forma de interacción entre la ciudadanía y el poder legislativo, “a fin de garantizar la participación y aportes de la ciudadanía en forma transparente”.

“La intención es involucrar y fomentar la participación ciudadana, así como garantizar la ética y la probidad en el ejercicio parlamentario; con esta medida, dejamos atrás las negociaciones que en otros gobiernos se daban en lo oscurito”, explicó.

El diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) explicó que se realizarán foros de discusión y debate en tres modalidades: mesa de trabajo en comisiones; debate a través del Canal del Congreso y con un diálogo coordinado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro.

“La intención es que participen académicos, especialistas, empresarios, políticos, representantes indígenas, representantes de colectivos que defienden los derechos humanos o el medio ambiente, es decir, toda la sociedad”, expresó.

Entre los temas que están por desahogar, están el sistema eléctrico creado por la reforma de 2013; el papel del Estado en la construcción del sistema eléctrico nacional; objetivos planteados y resultados de la reforma de 2013; medio ambiente y transición energética, así como la importancia y trascendencia de la iniciativa del presidente López Obrador.

“La idea, además, indicó el legislador Medina Filigrana, es que el Estado está obligado a garantizar el abasto de energía eléctrica a todas las personas, al considerarla como un derecho humano, por ejemplo, al tener que depender de este insumo en hospitales, comedores comunitarios o simplemente para la educación a distancia en esta época de pandemia”, dijo.

El también Delegado político de Morena en Puebla, advirtió que la iniciativa presidencial busca devolver el papel rector en la generación de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y reducir, así, la participación de la iniciativa privada que por muchos años se ha beneficiado de manera unilateral.

«Estamos en la víspera de analizar, exponer y discutir uno de los temas más importantes para el pueblo de México, porque la mayoría de la población usa esta energía para mantener sus actividades cotidianas», dijo.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, consideró como un hecho histórico la realización de los foros de Parlamento Abierto para analizar y debatir la propuesta de reforma eléctrica, que es de la mayor trascendencia para el desarrollo del país.

En la ceremonia de apertura del Parlamento Abierto, que se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 15 de febrero, Gutiérrez Luna reconoció a los diversos grupos parlamentarios representados en la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que encabeza el diputado Rubén Moreira Valdez, “quien en un ejercicio de política” logró construir un acuerdo que permitirá analizar de forma plural ideas, observaciones y argumentos para conformar una reforma en materia eléctrica.

Gutiérrez Luna respaldó el concepto de generosidad expresado por Moreira Valdez, en el sentido de que “si tenemos generosidad, buena fe, transparencia y pensamos en el futuro de nuestros hijos llegaremos a una reforma exitosa”.

Comentó que este ejercicio hace patente el compromiso que la Cámara de Diputados tiene con el pueblo de “ventilar, orear, desmenuzar y analizar un tema de la mayor relevancia para las futuras generaciones”.

El diputado presidente subrayó que cada uno de los foros serán transmitidos en las redes sociales de la Cámara de Diputados y el Canal del Congreso, por lo que hizo un llamado a la ciudadanía se involucre y siga el desarrollo de los debates y propuestas acerca de un tema de la mayor relevancia para el desarrollo energético nacional.

Pidió a diputados y mandatarios estatales invitar a la población a que esté al pendiente de los foros, con el fin de que se formen su opinión y sepan de primera mano cuál es el propósito de la reforma. “Cuando se escucha a todas las voces, se llega a mejores resultados”.

Los temas que se tratarán en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con diferentes modalidades, dijo, son fundamentales para comprender los alcances de la reforma eléctrica, propuesta por el titular del Poder Ejecutivo.

El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, afirmó que las y los participantes de los foros de Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica del Ejecutivo federal, están invitados a dialogar con los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

“Están invitando a la modalidad de diálogo con los coordinadores de la Jucopo a los dirigentes empresariales del país, a dueños y altos directivos de empresas privadas de generación eléctrica para que expongan todo lo que tienen que decir, para escucharlos, y también especialista y académicos”, dijo en declaraciones a la prensa.

El diputado de Morena expresó su expectativa de que resultarán “cosas buenas” de los foros. “Va a hablar la gente, la sociedad civil mexicana, estamos escuchando y vamos a preguntar y repreguntar”.

Destacó que al término del parlamento abierto “viene la discusión entre nosotros (diputados y diputadas), que será álgida, fuerte, que será en el tono que se da la discusión en los parlamentos hoy en día en el mundo, y espero que lleguemos a conclusiones que permitan articular un dictamen positivo para que vaya al Pleno a su discusión final y votación”.

Foto: Cámara de Diputados

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que el presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha resuelto proponer a consideración del Senado de la República la designación de nuevos titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles todos con trayectorias relevantes en el servicio público. En el caso de los nombramientos a embajadas, la cancillería informa que ya se han presentado las solicitudes para beneplácito a los países de adscripción.

Las designaciones son las siguientes:

Amparo Anguiano, actualmente directora general para África, Asia Central y Medio Oriente de la SRE, a la embajada de México en Rumania.
Carlos Miguel Aysa, exgobernador de Campeche, a la embajada de México en la República Dominicana.
Laura Beatriz Esquivel, multipremiada escritora y exdiputada federal, a la embajada de México en Brasil.
Bruno Figueroa, actual embajador en la República de Corea, a la embajada de México en Portugal.
Leopoldo de Gyves, dirigente político y social de amplia trayectoria, como embajador de México en la República Bolivariana de Venezuela.
Marcos Moreno Báez, actualmente comisionado de la SRE en la Secretaría de Gobernación, al Consulado General de México en Nogales.
Claudia Pavlovich Arellano, exgobernadora de Sonora, quien fungirá como titular del consulado de México en Barcelona.
Norma Pensado, actual embajadora de México en la Federación de Rusia, a la embajada de México en Dinamarca.
Carlos Peñafiel, actual embajador de México en la República Dominicana, a la embajada de México en Corea.
María Victoria Romero, actual coordinadora para G20, MIKTA y Temas Políticos con Países de Europa de la SRE, a la embajada de México en Azerbaiyán.
Pedro Agustín Salmerón, doctor en Historia por la UNAM y experto en Historia de México, a la embajada de México en Panamá.
Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la Jefatura de Gobierno en la Ciudad de México, quien fungirá como titular en la Oficina de Enlace de México en Estrasburgo.
Eduardo Villegas Megías, actual coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, a la embajada de México en la Federación de Rusia.
Guillermo Zamora, escritor y periodista de larga trayectoria, a la embajada de México en Nicaragua.
Carolina Zaragoza Flores, quien fungió recientemente como directora general de Servicios Consulares, a la embajada de México en Irlanda.

Adicionalmente, la SRE anuncia que en reconocimiento a su trayectoria y desempeño, se otorgará el ascenso al rango de embajador a las siguientes personas que –teniendo nivel de ministro en el escalafón– ocupan la titularidad de diversas RME: Alicia Kerber Palma, en el consulado general en Houston; Norma Ang Sánchez, en el consulado en Albuquerque; Aníbal Gómez Toledo, en la embajada en Arabia Saudita; Guillermo Puente Ordorica, en la embajada en Irán; Enrique Escorza Zamudio, en la embajada de México en Ghana, y Pedro Blanco Pérez, titular de la Oficina de Representación de México en Palestina. Estos servidores públicos permanecerán en la RME donde actualmente se encuentran designados.

Del mismo modo, la SRE se complace en anunciar la próxima designación de Alicia Bárcena Ibarra como directora general del Instituto Matías Romero, una vez que concluya su encargo como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Se informa que el actual titular del IMR, Alejandro Alday González, de quien se reconoce su destacado desempeño, ha sido propuesto para un nuevo encargo dentro del Servicio Exterior Mexicano, el cual será dado a conocer con oportunidad.

La Cancillería también anuncia que convocará a un concurso especial para diez designaciones como titular en embajadas y consulados generales de México, para lo cual se abrirán diez nuevas plazas. Las bases y plazos del referido concurso serán dados a conocer en fecha próxima.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que se recuperó del coronavirus tras confirmar la semana pasada que se había contagiado por segunda vez en menos de un año.

“Ya salimos del contagio. Nos fue bien”, afirmó López Obrador al aparecer nuevamente sin cubrebocas en su habitual conferencia matutina de la que se ausentó por una semana luego de anunciar que se había vuelto a enfermar de covid-19.

“Es demostrable que esta variante no tiene la misma gravedad de la anterior, de la variante Delta. En síntomas y también el tiempo de recuperación”, dijo el mandatario sin precisar la variante que contrajo, y agregó que presentó síntomas leves.

López Obrador, quien se ha resistido siempre a usar cubrebocas, se contagió por primera vez de coronavirus en enero del año pasado y superó sin complicaciones la enfermedad. En diciembre, el gobernante, de 68 años, se aplicó la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca junto a algunos miembros de su equipo de gobierno.

El médico Andreu Comas, profesor de la Facultad de Medicina del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, consideró como “rápida” la reaparición del gobernante luego de haberse reportado como contagiado el 10 de enero, y precisó que en la mayoría de los casos el período de contagio se extiende hasta diez días.

En declaraciones a The Associated Press, Comas indicó que algunos de los pacientes que se han contagiado con la variante ómicron y delta han presentado con el tiempo secuelas, y agregó que “sería bueno saber si el presidente ya pasó por una valoración médica para que no vaya a tener alguna secuela”.

López Obrador admitió que los contagios están creciendo mucho en México pero no así las hospitalizaciones ni los fallecimientos, y atribuyó eso resultados a las vacunaciones.

Hasta mediados de mes 88% de la población adulta (unas 82,8 millones de personas) había recibido al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, según registros oficiales.

Durante la semana pasada en México se registraron incrementos significativos en los contagios que superaron los 44.000 casos diarios, pero las autoridades no han extremado las restricciones en la mayor parte de los 32 estados del país.

Sobre la evolución de las diferentes variantes en México, Comas refirió a la AP que de acuerdo con los informes de enero de las autoridades sanitarias “dos de cada tres muestras” evaluadas corresponden a ómicron, y agregó que ya en algunos estados esa es la variante dominante.

México acumula hasta la fecha 4,36 millones de contagios por coronavirus y más de 300.000 defunciones, pero se realizan tan pocas pruebas en el país de 126 millones que una revisión del gobierno de los certificados de defunción sitúa el número real en casi 460.000.

Con información de AP

Foto: Presidencia de México

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, señaló que los comentarios transfóbicos emitidos por el diputado panista, Gabriel Quadri, demuestran la naturaleza del pensamiento conservador, por eso, informó que pedirá a la bancada morenista en la Cámara de Diputados buscar el desafuero del legislador.

“Se debe desaforar a Gabriel Quadri por su discurso de odio y discriminación, en este México no podemos tolerar que una persona asi de impresentable sea un representante popular. Las declaraciones transfobicas del diputado evidencian el pensamiento del PRIAN, el odio y rechazo a lo que ellos no entienden, a lo que ellos tachan de diferente, a lo que impugna el status quo”, destacó Delgado.

En este sentido, el líder morenista sostuvo que Morena siempre ha abogado por el respeto a la libertad y a la igualdad de todos los mexicanos, sin importar su clase, preferencia sexual, color de piel o género.

“La cumbre del pensamiento ultra conservador, cuando roza el totalitarismo, es cuando se une el marco homo-patriarcal con el neoliberalismo. Es el sello de Pinochet, de VOX y del PRIAN. Este modelo está siendo impugnado por Morena y por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de sus políticas públicas”, puntualizó.

Por último, Mario Delgado aseguró que en la Cuarta Transformación no hay cabida para la discriminación ni los discursos de odio, por tal motivo, Morena seguirá luchando para que se respeten los derechos de todas y todos los mexicanos.

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, afirmó que la economía moral de la que tanto presume el gobierno de López Obrador, generó cuatro millones de nuevos pobres, anuló el aumento a los salarios mínimos y desató el encarecimiento de los productos y servicios básicos.

En la primera conferencia de prensa conjunta del año con los coordinadores en el Senado, Julen Rementería y en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, destacó que la voracidad del gobierno morenista está causando carestía al presionar más a consumidores y contribuyentes cautivos, a través de los impuestos especiales a las gasolinas.

“Con estos impuestos especiales, el gobierno literalmente les quita a los mexicanos el pan de la boca para malgastar este recurso en obras faraónicas y sin sentido como es Santa Lucía, Dos Bocas y el Tren Maya, todo, para alimentar el ego presidencial”, detalló.

Cortés Mendoza también aseguró que el gobierno morenista está actuando con maldad y dolo al tergiversar la revocación de mandato en ratificación de mandato y al incumplir su promesa de bajar los precios de las gasolinas, los cuales se han convertido en los principales detonadores de la inflación.

Explicó que solo por impuestos especiales, el gobierno se embolsa 5 pesos por cada litro de gasolina y 6 pesos por cada litro de Diesel. “Ofrecieron la gasolina a 10 pesos, pero el litro Magna ya está en 25”.

En este sentido, abundó, el presidente “miente descaradamente cuando dice que las gasolinas no subirán más que la inflación, pues el año pasado la inflación fue alta y ésta fue del 7.3 por ciento, pero la gasolina Premium subió un 20 por ciento y la gasolina Magna subió un 13 por ciento”.

El gobierno morenista, sostuvo, quita con una mano lo que da con la otra; las dádivas clientelares no alcanzan para compensar el aumento en el precio de los alimentos, de hecho, en términos reales, el gobierno morenista le quita más a la gente de lo que le da.

El presidente nacional del PAN dijo que el 2021 cerró con cuatro de cada 10 trabajadores condenados al hambre y a la miseria, “a cada cuatro de 10 trabajadores no les alcanza para la tortilla, para la pasta para la sopa, para el pan blanco dulce, para el arroz de grano, para el cereal para el bistec, para el jamón, para el pescado, para los huevos, para la papa, para la cebolla, chile, frijol, azúcar, jitomate, no le alcanza a la gente”.

Lo mismo pasa con la energía eléctrica, pues en tres años del gobierno de López Obrador la luz ha aumentado casi cuatro veces de lo que se incrementó en todo el sexenio anterior, pero lo peor pudiera estar por venir con la contrarreforma eléctrica anunciada por el gobierno que ahuyenta las inversiones, paraliza la operación y propicia la fuga de capitales. Esto se refleja en mayores precios de la luz para todos, en la escasez del suministro y en el incremento del riesgo de tener más apagones como los que se han vivido en este gobierno.

“Sólo el año pasado por pérdida de confianza, los inversionistas en deuda del gobierno sacaron del país más de 250 mil millones de pesos, la fuga de capitales más alta de los últimos 30 años, y para el gobierno no pasa nada”, destacó.

Cortés Mendoza aseguró que, en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, el PAN presentará una iniciativa porque “queremos que la gente pague menos en su recibo por la energía eléctrica, y la forma de lograrlo es generando competencia en base a la eficacia para la generación más barata de la energía”.

El monopolio y la falta de competencia, agregó, provocan todo lo contrario: tarifas altas, carestía y energías contaminantes. “En Acción Nacional queremos energías limpias, porque son más y no dañan la salud, como la contaminación provocada por el uso de carbón y combustóleo para producir electricidad”.

En Acción Nacional, dijo, queremos paneles solares en la casa de cada familia mexicana porque así el precio de la luz bajará de manera drástica, aprovechando la fuerza y la energía del sol, que es gratis. Queremos un Estado de Derecho donde las inversiones privadas no estén sujetas al capricho del presidente, queremos un país de instituciones, de equilibrios y de contrapesos democráticos.

Cortés Mendoza reiteró el respaldo del PAN al Instituto Nacional Electoral (INE) y rechazó los intentos del gobierno morenista de desestabilizar al organismo electoral.

Por su parte, el diputado Jorge Romero, aseguró que el Grupo Parlamentario del PAN pondrá énfasis en cuidar la economía de las familias mexicanas, porque la economía familiar está antes que la revocación de mandato.

A su vez, el senador Julen Rementería, señaló que la política económica del gobierno es un desastre, porque, además de no promover la inversión, ha hecho que se encarezcan los productos y servicios básicos.

El 2021 debe considerarse como un año de crisis y retroceso en materia migratoria, pues ante la falta de una estrategia clara para atender dicho fenómeno, México se convirtió en el país más peligroso para el tránsito de personas migrantes, aseguró la senadora del PAN, Gina Andrea Cruz Blackledge.

Por tal motivo, la legisladora plantea que comparezcan los titulares de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación, y del Instituto Nacional de Migración, para que informen a detalle acerca de la situación que vive el país en esta materia.

La finalidad del punto de acuerdo publicado en la Gaceta de la Comisión Permanente, es conocer a detalle sobre “la grave crisis migratoria” que hay en México, así como para que las autoridades informen sobre la política que lleva a cabo el Estado y cómo los recortes presupuestales de la “austeridad republicana” afectan el desempeño de sus labores.

Cruz Blackledge expresó que, desafortunadamente, se presentan tragedias, como la que se dio en Chiapas el pasado mes de diciembre, en la cual 56 migrantes perdieron la vida, lo que pone en evidencia “la fragilidad institucional y el fracaso de la política migratoria”.

Además, mencionó que, ante el creciente tráfico de personas desde Centroamérica, el despliegue de la Guardia Nacional generó consecuencias adversas en la materia, pues esta institución carece de protocolos para la atención, asilo y refugio de personas migrantes.

“La Guardia debería estar al servicio de la seguridad interior y no para actuar como muros y barreras”, manifestó.

La senadora refirió que, de acuerdo con el Tercer Informe de Gobierno, las solicitudes de refugio del 1 de septiembre de 2020 al 30 de junio de 2021, sumaron un total de 68 mil 706, siendo el estado de Chiapas el primer lugar, lo que refleja el número creciente de personas que siguen llegando al país.

Aunado a ello, señaló que la pandemia ocasionada por la Covid-19 agravó la situación de las y los migrantes que se ubican en las fronteras, generando una crisis humanitaria de graves consecuencias que debe ser atendida, ya que los albergues que recibían recursos públicos, desde el inicio de esta administración, dejaron de recibirlos.

Por tal motivo, puntualizó, es fundamental que las personas encargadas de la política migratoria nacional y del Instituto Nacional de Migración, comparezcan ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que ha instruido comprar los fármacos paxlovid y molnupiravir para curar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2.

“Ya se está adquiriendo, ya di la instrucción de que se compraran los medicamentos y seguramente ya deben tener un avance en la adquisición; es posible que mañana nos digan cuándo están los medicamentos, cómo se van a distribuir, cómo usarse y lo otro, que también nos digan si conviene o no para que no haya abusos”, explicó.

En conferencia de prensa matutina afirmó que la prioridad es entregarlo de manera gratuita a la población en hospitales del sector público y no se descarta que privados puedan comercializarlo en farmacias.

“Ya ven lo que hicieron algunos con las pruebas, que ya las estaban vendiendo. Eso no. La salud es un derecho, no es un privilegio. Es de los cambios que tenemos que convertir en realidad”, enfatizó.

El jefe del Ejecutivo detalló que los medicamentos se suministran cada 12 horas por cinco días para curar la covid-19. A los seis días de cursar con la enfermedad, los resultados de las pruebas son negativos.

“Se está recomendando que esto se aplique cuando hay molestias, síntomas graves, sobre todo para gente mayor que tiene ya otras enfermedades. Si no, mejor con lo que se está tratando, ya lo que expliqué; yo opté por lo segundo (paracetamol) y salí bien”, acotó.

El titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch, ampliará la información respecto a los dos tratamientos el martes en El Pulso de la Salud, indicó el mandatario.

Reiteró el llamado a vacunarse para prevenir enfermar gravemente de covid-19; “no les afecta, no tiene daño secundario el vacunarnos y sí protege. Gracias a la vacuna es que estamos saliendo adelante”, aseveró.

El Plan Nacional de Vacunación continuará para aplicar primeras dosis en las comunidades apartadas donde la población todavía no cuenta con la protección, y refuerzos a personas adultas mayores, de 40 años en adelante y personal de salud y educativo.

Tras recuperarse del contagio de COVID-19, el presidente indicó que posiblemente reanude las giras de trabajo este mismo fin de semana.

Podría visitar Sinaloa y Nayarit para supervisar sistemas de riego o Hidalgo con el objetivo de inaugurar sucursales del Banco del Bienestar. En los siguientes días se definirá cuál será la primera entidad federativa de 2022 que visitará el mandatario.

El senador Casimiro Méndez Ortiz, hizo un llamado a los titulares de las dependencias de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para que refuercen, modernicen y vigilen los caminos, puentes y autotransportes de jurisdicción federal y en especial de Michoacán, para disminuir muertes y accidentes.

El legislador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que, de enero a noviembre de 2021, se registraron 277 muertes y se atendieron a mas de 2 mil 290 lesionados, por lo que, los fallecimientos en las carreteras estatales se han convertido en la quinta causa de muerte en Michoacán.

Méndez Ortiz resaltó que muchos de estos accidentes, que se suscitan en la entidad, se deben directamente al daño y deterioro en los caminos y carreteras, tales como baches, grietas, fisuras entre otras limitaciones.

Actualmente, dijo, el 70 por ciento de las vías de comunicación del estado, se encuentran dañados y requieren reparación.

La red de carreteras de Michoacán es un entramado complejo de caminos que interconecta a todo el estado, por lo que la adecuada atención e implementación en medidas preventivas, de vigilancia, de conservación y modernización de las carreteras, fortalecerá, de manera natural el equilibrio y desarrollo regional, y disminuirá los incidentes viales, afirmó el morenista.

En el punto de acuerdo, que se turnó directamente a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador Casimiro Méndez alertó que, en el 2020, en Michoacán se registraron 521 coaliciones, con un saldo de 139 muertos.

Además, agregó que el tramo Morelia-Lázaro Cárdenas, es uno de los más vulnerables no sólo de accidentes carreteros sino de robo de transporte de carga.

Casimiro Méndez evidenció que los costos y cantidad de peajes que se imponen a los usuarios no corresponden con la calidad del estado de las carreteras, los servicios auxiliares y de emergencia en caso de siniestro.

De igual modo, denunció, no existe claridad en la distribución de atribuciones entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana en lo que atañe a la vigilancia, resguardo y conservación de las vías Federales y Estatales.

Foto:Senado

En atención al incremento de contagios de la variante ómicron de Covid-19, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, informó que serán reforzadas las medidas preventivas dentro de las instalaciones del órgano legislativo para prevenir el riesgo de más contagios.

Mediante una circular, la senadora indicó que quedará restringida y sujeta a valoración de los órganos de gobierno, la realización de reuniones al interior del recinto, salvo aquellas que sean estrictamente de carácter legislativo.

En atención a los acuerdos aprobados, las áreas deberán adoptar las medidas pertinentes para privilegiar el trabajo a distancia del personal y prestadores de servicios profesionales, indicó.

Se mantendrá el control de ingresos y salidas de personal de visitantes mediante medidas de seguridad como la toma de temperatura corporal a distancia y entrega de gel para higienizar manos, detalló. En caso de presentar sintomatología de vías respiratorias, se solicitará a las personas pasar al Servicio Médico para ser valorados.

Además, continuarán con la toma de pruebas rápidas de antígeno SARS-Cov-2 programadas para el personal que labora en la institución, así como a personas invitadas a eventos, siguiendo el protocolo médico en caso de ser positivo el resultado.

Se informará al personal, a través de lineamientos de seguridad sanitaria, para prevenir y controlar la propagación de Covid-19 mediante trípticos, carteles e infografías sobre el correcto lavado de manos y el uso adecuado de la solución a base de alcohol.

También, se instalaron esferas dispensadoras de solución a base de alcohol; se colocaron señalizaciones que indican el flujo de circulación para mantener la sana distancia; se mantienen las acciones de desinfección de superficies de trabajo; y se pusieron filtros UV en los sistemas de aire acondicionado.

Asimismo, se colocaron barreras físicas de acrílico en oficinas, áreas comunes y salas de juntas; el personal de salud utiliza equipo de protección personal para minimizar los riesgos de infección; y se mantiene información actualizada y disponible para la comunidad del Senado a través de publicaciones en la página electrónica.

Foto: Senado

El diputado Luis Arturo González Cruz aseveró que el transporte es el principal emisor de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles, lo cual provoca daños irreversibles en el medio ambiente y, por ende, en la salud de las personas.

Por ello, resaltó en un comunicado la importancia de reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público para establecer en las dependencias públicas el uso, adquisición o arrendamiento de vehículos automotores de cero o bajas emisiones.

Expuso que de acuerdo con datos del Instituto de Métricas en Salud y Evaluación (IHME) se estima que tan solo en nuestro país anualmente pierden la vida más de 37 mil personas por afecciones cardiacas y respiratorias ocasionadas por la mala calidad del aire, lo cual en gran medida se debe a las emisiones que generan los vehículos impulsados por motores de combustión.

Es de resaltar que usar automóviles híbridos y eléctricos representa una excelente alternativa para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, al mismo tiempo que puede potenciar la sustitución del parque vehicular más antiguo y altamente contaminante por vehículos más eficientes.

“Los gobiernos se posicionan como uno de los consumidores más importantes en la compra de vehículos; en este sentido, la instrumentación de la presente propuesta representaría una gran contribución para reducir significativamente la huella de carbono”, señaló el legislador.

Dijo que el uso de los vehículos eléctricos supone un considerable ahorro para el bolsillo de sus propietarios, es mucho más barato recargar un coche eléctrico que llenar el tanque de gasolina, por tanto, el gasto inicial que supone la compra de un coche eléctrico se cubre en el largo plazo gracias al ahorro en combustible.

Resaltó la importancia de tomar el ejemplo de países como España, que autorizó el aumento de los límites de gasto para poder llevar a cabo la renovación de la flota de vehículos de la Administración General del Estado o Estados Unidos donde el gobierno se ha comprometido a reemplazar la flota gubernamental de alrededor de 600 mil vehículos por modelos eléctricos.

“Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país no debe quedar fuera de esta tendencia, la protección de nuestro medio ambiente así como la salud de las personas, debe ser una prioridad en la agenda de nuestro gobierno”, finalizó González Cruz.

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La diputada federal Lilia Aguilar Gil (PT) señaló que la controversia generada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del titular del Ejecutivo y la Cámara de Diputados no tendrá ningún resultado positivo, por lo que debe aceptar la austeridad como una de las nuevas reglas de este cambio de sistema.

La legisladora consideró que los consejeros del órgano electoral de nuestro país deben hacer lo que les mandata la Constitución: bajarse el sueldo, dejar de tener gastos excesivos, responder a todos los mexicanos y no solamente a sus intereses personales y los de unos cuantos y organizar la revocación de mandato.

“Este conflicto es innecesario y simplemente deja en evidencia la falta de vigencia y modernidad del INE. Demuestran que su estructura ya no cumple con los requisitos democráticos del país, toda vez que carece de disponibilidad para hacer el trabajo que le corresponde”, sostuvo en un comunicado la parlamentaria por el estado de Chihuahua.

Afirmó que la petición que el INE hizo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aumentar su presupuesto en mil 700 millones de pesos, no es poca cosa y les recordó que la nueva forma de ejercer la función pública en la Cuarta Transformación está basada en la moderación en el uso de los recursos y los gastos suntuosos se deben acabar.

Finalmente, lamentó que el órgano electoral de México no sea lo que llegó a ser: un instituto respetado y que tenía como objetivo la transición de la democracia y que, actualmente, se haya convertido en una institución donde se guardan las frivolidades de un grupo.

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La reducción al presupuesto por 4 mil 913 millones de pesos en su presupuesto, las demandas penales contra consejeros electorales, las controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral y ahora la injerencia del Gobierno Federal para presentar un “plan de austeridad”, viola la autonomía del Instituto Nacional Electoral y busca debilitarlo, afirmó el diputado Héctor Saúl Téllez (PAN).

A través de un comunicado, el secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, recordó que Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobaron un recorte de 4 mil 913 millones de pesos, lo que impactó negativamente en la organización de la consulta ciudadana de revocación de mandato; esto, sin debatir o analizar las reservas que el PAN presentó al respecto en su momento.

Dijo que cuando el Consejo General del INE determinó que con los recursos existentes no se puede realizar de manera correcta y eficaz dicha consulta, determinó suspender los trabajos de organización mientras el Tribunal Electoral emitía una resolución que presentó el propio Instituto para allegarse de más recursos.

En respuesta, agregó, el gobierno y legisladores de Morena iniciaron una estrategia de amago y amedrentamiento contra algunos de los consejeros electorales.

“Aun cuando existe una resolución del Tribunal Electoral que ordena a la Secretaría de Hacienda responder al INE sobre el presupuesto que requiere para organizar y ejecutar la consulta de revocación de mandato, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, anunció un plan de austeridad elaborado por el Gobierno Federal para el Instituto, con el propósito de ahorrar dos mil 972 millones de pesos para realizar el ejercicio ciudadano”, explicó.

Recordó que el artículo 41 fracción V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce al Instituto Nacional Electoral como organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene la función de organizar las elecciones federales, y en el ejercicio de esta función se rige bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por otro lado, abundó, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 29 establece respecto a la autonomía del INE, su relación del Instituto con el Poder Legislativo y los partidos políticos, así como su autonomía presupuestaria y de toma de decisiones para llevar a cabo su encomienda.

En consecuencia, Téllez Hernández afirmó que el Gobierno Federal violenta con su propuesta de plan de austeridad la autonomía del órgano electoral al sugerir “respetuosamente” medidas de recortes a su presupuesto o decisiones presupuestales que a todas luces le corresponden únicamente al INE.

“Desde el recorte presupuestal el INE solicitó mayores recursos para efectuar la revocación de mandato presidencial. La respuesta, una estrategia para amedrentar al Instituto a través de recursos legales y diversos medios para que se realice este instrumento de participación ciudadana; sin embargo, es importante señalar que dichas acciones y su ‘plan de austeridad’ son un chaleco de fuerza para el INE, que no está obligado a hacer lo imposible si no hay presupuesto”, destacó.

Agregó que el “plan de austeridad” se elaboró sin tener conocimiento de la operatividad del INE y vulnera derechos laborales ya adquiridos, los cuales no deberían de ser objeto de análisis y reducción.

Sostuvo que como lo mencionaron los consejeros del INE se propone reducir mil 336 plazas directivas; pero en el instituto sólo cuenta con 121 dentro de esas categorías. Lo más grave es que plantean tomar recursos del Fideicomiso creado para los pasivos laborales del INE, es decir, para beneficio de los trabajadores.

“Esto, de entrada, traería consigo el afectar derechos de terceros para llevar a cabo la revocación. Además, el Consejero Presidente señaló que la propuesta carece de tal seriedad que promete respetar al personal sindicalizado, cuando en el organismo autónomo no existe un sindicato”, explicó.

Dijo que al existir una resolución judicial del Tribunal Electoral, donde ordena a la SHCP responder a la brevedad al INE sobre el presupuesto que necesita para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador; lo que procede es el cumplimiento por parte de la Secretaría a este mandato judicial, al ser una sentencia firme.

A través del diálogo y la tolerancia se construyeron los consensos en el Senado de la República para expedir la Ley Federal de Revocación de Mandato, que busca fortalecer nuestra democracia mediante la participación política de las y los ciudadanos, asentó el senador Ricardo Monreal Ávila.

En un mensaje que publicó en redes sociales como parte de su informe de resultados, el coordinador parlamentario de Morena enfatizó que “los organismos autónomos no deben violar el principio de legalidad”.

Recordó que el 3 de septiembre de 2021, la Cámara de Senadores concretó, con 101 votos a favor y dos en contra, la legislación que regula este ejercicio de democracia directa.

“No permitamos que el INE ni que ningún órgano autónomo nos sustituya; no permitamos que usurpen funciones órganos autónomos que, por poderosos que sean, no tienen razón de violar el principio de legalidad”, expresó en ese entonces el líder de la mayoría legislativa en el Senado.

Monreal Ávila destacó que se realizó “un gran esfuerzo” para, por primera vez en la historia de nuestro país, establecer esta figura en el marco jurídico nacional e, incluso, Morena y senadores aliados retiraron la reserva al artículo 33 de la Ley, que planteaba que el Presidente podía opinar sobre el ejercicio.

En este sentido, reconoció la actitud de cada uno de las y los coordinadores de los Grupos Parlamentarios, pues el proyecto fue aprobado prácticamente por unanimidad.

De esta manera, el legislador recordó que, para construir consensos y los acuerdos en torno al nuevo ordenamiento, la mayoría legislativa en el Senado de la República retiró la reserva que presentaron ese día.

“Cuando se usa la política, la tolerancia y el diálogo, siempre se llega a buen término”, manifestó Ricardo Monreal.

La Ley tiene por objeto regular y garantizar el ejercicio del derecho político de las y los ciudadanos a solicitar, participar, “ser consultados” y votar por la revocación del mandato de la persona que resultó electa popularmente como titular de la Presidencia de la República, mediante sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Dispone que la pregunta que se realizará cuando se lleve a cabo este ejercicio será: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

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Por considerar que promueve la desigualdad entre hombres y mujeres, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso derogar el artículo 158 del Código Civil Federal, que establece que la mujer no puede contraer matrimonio sino hasta pasados 300 días después de un divorcio.

El artículo contraviene a la Constitución en lo que tiene que ver con la prohibición de la discriminación en razón de género y a gozar de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales, de los cuales México forma parte, afirmó.

Uno de esos tratados que México suscribió es la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), donde uno de los compromisos es adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyen discriminación contra la mujer, refirió.

Además, dijo, la actual determinación violenta el derecho a la igualdad, a la no discriminación, el respeto a la dignidad humana, así como al libre desarrollo de la personalidad de las mujeres mexicanas.

El Código Civil Federal fue creado de acuerdo a la forma de vida en 1928, con artículos que desde hace casi un siglo no se han actualizado a estos tiempos, en los que existe el reconocimiento de los derechos humanos y del principio pro persona, denunció el legislador.

Miguel Ángel Mancera señala que el hecho de que en dicha normatividad se establezca para la mujer el plazo de 300 días para poder volver a casarse, una vez haber obtenido el divorcio, es una medida notoriamente discriminatoria.

La iniciativa para derogar el artículo 158 del Código Civil Federal fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda.

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