Por mayoría de votos en el Pleno del Congreso del Estado, las y los diputados de la LX Legislatura aprobaron reformas al artículo 190 bis del Código Penal en cuya propuesta, enviada por el Ejecutivo del Estado, se establece que aumentarán las penas de prisión a los operadores de unidades del transporte público, taxis, servicios de arrastre y corralones que presten servicio sin concesión o permisos, las cuales van de ocho meses a seis años y multa de 100 a 500 veces de Unidad de Medida y Actualización.

Durante la discusión del dictamen, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia pronunció a nombre de la bancada que representa su postura en contra de la reforma al artículo 190 bis del Código Penal y evidenció algunos errores de redacción del dictamen, por lo que propuso que el dictamen regresara a Comisión para un nuevo análisis.

Por otra parte, por inconsistencias en la redacción del dictamen, la diputada Rocío García Olmedo, anunció su voto en contra, tras considerar que este no incluye las adecuaciones aprobadas en la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

En tanto, el diputado José Juan Espinosa Torres externó su desacuerdo a las reformas al Código Penal del Estado, ya que consideró, criminaliza a los trabajadores del transporte público, que buscan la oportunidad de un trabajo digno.

Asimismo, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez se pronunció en contra de reformas al artículo 190 bis del Código Penal, donde cuestionó algunos planteamientos en el aumento de la pena corporal en el transporte informal o pirata, por dar un ejemplo.

En tanto, el diputado Héctor Alonso Granados criticó que el dictamen de reforma del Código Penal está revuelto y solicitó una explicación al respecto. En tanto que la diputada Vianey García Romero hizo un llamado a trabajar y no hablar desde intereses particulares.

Por su parte, la diputada María del Carmen Cabera Camacho explicó que el dictamen de reforma al artículo 190 Bis del Código Penal, fue modificado conforme las propuestas que realizaron las y los diputados que integran la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, en la sesión anterior.

Mientras tanto, la diputada Tonantzin Fernández Díaz afirmó que la reforma al artículo 190 bis del Código Penal, busca regularizar el servicio de transporte y solicitó a la línea Periférico eficientar su servicio, al tiempo de documentar casos de delitos cometidos por operadores de transporte pirata.

El diputado Nibardo Hernández Sánchez propuso que se realicen mesas de trabajo con la Secretaría de Infraestructura y los sectores involucrados en esta propuesta, con la intención de que se analice la modificación al artículo 190 bis del Código Penal.

De la misma forma, la diputada Guadalupe Muciño Muñoz propuso un exhorto para encontrar los mecanismos que permitan apoyar a los mototaxistas que realmente lo necesitan, y evitar los cacicazgos en los operadores de este sistema de transporte que se presenta en diversos municipios de la entidad.

En otro punto del orden del día, las y los diputados avalaron la creación del Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad de la Salud”.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Nancy Jiménez Morales, consideró que, en lugar de crear la Universidad de Salud, se debería fortalecer a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es una institución ya reconocida en la enseñanza de las ciencias de la salud en la entidad.

A través de un punto diferente en la Sesión Ordinaria, la LX Legislatura del Congreso del Estado, aprobó por mayoría de votos, el dictamen con minuta de decreto por el que se suprime el Organismo Público Descentralizado “Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto”, cuyas funciones son atraídas por la Secretaría de Administración Estatal para evitar la duplicidad de servicios.

En este sentido, el diputado Oswaldo Jiménez Morales criticó que se suprima el Organismo Público Descentralizado denominado «Coordinación Estatal de Transparencia y Gobierno Abierto» así como que la Secretaría de Administración atraiga las funciones de este órgano.

Por su parte, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, externó estar de acuerdo en la desaparición del Organismo Público Descentralizado, no así que las funciones de transparencia sean asumidas por la Secretaría de Administración.

En otro momento de la sesión, fue aprobado el acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Trabajo del Estado de Puebla y a los 217 municipios, para que realicen las acciones necesarias para garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en los programas de fomento al empleo y en el diseño de políticas públicas en la materia, que permita incorporar a la actividad laboral a este sector de la población, en términos de lo establecido en la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla.

En este sentido, el diputado Uruviel González Vieyra, señaló que la inclusión laboral de las personas con discapacidad es un tema pendiente en la realidad, por ello deben darse no sólo continuidad a las acciones que hoy en día se llevan a cabo, sino ir implementando otras más que permitan que se logre una mayor inclusión.

Comentó que lo anterior, permitirá que las personas con discapacidad logren mayor independencia, lo que ayudará a su inclusión social, así como en su seguridad y ganas y oportunidades para superarse, permitiendo un cambio social, que incluya a todos.

Foto: Es Imagen / Daniel Casas