A una década del homicidio de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que este gobierno buscará se realice la correcta identificación de los cuerpos que fueron entregados a sus familiares y que solicitan su exhumación.

Durante su participación en una audiencia virtual en la que estuvieron autoridades federales y estatales, y organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, así como familiares de las víctimas, el subsecretario dio a conocer que buscará la intervención del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, a fin de solicitar su mediación para gestionar dicha acción con los gobiernos de Guatemala y Brasil.

«Toda vez que no ha sido una respuesta del todo satisfactoria, yo quisiera proponer que lo comentemos con el secretario de Relaciones Exteriores. Lo veré mañana a fin de concretar esta reunión y solicitarle su intervención con la cancillería guatemalteca», indicó.

Bajo este contexto, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración manifestó su interés por participar en la propuesta de crear una unidad mixta de investigación.

Aclaró que no obstante que dicha creación es facultad estrictamente de la Fiscalía General de la República (FGR), tanto la subsecretaría a su cargo como el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas, así como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, están abiertas a coadyuvar para que se conforme.

En su intervención, el subsecretario Alejandro Encinas Rodríguez reafirmó que para el Gobierno de México, la política migratoria tiene como eje rector garantizar el derecho humano a la movilidad.

En la reunión virtual estuvieron conectados integrantes de la SRE, la FGR y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Asimismo, representantes del gobierno de Tamaulipas y de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH); del Equipo Argentino de Antropología Forense; de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, y familiares de las víctimas.