Aunque ha mantenido una postura pública a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, al padre Alejandro Solalinde le preocupa la línea con la que la Secretaría de Gobernación ha decidido tratar el tema de la migración: “Están dos lenguajes distintos: uno, el del presidente de México, que habla sobre Derechos Humanos, y el otro eje, que habla sobre la visión de Seguridad Nacional que se tiene acerca de los migrantes”.

Con voz firme, el defensor de los derechos humanos continúa:

“No me queda duda que Andrés Manuel sí tiene claro lo que hacer. El día que él hable de una visión de Seguridad acerca de las personas migrantes, me va a preocupar muchísimo. Pero él ha hablado claramente, como también Marcelo Ebrard, acerca de esa visión de derechos humanos con respecto a los flujos migratorios”.

Sin embargo, dice Solalinde: “Es sintomático que la Secretaria (Olga Sánchez Cordero), al día siguiente que ella llega, empieza a verter estos conceptos”.

Esta política de Gobernación, según el sacerdote y activista, es un retroceso a la legislación anterior a la Ley Migratoria del 24 de febrero de 2011, que daba facultades a las corporaciones policiacas y fuerzas armadas para coadyuvar al Instituto Nacional de Migración en sus funciones de detener y deportar personas migrantes:

“Da a entender, como así lo muestra, que los migrantes son una amenaza para la seguridad de nuestros países”.

Solalinde no se amedrenta. Habla claro cuando dice que:

“Con quien tiene que responder Migración es la sociedad civil. Somos más de 180 organizaciones de la Sociedad civil que hemos venido defendiendo los derechos humanos de las personas migrantes y que no podemos ceder ante este susto que tiene Gobernación”.

El defensor recuerda que el año pasado, el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador propuso, en el Museo de la Memoria y Tolerancia, mesas de transición con diferentes temas, y que las organizaciones civiles que trabajan con migrantes hicieron una propuesta en torno al tema, pero que aún no se ha visto el resultado:

“Produjimos propuestas de políticas públicas que al final entregamos a Alejandro Encinas, entregamos a Gobernación, y no son tomadas en cuenta. No se ven, no se reflejan en lo que estamos diciendo”.

El pasado 16 de marzo 72 migrantes cubanos fueron trasladados desde la Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula, custodiados por patrullas de la Policía Federal, hacia Acayucan, Veracruz, en donde las condiciones de hacinamiento provocan falta de higiene y por lo tanto enfermedades, así como inseguridad. Alejandro Solalinde afirma que a pesar de que tiene capacidad para 800 personas, la semana pasada había 1500:

“Es una verdadera cárcel, una cosa horrible. Entonces ahí los encierran a los 72. Yo fui a verlos, fue a platicar con ellos y se quejaron de los engaños. Pero eso no fue lo peor, lo peor fue que, estando yo ahí hablé a Gobernación y les dije que ellos solamente querían un oficio de salida, que los ayudaran, toda vez que la mayoría de ellos van a reunificación familiar. ¿Y saben qué hicieron? Los volvieron a engañar; les dijeron “sí, les vamos a dar su salvoconducto, como ustedes quieran, pero los vamos a llevar a la Ciudad de México, a la estación migratoria de Iztapalapa”.

A pesar de esta promesa, los migrantes fueron llevados directamente al aeropuerto de la Ciudad de México, al hangar de la Policía Federal. Así lo narra Alejandro Solalinde:

“Los subieron a aviones de la Policía Federal y los llevaron sin más a Cuba. Luego yo hablé con la Secretaria de Gobernación sobre este punto y me dio a entender que todavía hay 400 más que van a deportar”.

Esta política de criminalización de la migración, afirma Solalinde, se “contagia” a los medios, y de estos a la sociedad, que volverá a tener una visión mezquina con respecto a los migrantes.