El diputado Juan Pablo Kuri Carballo dijo que respecto a la polémica y confusión que ha generado la nueva Ley de Educación en el Estado de Puebla, dijo, que es necesario aclarar que el Congreso sólo cumplió con el mandato constitucional que obliga a todos los estados a armonizar su legislación de acuerdo a la Ley General del Educación vigente, la cual fue aprobada en septiembre del año pasado.
En este tenor, el congresista comentó que para poner en contexto lo que se aprobó en Puebla, es preciso mencionar que el Congreso de la Unión hizo modificaciones al Artículo Tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referente a la educación, lo que derivó en una Nueva Ley General de Educación en el país.
De esta forma, todas las entidades federativas están obligadas a actualizar su marco normativo en materia educativa, por lo que el gobernador envió la iniciativa por la que se reformó la ley de Educación de Puebla.
Sin embargo, es preciso mencionar que los legisladores, como un servidor, aprobamos dicha ley exclusivamente para armonizar y actualizar, ya que no se hicieron modificaciones esenciales, como se ha dicho equivocadamente.
El tema ha causado inquietud, por lo que es importante aclarar que es falso que se pretenda controlar la educación con fines ideológicos o políticos.
Una de los temas que ha causado polémica y confusión, por ejemplo, son los rumores sobre que con esta reforma se preparó el terreno para expropiar bienes, lo cual está lejos de la realidad, pues ni si siquiera se menciona ese asunto en la nueva legislación.
Para precisar y aclarar las dudas existentes, lo que se aprobó fue textual el artículo 99 de la ley general de educación, correspondiente al artículo 105 de la legislación local, cambiando únicamente «sistema educativo nacional por sistema educativo estatal».
Respecto a las facultades de vigilancia que tiene el gobierno estatal sobre la educación, tampoco es algo nuevo, sino un ajuste sustancial, ya que el artículo 146 de la legislación local que fue aprobado es idéntico al artículo 151 de la ley general de educación. «Entonces, sólo actualizamos una norma vigente obligatoria».
«En este sentido como legisladores cumplimos con nuestra obligación de armonizar la legislación local con la federal, no pretendemos afectar a los colegios privados, nada de eso dice la iniciativa».