Una juez federal dictó la libertad al sargento segundo José Isidro Gómez Hernández, acusado de ejecutar a un presunto huachicolero en un operativo llevado a cabo por el Ejército en Palmarito Tochapan, Puebla, el 3 de mayo de 2017.

Joana Karina Perea Cano, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla, dictó sentencia absolutoria al militar, al concluir un juicio en el que estimó que no había las evidencias necesarias para decretarle su responsabilidad por el delito de homicidio calificado.

Con base en un video que circuló en Youtube, Gómez fue señalado como el responsable del asesinato de Raúl Jiménez Martínez, supuesto integrante de una banda de ladrones de combustible, la noche en que las fuerzas federales ingresaron a la localidad de Palmarito.

De acuerdo con fuentes judiciales, la juez Perea dictó sentencia absolutoria al sargento porque la PGR no presentó en el juicio a ningún testigo que lo señalara como el militar que aparece en esa videograbación disparando en la cabeza a la víctima.

Este aspecto fue clave para la causa del sargento, en virtud de que en las imágenes de la ejecución no se aprecian los rostros de los participantes, ya que los hechos ocurrieron de noche.

En ese operativo, un total de cuatro militares y seis civiles perdieron la vida, incluido el sujeto ejecutado por un militar.

El 7 de junio de 2017, un juez de control de Puebla decretó la libertad bajo reservas de ley al sargento porque en su opinión no había imputaciones en su contra y tampoco certeza sobre la fuente de la principal prueba en su contra, el video difundido en redes sociales.

Un mes más tarde, el Segundo Tribunal Unitario de Puebla, a cargo del magistrado Esteban Santos Velázquez, consideró que sí existían los datos suficientes para procesar al sargento como presunto responsable de disparar en la cabeza a Jiménez Martínez.

Aunque luego presentó un amparo, este recurso le fue negado, razón por la que la defensa del militar litigó hasta llegar al juicio, el cual concluyó la tarde de este miércoles con el veredicto en favor del acusado.

La necropsia practicada por la PGR el 5 de mayo de 2017 concluye que la víctima falleció por el traumatismo craneoencefálico producido por un proyectil de arma de fuego.

Este año, la Procuraduría consiguió una orden judicial para exhumar el cadáver del presunto huachicolero y practicar análisis forenses complementarios para reforzar las pruebas contra el sargento, sin embargo, los pobladores de Palmarito le impidieron el acceso a los peritos.

Ante la imposibilidad, la PGR terminó por desistirse de esta prueba.

Fuente: Reforma