El involucramiento de la ciudadanía en el quehacer público es fundamental para el equilibrio de poderes y la salvaguarda de las garantías de vida digna reconocidas internacionalmente.

Los derechos de segunda generación (económicos, sociales, culturales y ambientales) engloban aspectos particulares que una persona requiere para su pleno desarrollo. Su aparente subordinación frente a derechos como el de la vida ha llevado a las autoridades no solo a impedir su goce, sino a suprimirlos de toda agenda pública. Algunos casos de éxito y áreas de oportunidad fueron explorados por especialistas en la IBERO Puebla.

Respeto a la vida

Un área en la que la ciudadanía ha tenido un papel protagónico es la justicia ambiental, donde la solución de conflictos de esta índole ha sido mediada por personas defensoras de los recursos naturales. A nivel jurídico, estas controversias ocurren cuando el ambiente se encuentra en el centro de disputa, no tanto por el recurso en sí mismo, sino por las consecuencias de su uso.

De acuerdo con una investigación encabezada por el Dr. Jorge Peláez, entre 2010 y 2017 existió un amplio nivel de conflictividad en zonas como la sierra norte de Puebla, los valles centrales de Oaxaca y el istmo de Tehuantepec, así como en los alrededores de la Ciudad de México.

La mayoría de estas riñas han sido ocasionadas por proyectos extractivos, energéticos y de infraestructura con prácticas deshonestas: se encontró, por ejemplo, que los proyectos mineros utilizaron estrategias legales para bloquear las resistencias. “Por más que los abogados creamos en la igualdad de la ley, en la praxis hay elementos que la distorsionan. No es lo mismo una empresa como demandante que pueblos y comunidades”, lamentó.

De ahí la urgencia de adoptar un enfoque basado en los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU ha promovido que las políticas y programas de desarrollo se centren en las personas, especialmente en las más vulnerables, lo que fortalecería los mecanismos de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

A decir del Dr. Daniel Pavón Piscitello, esta mirada tiene impactos positivos en los derechos de segunda generación, pues obliga a los Estados a adoptar conductas proactivas para su alcance. Si bien existen avances importantes en Europa y la región escandinava, América Latina muestra rezagos en la aplicación del enfoque de derechos humanos. Para lograrlo, es fundamental sensibilizar a las autoridades y facilitar su incorporación práctica a través de la información.

Grupos descartados

Las cárceles de Perú son lugares propensos al caos. El populismo punitivo bien conocido en todo el continente ha confundido la venganza con la justicia, por lo que la mayoría de los delitos se castigan con penas extensas sin goce de derechos. El aumento de los índices de criminalidad y el déficit en la infraestructura penitenciaria suponen factores de riesgo no solo para el ciudadano libre, sino para las personas privadas de la libertad.

La suma de estos factores supuso un hacinamiento del 145% durante la primera ola de coronavirus, lo que derivó en contagios masivos al interior de las cárceles: 446 internos y 46 custodios peruanos fallecieron. Para frenar el esparcimiento del virus, las autoridades permitieron la salida de 6,000 internos, principalmente aquellos en prisión preventiva. Así lo expuso el Felipe Paredes San Román.

Aunado a la descompresión los centros penitenciarios, se implementó una política de monitoreo de posibles síntomas de COVID, el cual determinó que los contagios al interior de las cárceles ocurrían con el doble de frecuencia que fuera de ellas. Por ello, las autoridades peruanas decidieron, de manera controvertida, dar prioridad a los internos en el proceso de vacunación.

El experto destacó que las medidas subsecuentes fueron apreciadas como acciones humanitarias: para salvaguardar la salud mental de los internos, se implementaron encuentros con familiares por videoconferencias. El monitoreo ciudadano de esta y otras acciones gubernamentales es posible gracias al acceso a la información, una facultad reconocida por la Convención Americana sobre Derechos Humanos que permite a las personas buscar, recibir y difundir información de forma libre.

La creación del Tribunal de Transparencia de Perú en 2017 ofreció a la ciudadanía un mecanismo para obtener información de primera mano. Este derecho, complementó el Mtro. José Ángel Dávila, permite volver accesibles otros derechos como la salud y la educación, además de acercar a la población a la incidencia en asuntos públicos.

Sala de Prensa