En México existen 92,538 personas no localizadas o desaparecidas y entre 39,000 y 52,000 cuerpos sin identificar. Para la ONU, nuestro país atraviesa una emergencia forense.

La desaparición forzada se entiende como la privación de la libertad por parte de agentes del Estado (o particulares tolerados por este), seguida de una negativa a otorgar información sobre el paradero de las víctimas. El fin último es sustraer a la persona de toda posibilidad de protección legal, situación que fue analizada por especialistas en el marco de la Cátedra Cossío, de la Ibero Puebla.

Como expuso José Rodolfo González Sierra, se trata de un fenómeno político ilícito llevado a cabo estratégicamente contra personas consideradas como disidentes sociales. Desde la Alemania nazi, la práctica ha sido replicada por todas las dictaduras latinoamericanas del año pasado y permanece en los Estados presuntamente democráticos.

La descomposición de las fuerzas de seguridad que permite la violación de garantías es nociva para el desarrollo de los países, pues genera una cultura de silencio en la sociedad debido a la desconfianza en las instituciones. Dicho efecto, comentó el catedrático de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, “es altamente beneficioso para las autoridades que pretenden tener un ejercicio de poder sin control”.

Pese a las recomendaciones y alertas emitidas por organismos internacionales, se observa una falta de voluntad política para erradicar este mal sistémico. Aunque en nuestro país existen acciones cabales como la reactivación del Sistema Nacional de Búsqueda, “las investigaciones son altamente pasivas y solo buscan mejorar la imagen de los Estados”.

González Sierra recordó que la desaparición forzada, lejos de ser una práctica del pasado, se ha diversificado en la forma de agentes paraestatales. “Es importante que las nuevas generaciones de abogados tomen una posición y combatan, desde el marco de las posibilidades, este tipo de conductas llamándolas como lo que son”, concluyó.

Responsabilidad compartida

La rendición de cuentas consiste en una serie de mecanismos horizontales para que los organismos públicos expongan sus actividades. La integración del factor social ocurre cuando son las asociaciones civiles las que exigen este ejercicio democrático.

En Coahuila existe una organización colectiva importante: son nueve los grupos de búsqueda de personas reconocidos por las autoridades, los cuales realizan tareas específicas como el rastreo de personas con vida y la indagación en fosas clandestinas. Así lo indicó el Mtro. David Pérez Ortiz de la IBERO Torreón.

Los procesos de interacción entre el Estado y los colectivos ocurren en mesas de seguimiento a las búsquedas, a las familias y a las carpetas de investigación. La colaboración ha permitido la conformación de una fiscalía especializada y una ley estatal en la materia.

Este diálogo también ha dado pie a la constitución de nuevos sujetos políticos: las familias se han convertido en agentes de incidencia en las políticas públicas. Con ello, los colectivos contribuyen a que exista un mayor control democrático a través de la activación de mecanismos ordinarios de rendición de cuentas.

No obstante, persiste una asimetría entre las organizaciones civiles y el Estado. “Los resultados de las búsquedas siguen siendo bastante deficientes. Mucha inversión pública, pocos resultados”. Pérez Ortiz indicó también la urgencia de desprivatizar el dolor para fomentar el acompañamiento de toda la sociedad civil a los procesos de rendición de cuentas.

Un eje fundamental para el acceso a la justicia es la transparencia. Como experto en protección de datos personales, Diego García Ricci ha observado que los flujos de información para la ubicación de personas no son ágiles. Esto se debe a que la aplicación de los marcos normativos no ocurre de forma armónica.

De acuerdo con un estudio realizado por la Ibero Ciudad de México, la ley de desaparición forzada sí dota de facultades suficientes para solicitar información. Dicha legislación también obliga a las autoridades a prestar auxilio en el intercambio de datos y faculta la creación de normativa secundaria, lo que puede contribuir a imponer lineamientos para la sistematización informativa.

Entre las debilidades de marco legislativo, destacó que la acción del Sistema Nacional de Búsqueda es limitada desde su constitución. De igual manera, identificó una brecha entre los estados en temas económicos, normativos y de infraestructura, además de una falta de sinergia entre instituciones. “Se tiene la información, se recopila [por instituciones como el INE], pero no hay una interoperabilidad en la acción”.

La disonancia interestatal expone la necesidad de homologar las leyes locales bajo los fundamentos a nivel federal. La Universidad Jesuita y el colectivo Voz de los desaparecidos en Puebla buscaron incidir en este proceso desde la mirada de las víctimas: fueron las familias las que encabezaron la elaboración de una propuesta de ley que incorporara las necesidades de los grupos de búsqueda.

Como narró el Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la IBERO Puebla, el proyecto fue presentado al Congreso de Puebla por parte de una diputada local, pero se mantuvo en la congeladora por más de un año. Tras una serie de acciones legales y civiles, se aprobó la ley estatal de desapariciones en el último periodo de sesiones de la pasada legislatura.