La activista saudita en derechos humanos Israa al-Ghomghama en arresto desde 2015, podría enfrentar la pena de muerte si se ratifica el pedido de la fiscalía el próximo domingo en la corte secreta antiterrorista del reino.

La política en Arabia Saudita contra la disidencia atrae de nuevo la atención internacional tras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, y los grupos de derechos humanos están preocupados por el destino de al-Ghomgham en el Tribunal Penal Especializado (SCC).

El SCC se creó en 2008 para conocer casos contra personas acusadas de terrorismo y tiene un historial de juicios que resultan en sentencias de muerte.

En la próxima audiencia, el tribunal confirmará o anulará la pena de muerte como lo pidió la fiscalía el pasado mes de agosto.

La Coalición Regional de Mujeres Defensoras de los Derechos Humanos invitó a tomar acción al respecto, si se confirma la sentencia, el caso irá al rey Salman Bin Abdulaziz para su ratificación final y posterior decapitación.

Muchas de las primeras personas acusadas y juzgadas por el tribunal fueron presuntos agentes de Al Qaeda involucrados en ataques en el reino.

Sin embargo, alrededor del 2010, el gobierno comenzó a usar la corte para juzgar a los manifestantes y, eventualmente, a los defensores de los derechos humanos, denunció el abogado internacional de derechos humanos Oliver Windridge.

«Las definiciones que se usan para ‘terrorismo’ en Arabia Saudita son amplias, algunos dirían que son extremadamente amplias, hasta el punto de … permitir que casi cualquier tipo de acción se defina como terrorismo», precisó.

Al-Ghomgham ha estado detenida desde 2015, cuando fue arrestada por activismo no violento junto con su esposo y otros activistas que iniciaron su movimiento alentados por el movimiento de la llamada «Primavera árabe» en 2011.

Según informes, ha comparecido ante el tribunal una vez desde entonces, cuando se presentaron los cargos en su contra, y Naciones Unidas denunció que se le ha negado el acceso a un abogado .

Según los documentos oficiales de la corte obtenidos por la cadena estadunidense CBS News, al-Ghomgham enfrenta múltiples cargos que incluyen participación en marchas para «incitar al conflicto».

También «brindar apoyo moral a los manifestantes» asistiendo al funeral de un manifestante y usar una identidad falsa para crear un perfil de Facebook, así como viajar a Irán para «recibir lecciones teóricas sobre cómo desencadenar conflictos y disturbios en Arabia Saudita».

Windridge revisó una sentencia de 2014 del SCC para evaluar el cumplimiento por parte del tribunal de los compromisos internacionales de derechos humanos de Arabia Saudita.

El reino es parte de una serie de regulaciones de derechos humanos, incluida la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y la Carta Árabe de los Derechos Humanos.

Además, como miembro de las Naciones Unidas, Arabia Saudita está «generalmente obligada» a respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señaló Windridge.

El caso de 2014 que Windridge revisó involucró a tres activistas hombres, uno de los cuales, Mohamed al-Shioukh, estuvo recluido durante casi dos años en detención preventiva sin acceso a representación legal.

El SCC no solo no investigó las acusaciones de al-Shioukh, sino que Windridge denuncia que usó una confesión obtenida como resultado de los interrogatorios como la única evidencia para condenarlo y sentenciarlo a muerte.

«La Corte Penal Especial ha implementado la pena de muerte donde ha habido lo que parecen ser claras violaciones del derecho internacional, que en sí mismo es otra violación del derecho internacional», detalló Windridge a CBS News.