Activistas pro derechos humanos y de atención a víctimas pidieron durante una reunión virtual a senadores frenar la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que se incluye en la minuta que envió la Cámara de Diputados para extinguir 109 fideicomisos.
Con esta acción, señalaron, se acabaría con la esperanza y la obligación del Estado para garantizar justicia y reparación del daño a quienes han padecido delitos relacionados con la desaparición forzada, trata de personas, violencia generalizada o feminicidios.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Kenia López Rabadán (PAN), informó que el próximo lunes se reunirá este órgano legislativo para emitir una opinión en torno a la eliminación de los fideicomisos.
Dijo que al fideicomiso de este fondo se le han realizado varias auditorías y no puede catalogarse como parte de recursos con una “corrupción sistematizada”, pues tienen reglas claras de operación.
La senadora Sylvana Beltrones, del PRI, dijo que es obligación del Estado garantizar la protección y reparación del daño a las víctimas y el este fideicomiso ha sido un instrumento útil para implementar medidas de protección, con transparencia en el manejo de los recursos que “deja atrás el discurso de la corrupción”.
Norma Librada Ledezma Ortega, de la organización Justicia para Nuestras Hijas, señaló que en un país que continúa “bañado en sangre” y con graves violaciones a los derechos humanos, es una obligación de Estado destinar recursos para atender a quienes les han arrebatado a sus familiares, su salud y su futuro.
Advirtió que argumentar la extinción del fondo por corrupción no sólo es “una aberración, sino una humillación a más de 25 mil víctimas de “un estado fallido”, a las que el gobierno no puede garantizar su derecho a la verdad, justicia y reparación integral del daño.
“Sabemos que tal vez no se eliminen esos recursos, sino que pueden pasar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero esta dependencia no está preparada para atender este problema”, indicó Irma Leticia Hidalgo, de Fuerzas Unidas por Nuestro Desaparecidos.
Y es preocupante, acotó la activista, que el fondo económico esté dispuesto sólo para cuestiones administrativas, sin ningún enfoque de derechos humanos.
“Vemos una negación del Ejecutivo de garantizar la asignación amplia de recursos para atender a las víctimas, su anulación provocaría en que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se convierta en un elefante blanco”, indicó Carlos Alberto Cruz Santiago, Fundador de Cauce Ciudadano.
José Pablo Girault, de México Unido contra la Delincuencia, señaló que si se desaparece el fondo, lo que están haciendo es destruir al CEA y destruir el compromiso del Estado mexicano para con las víctimas. “Serán juzgados por la historia quienes aprueben la desaparición del fideicomiso”, apuntó.
Fuente: Excélsior