Honorio Corcuera Noyola y Margarito González Domínguez cumplieron ocho años presos por delitos que no se les han podido comprobar.

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Durante su detención fueron sometidos a tortura, malos tratos y coacción por agentes ministeriales de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), violando con ellosu derecho al debido proceso y a una investigación apegada a derecho, afirmó el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código-DH).

Ángel Alberto Hernández Rivera, abogado y coordinador del Área Jurídica de Código DH, agregó que este encarcelamiento constituye un caso paradigmático de injusticia, discriminación y racismo hacia la población afromexicana de la región de la costa de Oaxaca.

El representante legal detalló que ambas personas fueron detenidas en enero de 2012 por los delitos de homicidio calificado (con premeditación y ventaja) y robo calificado (con violencia física), presuntamente en agravio del estudiante de la UNAM Jesús Israel Moreno Pérez, desaparecido el 8 de julio de 2011 en la comunidad de Lagunas de Chacahua, en el municipio de Villa de Tututepec.

Subrayó que se ejercitó la acción penal por el delito de homicidio calificado a Corcuera y González, “sin existir el cuerpo de la víctima porque aún se encuentra desaparecida”.

A juzgar por las inconsistencias del caso, no me queda duda que el Estado, en su afán de fabricar culpables, es muy selectivo en estereotipos, pues le ha funcionado presentar como ‘culpables’ a dos personas de escasos recursos, pocos estudios, que prácticamente no pueden defenderse, y pertenecientes a un grupo estructuralmente en desventaja como la población afromexicana”, asentó.

Citó que el 10 de noviembre de 2015, el padre del estudiante desaparecido interpuso una queja ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde señaló que “el ejercicio de la acción penal de la Procuraduría se basó en testimonios contradictorios, autoincriminatorios y obtenidos bajo tortura a los dos detenidos”.

En su comparecencia expuso que su hijo no portaba artículos de valor, excepto un teléfono móvil, además, desacreditó la investigación ministerial, pues “se basó en una ‘autopsia verbal’ (sin cadáver y sin sustento científico), fabricaciones de pruebas, alteración y sustitución del dispositivo que portaba su hijo entre otras graves inconsistencias.

El abogado observó que los afromexicanos están por cumplir nueve años privados de su libertad y sin estar sentenciados, a pesar de la existencia de diversas pruebas sobre su inocencia.

Asimismo, Hernández Rivera destacó que ningún funcionario implicado ha sido castigado por las omisiones, los actos de tortura y la fabricación de pruebas para supuestamente resolver el caso.

Este caso de injusticia hacia Honorio y Margarito refleja la descomposición estructural y sistemática de la justicia en el estado, donde servidores públicos de la ahora Fiscalía General y del Poder Judicial, como jueces, agentes del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia Estatal de Investigación, señalados directamente por ejercer o tolerar actos de tortura y otras violaciones a los derechos humanos, siguen en el pleno ejercicio de sus funciones, solapados y coludidos por quienes mueven los hilos de la injusticia”, concluyó.

Fuente: Excélsior