El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) conoció el Informe sobre la incidencia en la función electoral de los decretos de reforma que modifican las leyes generales de Comunicación Social, de Responsabilidades Administrativas, que fueron publicadas el 27 de diciembre de 2022, así como de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo proceso legislativo continuará a partir del 1 de febrero, y que son conocidas por la opinión pública como “Plan B”.

El documento analiza y explica las implicaciones que tendrían estas reformas en la celebración de elecciones libres y auténticas, como lo mandata la Constitución, y las afectaciones en materia de autonomía del Instituto Nacional Electoral, la estructura territorial de los órganos ejecutivos del INE en los 300 distritos electorales y en las 32 entidades federativas, los procedimientos de capacitación y organización electoral, los avances para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género y las acciones afirmativas para potenciar la representación política de núcleos de la población tradicionalmente desfavorecidos.

Además se señalan consecuencias en materia de fiscalización de los ingresos y gastos de los actores políticos, el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, la protección de los datos personales de la ciudadanía, los derechos laborales de quienes integran el Servicio Profesional Electoral Nacional y la Rama Administrativa de los Organismos Públicos Locales, así como el respeto al pacto federal y la libre configuración legislativa de las entidades federativas que se ven afectados en diversa graduación por las reformas electorales.

El Informe tiene como objetivo poner a disposición de la ciudadanía la opinión especializada del órgano del Estado mexicano encargado, junto con los Organismos Públicos Locales, de organizar los comicios para la renovación de las instancias públicas mediante el sufragio, sobre los riesgos que podrían ocasionarse con algunas de las reformas y, especialmente, para el ejercicio, garantía y defensa de derechos político-electorales fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, afirmó que si el proceso legislativo de la reforma legal se culmina y se publican los cambios legales, “lo que tendremos delante de nosotros es la primera reforma regresiva de nuestra democracia y estaremos en la antesala de una inédita incertidumbre preelectoral y postelectoral en la que será, en 2024, la elección más grande de nuestra historia”.

“La reforma afecta gravemente las posibilidades del ejercicio del voto ciudadano en condiciones de libertad y equidad, con regularidad y certeza. Es decir, impacta en la recreación misma de nuestra democracia, tal como se ha construido, colectivamente, a lo largo de tres décadas por varias generaciones de mexicanas y mexicanos”, indicó Córdova Vianello.

En este sentido, el Consejero Presidente apeló a la responsabilidad con la República y con la estabilidad política del país de quienes tendrán que resolver sobre la constitucionalidad y legalidad de las reformas del “Plan B”. “Que detengan este auténtico desmantelamiento de nuestra democracia”.

El INE, recalcó, acudirá a todas las instancias legales “para defender la democracia, garantizar el derecho de toda la ciudadanía, incluidas minorías y también, por supuesto, mayorías a participar en el futuro del país y el derecho de cada ciudadana y ciudadano a ejercer el voto libre y que éste sea bien contado y cuente para la conformación democrática del poder político en México”.

Reforma implica retroceso en materia de igualdad de género y no discriminación

En su intervención, la Consejera Norma De la Cruz advirtió dos afectaciones en materia de igualdad de género y no discriminación: la disminución de 50 a 25 fórmulas de candidaturas que incluyen personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, afromexicanas y de la diversidad sexual, así como la reestructura orgánica del Instituto contemplada, que implicaría no contar con una Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, “al proponer que sus funciones sean absorbidas por una nueva dirección ejecutiva de partidos políticos”.

Como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, enfatizó que, de ser aprobada en sus términos, ésta sería una medida regresiva, pues la existencia de una unidad técnica especializada sirve para garantizar “la transversalidad de la perspectiva de género en todas y cada una de las decisiones, acuerdos, lineamientos, reglamentos, resoluciones, procedimientos y acciones que implementa esta autoridad administrativa”.

En materia de fiscalización se abre la oportunidad a la simulación y ocultamiento de operaciones

Por su parte, el Consejero Jaime Rivera destacó las afectaciones que la reforma conlleva en materia de fiscalización al restar autonomía técnica constitucional a la Unidad Técnica de Fiscalización al convertirla en una Dirección Ejecutiva. Además de restringir la posibilidad de fiscalizar actividades irregulares que los sujetos realicen o que no estén previstos en los supuestos establecidos en la ley, las modificaciones legales impiden que el INE cancele candidaturas a quienes no cumplen con transparentar sus ingresos y gastos, mencionó.

“La reforma propone que la violación de no entregar informes de ingresos y gastos de precampaña deje de ser sancionada de manera severa y establece una ampliación de los plazos en los cuales los partidos están obligados a reportar en el Sistema Integral de Fiscalización las operaciones de ingresos y gastos, lo que abre la oportunidad de simulaciones y ocultamientos de operaciones”, dijo Rivera.

Afectaciones en materia de organización electoral

La presidenta de la Comisión de Organización Electoral, Carla Humphrey dio cuenta de las afectaciones que tendrá la reestructura organizacional y la eliminación de áreas fundamentales, “al dejar inadvertida la especialización y el profesionalismo de cada una, sin analizar objetiva y exhaustivamente sus consecuencias”.

Expuso que las actividades de la Dirección de Organización y de la Dirección de Capacitación representan más del 40% del total de actividades institucionales que se desarrollan a lo largo del proceso electoral y al desaparecer las juntas distritales ejecutivas se prescindiría del personal de la rama administrativa que equivale al menos al 89% de estas direcciones; ello, aunado a la fusión de tres unidades responsables pondría en riesgo los estándares de calidad de los procesos electorales.

Reforma afecta esquema de integración de casillas

El Consejero Martín Faz consideró que los impactos de la reforma en materia de capacitación electoral son particularmente graves, “ya que modifican sensiblemente el esquema con que hemos operado la integración de las Mesas Directivas de Casilla, tanto en las actividades específicas, como en la capacidad operativa de quienes las realizan y coordinan”.

Entre las principales afectaciones de la reforma, el presidente de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE refirió que se reduce el número de personas sorteadas o insaculadas, al pasar del 13% al 10% de cada sección electoral, lo que traerá como consecuencia “que en un importante número de secciones principalmente urbanas puedan llegar a no tener a la ciudadanía suficiente que cumpla con los requisitos para integrar las casillas”.

En riesgo Padrón Electoral confiable

El Consejero Ciro Murayama subrayó que la reforma electoral echa a la calle a quienes coordinan el trabajo de los módulos, desde donde se actualizan el Padrón y la cartografía electoral. “Afectar la actualización del Padrón es dañar de base el trabajo de planeación, organización y ejecución de las elecciones auténticas que México ya tiene, pero que se quieren dañar de forma irresponsable”.

Además, advirtió que las modificaciones legales establecen que los módulos del INE se muevan preferentemente a espacios como oficinas gubernamentales, donde no se tiene certeza que se resguarden los datos sensibles de la ciudadanía.

Se limita función de los OPL

La Consejera Dania Ravel, presidenta de la Comisión de Vinculación, externó su preocupación por que la reforma limita el funcionamiento de los Organismos Públicos Locales al fusionar todas las áreas relevantes en dos mega-áreas: una de organización, capacitación electoral y educación cívica y otra de administración, prerrogativas y asuntos jurídicos.

“Que desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establezca la estructura de los órganos electorales autónomos, conlleva a la inaplicación de las leyes expedidas por los congresos locales en ejercicio de su soberanía y se desconocen las particularidades de cada una de las entidades que componen nuestro país”.

Fusión de Dirección Jurídica y Unidad de lo Contencioso Electoral no es funcional

Por su parte, la Consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias, advirtió que la fusión de la Dirección Jurídica y la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, propuesta en la reforma, puede generar una excesiva carga de trabajo.

“No es factible que este órgano técnico especializado se vuelva a integrar a la Dirección Jurídica porque no sería posible hacer el trabajo tan especializado y con tanta calidad”, como el que lleva a cabo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, expresó. Además, recordó que los órganos distritales coadyuvan en la recepción de las quejas, en la investigación y revisión de temas de fiscalización, por lo que son fundamentales en esta materia.

La credencial de elector es la llave que abre el derecho a votar desde nuestro sistema electoral

La Consejera Claudia Zavala especificó que la reforma permite la construcción del Padrón y el listado nominal de personas que residen en el extranjero a partir de dos documentos que son ajenos a la naturaleza electoral y que rompe con toda la trazabilidad electoral y la certeza que requieren en su integración.

“Esto rompe con el postulado constitucional que otorga al INE todas estas garantías y comisiones de vigilancia que se construye desde la parte colaborativa con los partidos políticos”, refirió, pues quebranta garantías de control para el ejercicio del voto como es la credencial de elector. Nadie que carezca de credencial de elector en México podría ejercer su derecho porque “es la llave que abre el derecho desde nuestro sistema electoral”.

Zavala añadió que “una reforma que pone en peligro a la democracia, la República y los derechos humanos debe ser cuestionada”.

Reforma pudo haber centrado esfuerzos en otras áreas de oportunidad

El Consejero José Roberto Ruiz cuestionó que habiendo grandes áreas de oportunidad para disminuir el costo del sistema electoral, éstas no se abordan en las iniciativas de las representaciones políticas.

Inquirió por qué no se destinaron esfuerzos para tener un calendario electoral único en el país, ya que a pesar de los avances obtenidos aún no se completa la unificación de los mismos, por lo que no se ven estrategias que vayan a impactar a esa reducción del sistema electoral, o por qué no se buscó prescindir del doble financiamiento público que tienen los partidos nacionales, al recibir casi 6 mil millones de pesos a nivel nacional y una cifra similar en lo local por las 32 entidades federativas.

Austeridad pasa por el atropello de los derechos laborales

La reforma electoral no genera un avance democrático, ni garantiza mejora en los derechos de la ciudadanía, sostuvo el Consejero Uuc-kib Espadas, quien aseveró que la mutilación de la estructura del INE que se plantea atropella derechos humanos y laborales de, probablemente, miles de trabajadores.

“No podemos simplemente aceptar que la austeridad pase por el atropello de los derechos laborales, por lastimar a las miles de familias cuyo legítimo sustento depende del trabajo profesional de los integrante del Servicio Profesional Electoral”, estableció.

El INE no regatea a las instancias legislativas el ejercicio de sus atribuciones

El presentar el informe, el Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, hizo hincapié en el reconocimiento que tiene la autoridad electoral sobre las facultades del Poder Legislativo; sin embargo, -agregó- las propuestas de modificaciones legales han sido confeccionadas sin tomar en consideración la experiencia y conocimiento técnico de la autoridad electoral, pese a que, el Instituto ha mantenido siempre una posición de colaboración con todas las instituciones del Estado mexicano.

“En democracia, me parece, no cabe regatearles a las instancias legislativas el ejercicio de sus atribuciones como representantes populares. Ahí radica la esencia del fenómeno democrático: en encauzar las inquietudes, aspiraciones y preocupaciones de la ciudadanía”, dijo, y argumentó que la construcción de diagnósticos, que tomen en cuenta la experiencia y conocimiento acumulados de las instancias técnicas electorales, es condición esencial para un mejor diseño de los cambios necesarios y pertinentes a las reglas del juego democrático.

Durante la sesión, las y los consejeros electorales instruyeron al Secretario Ejecutivo del INE, a interponer todos los recursos jurídicos y legales a su alcance para combatir esta reforma electoral que afecta gravemente a la democracia del país.