Un grupo de 150 personas entre ex mandatarios, conservadores, intelectuales, empresarios, economistas y escritores iberoamericanos exigieron en un documento que los impactos de la pandemia de Covid-19 no se conviertan en una excusa para instaurar el autoritarismo.

Encabeza la lista el escritor hispanoperuano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y presidente de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que divulgó el documento.

«Queremos manifestar enérgicamente que esta crisis no debe ser enfrentada sacrificando los derechos y libertades que ha costado mucho conseguir», pidieron.

También figuran ex gobernantes como el español Jose María Aznar, el argentino Mauricio Macri, el colombiano Álvaro Uribe o el mexicano Ernesto Zedillo, además del actual Presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y los ex Mandatarios Julio María Sanguinetti, de Uruguay, Alfredo Cristiani, de El Salvador, y Federico Franco, de Paraguay.

También lo apoyan los filósofos españoles Fernando Savater y Antonio Escohotado; el escritor chileno Jorge Edwards y el cubano Carlos Montaner, así como el historiador mexicano Enrique Krauze y la opositora venezolana María Corina Manchado.

«Mientras los empleados de la sanidad pública y privada combaten el coronavirus valerosamente, muchos gobiernos toman medidas que restringen indefinidamente libertades y derechos básicos», acusan en el documento.

«En lugar de algunas entendibles restricciones a la libertad, en varios países impera un confinamiento con mínimas excepciones, la imposibilidad de trabajar y producir, y la manipulación informativa».

Señalaron que muchos gobiernos estaban suspendiendo el estado de Derecho, la democracia representativa y el sistema de justicia.

Acusaron a países como Venezuela, Cuba y Nicaragua de aumentar la persecución política y la opresión.

«En España y la Argentina dirigentes con un marcado sesgo ideológico pretenden utilizar las duras circunstancias para acaparar prerrogativas políticas y económicas que en otro contexto la ciudadanía rechazaría resueltamente», denunciaron.

«En México arrecia la presión contra la empresa privada y se utiliza el Grupo de Puebla para atacar a los gobiernos de signo distinto».