Los tres niveles de gobierno deben responsabilizarse para evitar que la violencia política afecte el proceso electoral, expresó Emilio Álvarez Icaza Longoria, candidato externo a senador Por México al Frente.

Sostuvo que el asesinato de 79 mujeres y hombres que aspiraban a puestos de elección popular en los periodos de precampaña y campaña, es motivo de preocupación y obliga a hacer un llamado urgente para que las autoridades de los tres niveles de gobierno garanticen la paz pública para el sano desarrollo de los comicios en México.

Al condenar el asesinato de Maribel Barajas, aspirante a una diputación local en Michoacán, postulada por el Partido Verde Ecologista de México, dijo que es un crimen contra la democracia y no puede quedar en la impunidad como ha ocurrido con los casos anteriores.

“Las autoridades deben de enviar un poderoso mensaje contra la impunidad investigando, deteniendo y procesando a los autores materiales e intelectuales”, afirmó Álvarez Icaza.

Precisó que a esa grave situación se suma el asesinato de José Efraín García, presidente municipal de Tlalnepantla, Puebla, ocurrido la víspera en San Francisco Mixtla.

El también Coordinador Nacional de la Iniciativa Ahora dijo que el Estado mexicano es responsable de garantizar que las elecciones federales se desarrollen en un marco de paz pública, no permitiendo que los crímenes y agresiones queden impunes.

Aludió al Tercer Informe sobre Violencia Política en México, presentado por la Consultora Etellekt, según el cual entre el 8 de septiembre del 2017 y el 8 de abril del 2018, fueron asesinadas 78 personas aspirantes a cargos de elección popular de distintas representaciones políticas.

“Es una cifra lamentable, y ahora se cuenta también el asesinato de Maribel Barajas”, lamentó.

Postulado como candidato externo Por México al Frente (PRD, PAN y MC), Álvarez Icaza estableció que “vamos a hacia el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país. Más de tres mil 400 cargos de elección popular estarán en juego”.

En ese sentido, opinó que es positivo, pero insuficiente, el Protocolo de Protección Personal para Candidatos Presidenciales, presentado el 5 de abril por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional Electoral, porque no abarca a la totalidad de las y los participantes, comentó.

Dijo que si bien sería imposible pedir protección para cada uno de las y los candidatos, es obligación de las autoridades de los tres niveles de gobierno coordinar y eficientar sus recursos públicos, materiales, tecnológicos, así como infraestructura existente para garantizar la seguridad de quienes aspiran a un cargo de elección popular.

Pero también, para garantizar la seguridad a mujeres, hombres, niñas y niños, jóvenes, que deseen expresar sus simpatías hacia una expresión política. «Es vital que eso suceda en paz y con seguridad”, indicó.

“Cada delito o crimen sin castigo, nos debilita a todos, como personas, como instituciones, en conjunto a la democracia mexicana”, puntualizó.

Foto: Es Imagen / Ángel Flores