El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió el lunes un extenso decreto que requiere que todas las agencias federales aprueben de manera automática cualquier proyecto de obra pública que el gobierno considere “de interés público y seguridad nacional”.

El decreto publicado esquiva todos los procesos de revisión ambiental, responsabilidad y viabilidad, y además establece un plazo de cinco días a las agencias regulatorias para otorgar una aprobación “temporal” de un año para lo que sea que el gobierno quiera construir.

Un año después, las agencias ya podrían otorgar una aprobación definitiva, momento en el cual las obras probablemente ya habrían comenzado.

El gobierno de López Obrador se ha distinguido por la construcción de enormes proyectos. Uno de ellos es el llamado “Tren Maya” de 1.500 kilómetros (950 millas) de longitud que recorrerá la península de Yucatán.

A pesar de que el área está repleta de comunidades indígenas, selva, vida silvestre y sitios arqueológicos, el proyecto se aprobó de forma expedita sin que se realizaran suficientes consultas, estudios de viabilidad ni de impacto ambiental.

El decreto manifiesta que se “declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.