El presidente Andrés Manuel López Obrador ha intensificado su campaña de intromisión en el poder judicial luego que le ha bloqueado algunas de sus iniciativas.

Esta semana, el mandatario y sus funcionarios hicieron fuertes señalamientos contra jueces, a los que acusaron de estar al servicio de detractores al gobierno actual.

Un juez federal provocó la ira de López Obrador al otorgar dos amparos, uno contra una iniciativa del presidente que restringe la participación privada en la generación de energía con gas y recursos renovables, y otro contra un plan del gobierno para crear un padrón de usuarios de celulares, los cuales deberán entregar datos biométricos.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, llamó al magistrado “un juez a modo, un juez por encargo” y “un juez de contentillo que actúa de quedabién”, mientras López Obrador solicitó al Consejo de la Judicatura que lo investigue.

Esta semana, López Obrador también defendió la iniciativa para ampliar el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, en una evidente violación a la Constitución, la cual establece que el magistrado presidente sea elegido por otros miembros de la corte para un periodo de cuatro años.

López Obrador expresó su deseo de que Zaldívar permanezca en el cargo porque lo considera una persona honesta.

La disputa con el poder judicial ocurre en momentos en que López Obrador enfrenta una fuerte reacción jurídica contra su campaña para consolidar el papel del gobierno en la economía.

El presidente arguye que es necesario restringir la participación de las compañías eléctricas privadas para proteger a la empresa eléctrica estatal y que pedir las huellas dactilares a los usuarios de teléfonos celular también es necesario para combatir delitos como extorsión y secuestro, que se cometen a menudo utilizando dispositivos móviles.

Según los detractores, las restricciones en el sector eléctrico infringen la garantía constitucional de la libre competencia y en el asunto de los celulares el gobierno podría hacer mal uso de la información que compile de los usuarios.

Esta semana, el Congreso también aprobó una iniciativa de López Obrador que permite al gobierno confiscar gasolineras o instalaciones privadas de combustible en caso de “un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”, y entregarlas a la empresa estatal Pemex.

Muchos temen que esa reforma propicie expropiaciones de facto, aunque también es posible que sea impugnada en los tribunales.

Todo parece indicar que el sistema de controles y contrapesos que nunca ha sido sólido se encamina hacia una crisis en México, donde el poder ejecutivo ha ejercido un gran dominio desde hace mucho tiempo.

Sin embargo, expertos aseguran que la crisis no implica a un poder judicial más militante ni a una presidencia más obstinada.

Mas bien, aseguran los especialistas, la raíz del actual problema podría ser un poder legislativo débil. El partido Morena de López Obrador controla el Congreso y los legisladores de esa fuerza política han aprobado en forma incondicional diversas medidas difícilmente sostenibles en las cortes.

En una entrevista con el periódico El Universal, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, uno de los pocos disidentes en Morena, dijo que el partido gobernante ha perdido su vocación democrática.

Fuente: AP
Foto: Presidencia de México