Durante el Parlamento Abierto sobre la reforma eléctrica, diputadas, diputados, analistas, representantes de sindicatos y especialistas abordaron el tema “Antecedentes ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), expresó que se inicia el primer foro del Parlamento Abierto para estudiar a fondo la iniciativa de reforma a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia energética.

Indicó que las participaciones de las y los ponentes formarán parte del acervo del foro y las conclusiones se integrarán al dictamen y serán consideradas. “No nos obliga necesariamente a tomarlas como una primicia para el sentido del dictamen, pero sí a considerarlas y eso haremos; nos va a servir para nuestro debate interno”.

Añadió que hay dos visiones que buscan que exista suficiente energía limpia y a precios accesibles para toda la población, pero hay una diferencia en cómo lograrlo, sin más mercado libre, con empresa privada o intervención del Estado. “En la Cámara de Diputados vamos a hacer un esfuerzo por tratar de incorporar las dos visiones para lograr la conclusión más sabia para bien de México y de las y los ciudadanos”.

Por la Comisión de Energía, su presidente, el diputado Manuel Rodríguez González (Morena) expuso que para el Tema 1. El Sistema Eléctrico creado por la reforma de 2013. Foro 1. Antecedentes ¿Cómo llegamos a la reforma de 2013? Los principales resultados y problemáticas de las reformas anteriores, participan ponentes a favor y en contra.

Externó que este primer ejercicio logró poner sobre la mesa las diversas visiones respecto al tema energético del país, por parte de expertas, expertos, diputadas y diputados.

El diputado Iran Santiago Manuel (Morena) dijo que se debe conocer cómo garantizar la reducción de las tarifas eléctricas para los “ciudadanos de a pie”, a través de las subastas y más mercado. Mencionó que en la reforma de 2013 hubo ese compromiso, pero no ha sido así, considerando incluso las instancias autónomas que regulan el proceso de distribución de la energía.

Por el PVEM, el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt cuestionó “¿qué nivel de energías limpias genera actualmente la CFE, y en el contexto de la reforma que se va a aprobar, hacia dónde lleva esa generación, hacia qué nivel a futuro, en el mediano y largo plazo, estará la CFE en la generación de energías limpias?”.

Judith Tanori Córdova, diputada de Morena, preguntó si la CFE tiene la capacidad de reponerse a la cancelación de producción del mercado eléctrico que se plantea en 62 por ciento, y ¿cuál es la parte legal específica por la que la Comisión debería hacer indemnizaciones millonarias?

La diputada Lidia Pérez Barcenas (Morena) pidió conocer si lo que sucede en México es la antesala de lo que podría pasar en España en materia energética.

Vía plataforma digital, el diputado Rafael Hernández Villalpando (Morena) destacó la necesidad de abordar temas de vital importancia para la población y cuestionó si el derecho a una vida digna a través de la generación, transmisión, transformación y entrega de la energía eléctrica es negocio o es una obligación del Estado para que progrese un país.

También mediante zoom, el diputado Gabriel Ricardo Quadri de la Torre (PAN) consideró fundamental el cumplimiento de los compromisos para la transición energética y afirmó que el Estado hoy controla el sistema eléctrico. “Es una mentira que el Estado haya perdido la rectoría y es una mentira que con las energías limpias se abata o disminuya la confiabilidad y estabilidad del sistema”.

Por plataforma digital, la diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) preguntó si realmente las tarifas no han disminuido por responsabilidad del presidente de la República, y si sería preferible la eficiencia económica de empresas extranjeras o la soberanía energética para los consumidores mexicanos.

Mediante zoom, Joanna Alejandra Felipe Torres, diputada del PAN, dijo que si la CFE presta el servicio a más del 80 por ciento de los hogares del país, por qué establece tarifas tan altas para las familias mexicanas y qué factores intervienen para no mejorar las tarifas de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Además, preguntó si, al aprobar la reforma energética, es posible llegar a depender 100 por ciento de la compra-venta de combustibles fósiles.

Como parte de los trabajos del Parlamento Abierto, se dio lectura a las inquietudes remitidas por escrito de diputadas y diputados.

En ese sentido, la diputada Tania Cruz Santos (Morena) expuso que si bien la reforma de 2013 dejó a la Comisión Federal de Electricidad el control de la transmisión y distribución, le dio las facultades a la Comisión Reguladora de Energía para fijar tarifas y al Cenace para definir quién y en dónde se interconectan a la red. Por ello, es necesario conocer cómo la CFE podría garantizar la confiabilidad del sistema o desarrollar infraestructura.

De la diputada Raquel Bonilla Herrera (Morena) se conoció la pregunta sobre el cambio propuesto por el gobierno en la Constitución para otorgar a la CFE una mayor participación en el mercado energético y si resultaría en un menor uso de las energías limpias en México.

El diputado del PRD, Mauricio Prieto Gómez, señaló que de acuerdo con los ponentes la participación de la CFE disminuiría en el mercado, por lo que preguntó si eso sería porque es cara o contaminante la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad.

Karla Yuritzi Almazán Burgos, diputada de Morena, inquirió si la socialización del balance deficitario del generador de intermediación es para sanar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, cuando dicho déficit es causado por la falta de pago de la transmisión de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, y la CFE Suministrador de Servicios Básicos es el que absorbe el 95 por ciento de dicho déficit.

De la diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) se conoció pregunta respecto a qué pasará con los consumidores que tienen recibos de muy alto consumo, sobre todo si son personas que viven en las serranías.

El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) preguntó si un mercado en el que concurre el Estado con 54 por ciento de participación y los privados con un 46 por ciento ¿puede considerarse monopólico? También inquirió si más mercado y menor Estado han generado el incremento de las tarifas eléctricas en España.

La diputada Melissa Vargas Camacho (PRI) inquirió cómo pretende la Comisión Federal de Electricidad costear toda la generación de energía que requiere al país si ha sufragado todas sus plantas con inversión privada.

Por el mismo grupo parlamentario, el diputado Pedro Armentía López cuestionó qué es el despacho económico y qué daño le hará a la Comisión Federal de Electricidad.

La diputada Irma Juan Carlos (Morena) preguntó si a la fecha se cumplieron los objetivos de tener energía más barata y sin interrupciones con las reformas en materia eléctrica y de ser así en cuánto se redujeron los costos y las emisiones de CO2, y si la CFE interviene cuando falta suministro de energía intermitente.

El diputado Luis Alberto Martínez Bravo (PVEM) mencionó que una de las principales motivaciones de la reforma de 2013 fue introducir una mayor participación de las energías renovables en la generación de electricidad para que se reflejara en tarifas más bajas. Preguntó por qué si esas energías aumentaron su participación en el mercado no han bajado los costos de la electricidad en el país.

Opiniones de especialistas y analistas

La analista independiente del sector energético, Rosanety Barrios, indicó que los objetivos que cualquier modelo energético debe perseguir es que todos los mexicanos tengan acceso a una electricidad a precios accesibles; que la matriz eléctrica cuide la salud, es decir, disminuir los gases de efecto invernadero y que la energía sea de calidad, para que no haya apagones, interrupciones del servicio ni pérdidas de energía que dañan a la empresa del Estado.

Para lograr dichos objetivos, dijo, se necesita más competencia, pero dejando la transmisión y la distribución de manera exclusiva del Estado mexicano, a través de la Comisión Federal de Electricidad. “Meter más competencia resuelve la posibilidad de que el Estado no tenga que invertir en donde no puede o no debe; se necesitan más energías renovables y ajustes regulatorios que no requieren un cambio constitucional. La función social de la CFE está contemplada e incluida en el marco legal vigente, a través del Fondo del Servicio Universal Eléctrico”.

Héctor Cuapio Ortiz, representante del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), expresó que desde 1993 la Comisión Reguladora de Energía género más de mil 200 permisos a capitales extranjeros que han creado un mercado eléctrico paralelo, que lleva una competencia contra la Comisión Federal de Electricidad y “a eso responden las políticas privatizadoras de los últimos años”.

Indicó que se requiere una reforma energética acorde a los intereses del pueblo y que la iniciativa enviada por el Ejecutivo es positiva, correcta y de beneficio, la cual “los electricistas estamos dispuestos a defender”. Agregó que se cumplirán los compromisos internacionales y no habrá desabasto de energía ni incremento irracional de tarifas

Carlos de María, vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Energético (AMDE), explicó que el crecimiento industrial y de población en el país requiere una demanda de satisfacción eléctrica muy importante. Imponer un modelo monopólico ante la realidad, dijo, es incompatible y no cumplirá las metas en materia eléctrica.

Consideró que la inversión privada es algo positivo y favorable para el desarrollo del país porque ha logrado incrementar la base de generación para la CFE, mejora las tecnologías, hace los procesos competitivos y da contratos equitativos. Además, ha logrado que los productos y empresas mexicanas sean más competitivos. “El Estado debe ser el rector, pero con colaboración de los sectores privados, públicos y sociales”.

Nicolás Domínguez, maestro en Física por la UNAM y doctor por la Universidad de Texas, comentó que en nuestro país el 10 por ciento de las empresas particulares del sector controlan el 40 por ciento de la generación privada, a las cuales no les gusta la competencia, pero su principal competidor, que es la CFE, la subsidia. Además, a pesar de las promesas de uso de energías limpias, usan generadores de gas natural, lo que es parte de los engaños en que se basó la reforma energética de 2013.

Resaltó que esta reforma no expropia siquiera un metro de cable y deja a los productores que no hayan violado la ley un 46 por ciento de un negocio de 6.4 millones de millones de pesos, por lo que debe aprobarse “si se quiere evitar un futuro de velas”.

La economista, consejera independiente y asesora en temas de energía, Monserrat Ramiro, subrayó que se necesita tener acceso a las energías limpias con precios competitivos. La iniciativa que se discute hoy, añadió, tendrá cambios e implicaciones profundos en el lugar que tiene México en el mundo, sus compromisos internacionales, comerciales, ambientales, pero sobre todo su capacidad para proveer a las y los mexicanos las condiciones para desarrollarse con salud y bienestar.

Consideró que “lo que la iniciativa puede generar, es que México se quede rezagado en su capacidad de generar suficiente energía y competir en el mundo, y no se cumpla al ciudadano el derecho a un medio ambiente sano; la propuesta está sustentada sobre primicias falsas”.

Manuel Ornelas, jefe de oficina de Medición y Servicios, de la CFE en Puerto Peñasco, Sonora, afirmó que la reforma de 2013 sólo benefició a la iniciativa privada, no disminuyó las tarifas para los consumidores, ni dio orden a la transición energética. Indicó que es necesaria una base constitucional y un organismo ejecutor que lleve a cabo las actividades que garanticen la seguridad energética del país, lo que se puede lograr a través de la reintegración de la CFE.

Al hablar a favor de la iniciativa, dijo que se requiere que el Estado regule al sector, garantice el suministro como derecho humano y lleve a cabo una transición energética ordenada, sustentable, soberana y acorde a las condiciones del mercado eléctrico mexicano. El cambio propuesto, expuso, promueve la utilización de energías limpias pero de manera ordenada y priorizando la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.