Con el objetivo de evitar abusos en los depósitos de vehículos y por la prestación del servicio de arrastre por concesionarios de grúas, el diputado Fernando Sánchez Sasia, ante el Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado, presentó una Iniciativa de Decreto para realizar reformas a la Ley del Transporte del Estado de Puebla con el propósito regular las tarifas de cobro por asistencia a los ciudadanos.

En el uso de la tribuna, argumentó que las quejas de los ciudadanos son en el sentido de que los cobros en los corralones y por el servicio de grúas, en la mayoría de las denuncias, las cantidades sobrepasaban los costos de los daños por una falla mecánica o daños materiales provocados por un accidente.

Por lo anterior, propuso que los concesionarios del servicio de grúas y los encargados de los corralones cuenten con un catálogo con las tarifas o costos por los servicios que se presten y que estos precios estén exhibidos o en su caso al alcance de la mano de los ciudadanos para evitar ser sorprendidos.

Estas disposiciones deberán de ser acatadas por los encargados de los depósitos de vehículos y los concesionarios de las grúas, ya que de no hacerlo contarán con un plazo de 10 días hábiles de lo contrario se proceda a la revocación o cancelación de los permisos o concesiones.

En la misma sesión, el diputado Fernando Sánchez Sasia presentó un exhorto para que la Secretaría de Movilidad verifique que las unidades del transporte público de la zona metropolitana y del interior del estado cuenten con las tarifas actualizadas en lugares fijos y visibles, así como en las bases de las terminales de transferencia.

En el documento, el legislador también solicita exhortar respetuosamente a la Secretaría de Movilidad y Transporte, para que, en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo una minuciosa inspección de todos y cada uno de los vehículos del servicio público de transporte masivo y colectivo, tanto de la zona metropolitana de Puebla, como del resto del Estado, con el objeto de verificar que las tarifas autorizadas, se encuentren fijas y en lugares visibles y estas se respeten por los choferes.

Por su parte, el diputado José Armando García Avendaño presentó ante el Pleno de la LX Legislatura una Iniciativa de Decreto por el cual se plantea adiciones al nombre de la Ley del Transporte, para que en el ámbito de su competencia se incluya el concepto de movilidad y con ello, ampliar sus atribuciones con el fin de garantizar la movilidad de los usuarios y personas con discapacidad, así como también de mercancías.

En la iniciativa que formulan los diputados Guadalupe Esquitín Lastiri, Carlos Alberto Morales Álvarez, Uruviel González Vieyra y Liliana Luna Aguirre se plantea la creación de programas para la planificación y desarrollo para la movilidad y transporte, los cuales serán vigilados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para su aplicación.

Además, se propone fomentar el uso de transporte no motorizado y garantizar los medios para los traslados de los ciudadanos en unidades equipadas para prestar el servicio de las personas con discapacidad.

El diputado Raúl Espinosa Martínez presentó una reforma la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla, respecto al uso de cañones antigranizo, a fin de que la dependencia correspondiente reciba las denuncias, cuando esta herramienta cause daños en diversos municipios impidiendo la lluvia.

El legislador alertó en tribuna sobre los efectos negativos que provoca la utilización de los cañones antigranizo, los cuales evitan la lluvia, alejan la humedad y generan contaminación atmosférica, los municipios que están reportando afectaciones por el uso de este aparato son Huejotzingo, Coronango, Cuautlancingo y Libres.

Las iniciativas fueron turnadas a la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático para su estudio, análisis y dictaminación.

La diputada Nancy Jiménez Morales presentó reformas a la Ley del Agua para garantizar la calidad del vital líquido para consumo humano en Puebla buscando la creación de una política social que involucra los municipios y de esta forma armonizar este ordenamiento con la Ley Nacional de Aguas y Saneamiento.

Así mismo, se plantea la creación de programas para asegurar la distribución y calidad del agua en el estado de Puebla para consumo humano en las ciudades y municipios; asimismo, en las acciones se debe también plantear una serie de estímulos económicos para los ciudadanos que hagan buen uso del líquido.

La iniciativa fue turnada a la Comisión del Medio Ambiente y Cambio Climático para su estudio, análisis y dictaminación.