Para analizar los avances y los retos de la participación política de las mujeres en América Latina y México, así como el efecto del incremento de la presencia de ellas en los espacios de toma de decisiones, se llevó a cabo el “Seminario de la representación descriptiva a la sustantiva: avances y desafíos en la agenda para la igualdad”.

En el encuentro organizado por el Instituto Belisario Domínguez, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz destacó que la violencia política de género es una de las problemáticas más presentes, así como lograr la paridad en todos los cargos de representación.

Subrayó que, como senadora, su agenda esta basada en las mujeres, pero tambien en los sectores sociales más vulnerables, por lo que una de las propuestas legislativas que presentó en ese sentido es la de seguridad social para las trabajadoras del hogar.

Para lograr avanzar en esta propuesta, la legisladora de Acción Nacional invitó a compañeras de otras bancadas a firmar el proyecto, a fin de lograr el consenso y fortalecer la reforma.

Necesitamos legislar para reducir la desigualdad, porque falta observar los problemas de las regiones rurales, como en el caso de las jornaleras agrícolas, ejidatarias, comuneras, así como en los usos y costumbres, para que en esas zonas haya más mujeres alcaldesas, expresó.

Lorena Vázquez Correa, investigadora del IBD, expuso que las políticas para la igualdad de género son el eje rector del sistema político mexicano y de las democracias constitucionales en América Latina.

Agregó que en el Senado de la República el asunto más legislado en el Congreso de la Unión en lo que va de la LXV Legislatura es la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como los asuntos de seguridad pública y salud; mientras que, en la Legislatura anterior, la igualdad sustantiva fue el segundo asunto más legislado.

Vázquez Correa recordó que actualmente el Banco de México es gobernado por una mujer; por primera vez en la historia del país hay nueve gobernadoras ejerciendo el cargo simultáneamente; y 54 por ciento de los escaños en los Congresos locales están integrados por mujeres, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral.

La Cámara de Diputados, continuó, está integrada paritariamente por producto de una resolución jurisdiccional, y 65 diputaciones pertenecen a grupos históricamente discriminados como las personas indígenas y afromexicanas, de la diversidad sexual, con discapacidad y personas migrantes.

“Las legisladoras están cambiando la manera de poder entre mujeres y hombres y dieron pasos firmes en la construcción de la democracia paritaria e incluyente; sin embargo persisten desafíos para la construcción de un México más justo e igualitario”, subrayó.

En tanto, María Silva Rojas, magistrada presidenta de la Sala Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que dentro de los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en los cargos políticos es el de no poder ejercer el poder, o el poco apoyo de los partidos en candidaturas y recursos económicos.

Pero el mayor obstáculo que se presenta desde los medios de impugnación en el ejercicio del cargo, planteó, es la violencia política, lo cual afecta desde el número de propuestas legislativas que pueden hacer, hasta las negociaciones con otras mujeres para tratar de pasar una agenda de género que defienda sus derechos.

Jennifer Piscopo, investigadora del Occidental College de Estados Unidos y especialista en paridad de género y representación política de las mujeres en América Latina, destacó los avances en la región y en México, al colocarse a la vanguardia en el tema como un ejemplo en el mundo.

Sin embargo, dijo que los números no son suficientes para eliminar las jerarquías de poder, ya que las dinámicas masculinizadas afectan la aprobación de leyes para la igualdad, como sucedió cuando las legisladoras en México pusieron en la agenda la reforma constitucional de paridad de género.

Piscopo refirió que algunas investigaciones señalan que cuando hay más mujeres en los congresos avanzan temas como la inversión en infraestructura social, servicios de salud y del cuidado, así como la expansión de licencias en maternidad y paternidad.

Foto: Senado