Senadoras, senadores, especialistas, autoridades y representantes de organizaciones civiles analizaron la iniciativa para incorporar el derecho a la movilidad en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, explicó que presentó este proyecto para construir entornos seguros, con criterios mínimos de seguridad en espacios escolares y públicos.
La reforma, agregó la presidenta de la Comisión de Organismos Internacionales, atiende la grave crisis de salud pública que representan las lesiones por siniestros viales en el país, principal causa de muerte entre personas de cinco a 29 años. “Ninguna de estas muertes es aceptable ni debemos normalizarlas”, acotó.
De la Sierra Arámburo dejó en claro que muchos de los accidentes viales son provocados por el diseño, infraestructura y falta de medidas de seguridad que no consideran las necesidades y riesgos que enfrentan los menores.
Por ello, destacó que la iniciativa busca que las autoridades hagan cumplir las medidas de reducción y control de velocidad, el uso de sillas de retención infantil y de casco, así como asegurar la responsabilidad de padres y madres en la aplicación de estas medidas.
La senadora Patricia Mercado Castro, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, destacó que la propuesta es la primera de un conjunto de armonizaciones que se plantearán para la inclusión del derecho a la movilidad en diferentes leyes.
Aseguró que lo primordial es evitar que 16 mil personas mueran y que todo lo que existe alrededor de un siniestro pueda ser evitado.
La senadora Estrella Rojas Loreto, del PAN, indicó que en México cada día mueren atropellados tres menores; y que 70 por ciento de los accidentes suceden a pocos metros de los padres o de quienes son sus cuidadores.
Además, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, recordó que en la Constitución de la Ciudad de México se definió perfectamente el tema de la movilidad, como un derecho para garantizar condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad.
El representante de la OPS/OMS en México, Miguel Malo, precisó que con este proyecto se da la oportunidad de fortalecer el marco jurídico para la protección de los grupos más vulnerables.
Hizo un llamado para que no se permita el traslado de población infantil en motocicletas, de 10 años de edad o menos, tampoco que menores de 15 años las conduzcan, así como incluir medidas que garanticen la protección de menores en caso de atropellamiento.
A su vez, Tania Ramírez Hernández, directora Ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), recalcó que este dialogo posibilita el ejercicio de derechos de la tercera parte de la población.
Foto: Senado
