Uno de los grandes desafíos legislativos a los que se enfrenta México es cómo evitar que todos los días se asesinen a 10 mujeres, que desaparezcan seis mujeres diarias, se registren 52 víctimas de violación y se presenten 650 denuncias por violencia de género, aseguró la senadora Estrella Rojas Loreto.

La legisladora del PAN inauguró el foro “Nuevos enfoques legislativos sobre violencia de género en México”, organizado por el Senado de la República y el Instituto Republicano Internacional, que tiene como objeto visibilizar los pendientes normativos para enfrentar la violencia en contra de las mujeres.

Rojas Loreto aseguró que este flagelo es un tema sin resolver para las naciones, porque “la realidad es que las mujeres siguen siendo víctimas de violencia, por el sólo hecho de serlo”.

“Es innegable que el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres ha estado enmarcado por una dinámica de exclusión, sometimiento y lucha constante para transformar su entorno, por ello es importante cada paso que se dé, para garantizar, promover y respetar nuestros derechos fundamentales”.

En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, la senadora Estrella Rojas reconoció que la lucha de este género hacia el pleno reconocimiento de sus derechos no ha sido fácil y la violencia contra las mujeres es un asunto que no se ha resuelto, por eso la importancia de este tipo de foros.

Manifestó el compromiso de los y las legisladoras de trabajar para que las mujeres tengan mejores condiciones de vida y, en este sentido, recordó que se ha avanzado en reformas como inscribir en la Constitución el principio de paridad.

Hemos tipificado, agregó, la violencia política, la digital, la mediática, las lesiones con ácido y la violencia por interpósita persona.

“Se han expedido los lineamientos para las alertas de violencia de género y se ha legislado para delinear las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia. Se incluyó en la Ley de la Fiscalía General de la República, una fiscalía especializada en materia de feminicidios y se logró el consenso para que ningún violentador ni deudor alimenticio moroso logren un cargo público”.

Rojas Loreto aceptó que México necesita mejores gobiernos y las mujeres deben estar en la toma de decisiones: hoy necesitamos, en el Poder Judicial, ministras, magistradas y juezas que defiendan su autonomía e independencia en la impartición de justicia.

“También necesitamos que, desde el Poder Ejecutivo, las secretarías de Estado ejerzan sus funciones con perspectiva de género y no permitan que se mine el presupuesto para las políticas públicas dirigidas a la atención de las mujeres y, desde el Legislativo, que se priorice una agenda libre de violencia para que las mujeres podamos salir a la calle y sentirnos seguras”.

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado Castro, abundó que uno de los temas en los que trabaja el Congreso mexicano es la erradicación de la violencia y el acoso en el mundo laboral; por ello en el Senado, señaló, ratificamos el Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo.

Patricia Mercado detalló que en nuestro país, cada hora renuncian 12 personas a su trabajo remunerado por cuestiones de acoso y violencia, de éstas, siete de cada 10 son mujeres.

“En 2021, más de dos millones de mujeres en México señalaron que habían vivido distintas formas de violencia en el trabajo, y en ese año renunciaron 95 mil a sus puestos laborales. Mientras que en 2022, 109 mil personas abandonaron el empleo y aseguraron que recibieron maltrato psicológico, amenazas o agresiones físicas”.

En este sentido, la senadora resaltó la necesidad de legislar para erradicar la “normalización” de la violencia en los centros de trabajo, porque la gran mayoría de las mujeres no denuncia y prefiere renunciar.

La exsenadora Angélica de la Peña dijo que es necesario exigir rendición de cuentas de la aplicación del marco jurídico y uno de los grandes retos es la prevención.

Cabe mencionar que en el foro participaron legisladoras de Colombia, Ecuador y Bolivia, que buscan institucionalizar la participación política e inclusiva de las congresistas, así como abordar las necesidades de las mujeres en el proceso de formulación de políticas públicas.

Foto: Senado