Diputadas y diputados integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados analizaron en parlamento abierto el dictamen que reforma los artículos 21 y 73 de la Constitución en materia de seguridad privada.

En un comunicado, indicaron que la iniciativa tiene por objetivo lograr la armonización de la legislación en la materia en los tres órdenes de gobierno.

La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que el objetivo es tener un marco jurídico homogéneo en cuanto a procedimientos, requisitos, criterios, equipo y registros de los prestadores de servicios, además de aportar información al Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Durante el parlamento virtual, que contó con la participación de representantes del sector empresarial, la academia y la administración pública, la diputada destacó la importancia de dicha reforma, ya que «se tendrá certeza de los prestadores de servicios de seguridad privada y del equipo que usan, lo que evitará que se cometan ilícitos por sujetos ajenos a la ley”.

Comentó que la propuesta de reforma, además de identificar a los sujetos que aplicará la nueva normativa, faculta al Congreso de la Unión a legislar esta materia, respetando la concurrencia de la federación, entidades federativas y municipios.

Además, favorecerá la actividad económica, “pues quienes se dediquen a esta actividad tendrán la certeza de un marco normativo coordinador, lo que les dará total certidumbre para invertir, independientemente de la entidad federativa o municipio en que se encuentren”.

Alavez Ruiz precisó que la seguridad pública es un tema de la mayor importancia para la ciudadanía, sumamente complejo, con diversas vertientes, por lo que «es necesario resolver este vacío normativo en materia de seguridad privada en beneficio del Estado de derecho y de la paz y tranquilidad de la población».

“La seguridad privada es un tema de seguridad pública, así lo señalan los múltiples precedentes que ha emitido al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que deben quedar en la legislación secundaria plenamente definidos los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno”, expresó.

Por su parte, la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, consideró que la regulación a la seguridad privada debe ocurrir a partir de las necesidades de la sociedad actual, lo que implica definir su papel como coadyuvante en las actividades de mantenimiento de la paz y protección de la sociedad.

En ese sentido, señaló que el marco normativo bajo el que actualmente se regula es totalmente insuficiente, disperso e incluso contradictorio, lo que dificulta el establecimiento de un estándar para el ejercicio de esta actividad, pues sólo a nivel estatal, cada entidad federativa posee una ley cuyos contenidos coinciden poco o nada.

Señaló que la transformación acelerada de la sociedad mexicana trajo consigo nuevos retos en materia de seguridad, particularmente en las instancias auxiliares, lo cual evidenció la urgente necesidad de modernizar y fortalecer las capacidades de regulación en la materia, “que permitan establecer mecanismos adecuados y coordinación-corresponsabilidad, sin dejar en abandono al sector que mucho fortalece a los aspectos de prevención en el país”.

En su oportunidad, el diputado Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), resaltó que este ejercicio de diálogo es un esfuerzo democrático de comunicación esencial con los sectores involucrados, pues se pretende alcanzar, mediante el consenso, una reforma integral en la materia.

“Es fundamental escuchar la voz, la opinión y punto de vista de quienes se van a ver beneficiados o afectados en la toma de decisiones, para que la reforma al artículo 73 constitucional y al 21 realmente contengan la voz de las y los mexicanos que están involucrados en los temas de seguridad privada”, dijo el también coordinador del Grupo Parlamentario de Morena

Por último, la diputada Aleida Alavez expresó que las opiniones vertidas en este encuentro permitirán una norma que homologue los criterios correspondientes al sistema de seguridad privada en todo el país y, de esta manera, coadyuvar a contrarrestar el flagelo que nos ha venido lacerando la vida pública en el país, la delincuencia.

El Parlamento Abierto contó con la participación de especialistas y representantes del sector empresarial, académico y de la administración pública, quienes apuntaron la importancia de regular y homologar el marco legal de seguridad privada con el objeto de evitar que haya corrupción y abusos de autoridad en materia.