La ciencia es un bien que pertenece a los mexicanos y la Constitución establece un marco propicio para darle centralidad, junto con la tecnología y la innovación, por lo cual es necesario contar con una ley general en la materia que sea coherente con ese mandato, coincidieron en señalar especialistas de instituciones educativas de nivel superior, públicas y privadas.

Durante el Foro Interuniversitario Jornadas de reflexión sobre el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación que demanda el futuro, convocado por diez casas de estudio e investigación, Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señaló: una de las preocupaciones en torno al proyecto de ley es la plena garantía de la libertad de investigación y de cátedra, contempladas en la Carta Magna, como condición necesaria para un buen desempeño del quehacer académico en esos ámbitos del conocimiento.

Esa libertad podría verse condicionada, conculcada o al menos restringida, cuando se contemplan figuras como la agenda y el consejo de Estado, el cual establecería las prioridades temáticas que serían apoyadas con recursos para ser desarrolladas por las instituciones de investigación, y eso supone la exclusión de aquello que no se considere prioritario, así como la reducción de ciertas temáticas de interés científico, humanístico y tecnológico, advirtió.

En el Artículo 3º de la Constitución se establece el derecho a la educación, a la libertad de cátedra, a la investigación y al acceso de sus resultados, por lo que deben leerse con una perspectiva de interdependencia y potenciarse en su conjunto, expuso.

En la sesión virtual moderada por David Romero Camarena, del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, Fausto Kubli García, profesor de la Facultad de Derecho también de esta casa de estudios, recalcó: no hay una economía fuerte sin una política científica sólida. El apoyo a esta última no solo permite el desarrollo sustentable, sino social y humano.

A partir del 15 de mayo de 2019, recordó, se establece el derecho humano a la ciencia, a gozar de sus beneficios y al estímulo de ese sector; no obstante, hay que crear normas de desarrollo de ese precepto donde se fortalezca, por ejemplo, la libertad de investigación científica.

Sugirió revisar el proyecto de ley de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, y Prociencia, que plantea una alternativa, la cual fue presentada al Senado de la República, con virtudes como la transversalidad de los derechos a la ciencia, la educación y el reparto equitativo de recursos públicos con rendición de cuentas, entre otros.

Para la vicerrectora académica de la Universidad Iberoamericana, Sylvia Schmelkes del Valle, la ciencia no puede ser un derecho humano sin las condiciones necesarias para realizarla. Es decir, con la garantía de libertad de investigación y respeto irrestricto a la autonomía de las instituciones educativas que la efectúan, lo cual supone necesariamente el respaldo del Estado a partir de su obligación mandatada por la Constitución.

Excluir a los investigadores de las instituciones privadas del derecho de competir a partir de sus méritos por los estímulos a la investigación del Sistema Nacional de Investigadores, atenta contra esta forma de concebir el derecho a hacer ciencia, afirmó.

En la mesa “El mandato de la Constitución: Garantizar el derecho humano a los beneficios de la CTI”, Andreas Schedler, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, consideró que el anteproyecto plantea una ley que carece de base científica e insiste de manera casi exclusiva en la utilidad práctica de la ciencia, pero no pondera fines y medios.

No se toma en serio el derecho constitucional de acceso universal a los frutos de la ciencia, y se protege solo de manera retórica. En cambio, propone asumir el control central de la agenda científica del país en nombre de un derecho imaginario, elusivo e imposible de garantizar desde la cúspide del poder político, opinó.

Josefina Cortés Campos, académica del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, expuso que tanto instituciones públicas como privadas están llamadas a hacer posible el derecho humano a la ciencia y a la tecnología, y a ser productoras de innovación y enriquecimiento de ellas.

En ese sentido, prosiguió, cualquier proyecto de ley o norma secundaria que desconozca la función, el papel y la responsabilidad que tienen las instituciones privadas en la consecución de ese derecho, tendría claramente un problema de constitucionalidad.

En su oportunidad, Margarita Teresa de Jesús García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, estimó que el anteproyecto de ley no parte de una plataforma en la que se pueda definir si se tiene claro qué ciencia se necesita en México en el 2021, ni tampoco de las acciones realizadas en las décadas previas con respecto a la ciencia y la tecnología.

Se requiere una estructura participativa; sin embargo, a las universidades no se les está considerando protagonistas de la generación de conocimiento.

En sus comentarios, Alejandro Monsiváis Carrillo, investigador de El Colegio de la Frontera Norte, destacó que existe una brecha entre lo que mandata la Constitución y la actual oferta para generar los instrumentos que hagan de la ciencia, la tecnología y la innovación un derecho humano, un bien público del cual pueda beneficiarse la sociedad mexicana.

Para ello se requiere una deliberación pública, organizada bajo distintos esquemas para alcanzar consensos acerca de esas normas e instituciones que nos permitan estar a la altura de lo que nos pide la Constitución. “Confío en que la comunidad académica y científica sea escuchada y podamos tener incidencia en el proceso legislativo, para que la figura que actualmente se discute como una posible futura ley de ciencia y tecnología, sea efectivamente el instrumento que se requiere”.