El Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria analizó con especialistas el documento “Reforma al Sistema Universal de Pensiones”, el cual contempla aportaciones del Coneval, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, del Centro de Estudios “Espinosa Yglesias” y del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

En la reunión a distancia, se informó que el documento formará parte de lo que el Grupo de Trabajo entregará el 15 de agosto, en temas de salud, educación, sistema de cuidados, inversión hídrica y seguridad; sobre el Instituto de Estudios Hacendarios, la Convención Nacional Hacendaria, la Reforma Universal a Pensiones y la reestructura tributaria.

El coordinador del Grupo de Trabajo, diputado Alfonso Ramírez Cuellar (Morena), expresó que el tema de las pensiones se debe seguir debatiendo en el país, porque hay un problema serio que se deriva del actual esquema y del costo que tiene un financiamiento sustentable, tanto para resolver los problemas de las pensiones contributivas y de las no contributivas.

Indicó que se están discutiendo todas las propuestas para modificar el esquema tributario y un tema fundamental es el que se refiere a todo el Sistema Nacional de Pensiones y la parte relacionada con la estructura del pacto fiscal que en estos momentos hay en el país y que requiere ser discutido, analizado y reformado.

Anunció que la próxima semana se iniciará la discusión de los borradores para que el 15 de agosto, con la participación de todas las instituciones educativas, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, grupos parlamentarios y legisladoras y legisladores, el Grupo de Trabajo entregue un documento final con las reflexiones y los resultados de los debates que ha organizado a partir de su constitución en marzo pasado por mandato de la Junta de Coordinación Política y el Pleno de la Cámara de Diputados.

Ramírez Cuéllar hizo votos para que este encuentro abone a obtener un buen diagnóstico y, sobre todo, propuestas que ayuden a reformar el Sistema Nacional de Pensiones y solucionar uno de los grandes desafíos que se tienen en materia de financiamiento.

Al exponer su propuesta, Héctor Villareal Páez, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, dijo que se tendría que revisar cuál es el tope máximo de pensiones del sector público no fondeadas, hablar de un sistema nacional de pensiones y de una ley marco que rija al sistema completo. “A nivel fiscal lo que estamos viviendo con las pensiones ya es una tragedia y si no se arregla, no estamos hablando de efectos de uno o dos años, fiscalmente podemos matar a una generación completa”.

“Nosotros traemos proyecciones de que en 2024, el gasto federal en pensiones, incluyendo la no contributiva, puede pasar el 6.5 por ciento del PIB; si nos vamos a otros compromisos como el servicio de deuda va a meter al sistema fiscal en una situación complicada y puede haber una serie de riesgos sistémicos que terminen dañando al sistema fiscal completo y pongan en riesgo a la economía del país”, agregó.

Del Centro de Estudios “Espinosa Yglesias”, Enrique Díaz Infante señaló que el problema de pensiones no sólo es de sostenibilidad, también de fragmentación, cobertura y desigualdad, por lo que llamó a generar ingresos recurrentes para financiar este tipo de gasto. “No podemos seguir queriendo financiar un gasto constante, como las pensiones, con ingresos extraordinarios, como el petróleo”.

Indicó que para 2025 será mayor la población dependiente que la no dependiente; además, hay problemas en la formación de capital humano y físico. “Se debe hacer un inventario de todos los sistemas de pensiones y hacer un cambio actuarial sobre cuánto es el pasivo que existe a nivel estatal. Nuestra propuesta es un Sistema de Seguridad Social Universal que sea financiado por impuestos generales, producto de una reforma hacendaria”.

Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la AMAFORE, comentó que se debe apoyar al sector informal, es decir a los trabajadores independientes que no están adscritos al Seguro Social. “Yo creo que esta herramienta del ahorro voluntario puede ser muy poderosa para este tipo de trabajadores que les permita comprar semanas de cotización y financiarse una pensión”.

Verónica González, del Instituto Mexicano de la Radio, expresó que se debe utilizar el sistema de ahorro para lo que es y que debería complementar las pensiones. “Tenemos un esquema súper definido, hoy en día en el Seguro Social solamente el 33 por ciento de los cotizantes cotiza arriba de 4 UMA’s. Cuál es nuestra prioridad que por lo menos que de 0 a 4 UMA’s puedan tener una pensión que sea solventable”.

También del Instituto Mexicano de la Radio, Federico Rubio se manifestó por crear un Sistema Nacional de Pensiones, el cual contemple el ahorro para el retiro. Expuso que existe un problema con las Afores, porque las comisiones son muy elevadas, ya que es un absurdo plantear un promedio de ellas. “Se debe buscar un mecanismo más eficiente, eficaz y efectivo para promover la rendición de las comisiones en las Afores. Hay que profundizar en los esquemas de ahorro voluntario y lograr que funcionen”.

Por Coparmex, Virginia Ríos Hernández sugirió incrementar paulatinamente la edad en el derecho a una pensión por cesantía y vejez, así como la pensión por desempleo y la que da el Gobierno y que no es contributiva. Afirmó que las Afores tienen un buen funcionamiento y gran parte de las y los trabajadores “no estarían de acuerdo en que esos recursos se usaran para financiar o hacer pagos de la pensiones de otras personas”.

Gerardo Castillo Ramos, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, señaló que el mercado laboral tiene muchas implicaciones sobre el alcance y la viabilidad del sistema de pensiones. Asimismo, comentó que mucha de la precariedad del mercado laboral informal está ubicada en los micros negocios y en las pequeñas empresas, donde no hay acceso a seguridad social ni a otras prestaciones.

El vicepresidente de Asuntos Fiscales de la Concanaco, Juan Carlos Ramírez Góngora, llamó a tomar decisiones rápidas y certeras. Afirmó que lo que prevalece en el país es la economía informal, pues seis de cada diez trabajadores se encuentran en ella, además de que gobiernos estatales y municipales destinan cantidades importantes a la parte social. “Necesitamos establecer un sistema para logar que esa economía también contribuya, o fijar un régimen tributario para ellos”.