La Comisión Especial de Seguimiento a la Implementación del T-MEC sostuvo una reunión con el juez Jonathan Bass Herrera, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral del Consejo de la Judicatura Federal, para conocer el avance de la reforma en materia de justica laboral.

La presidenta de la Comisión, Claudia Ruiz Massieu Salinas, reconoció que la puesta en marcha de las reformas a la Constitución y al orden jurídico secundario en materia laboral, particularmente en el campo de la aplicación de justicia del trabajo, es esencial para cumplir con los compromisos que México adquirió al firmar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

Conocer a detalle el avance en la implementación de la reforma, puntualizó, nos permitirá estar preparados para defender los interese nacionales, en el marco del acuerdo regional, ante eventuales diferencias y controversias con nuestros socios comerciales.

“En esta Comisión Especial sabemos que la implementación exitosa del T-MEC requiere de la colaboración y la coordinación entre todos los Poderes de la Unión, los tres órdenes de gobierno, el sector privado y la sociedad civil”.

La instrumentación de la reforma en materia de justicia laboral es un desafío sin precedente para el Poder Judicial, apuntó Ruiz Massieu. Reiteró que es necesario identificar, como Poder Legislativo, dónde podemos hacer un acompañamiento más efectivo para ayudar a que este proceso sea más ágil.

Jonathan Bass Herrera, en tanto, dijo que la reforma en materia de justicia laboral tiene el objetivo de garantizar la libertad sindical y la negociación colectiva; promover la igualdad de partes dentro del procedimiento; así como aumentar la certeza jurídica y la confianza en este tipo de justicia.

Además, busca propiciar el contacto directo de juezas y jueces con las partes; reducir sustancialmente la duración promedio de los juicios laborales; e implementar un modelo procesal público, gratuito, oral y conciliatorio.

La Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral, detalló, estableció un plan con tres etapas de implementación y la apertura de tribunales para atender conflictos laborales individuales y colectivos en diversos estados. La primera etapa estaba proyectada para iniciar el 1 de octubre de 2020; sin embargo, la emergencia sanitaria obligó a postergar este inicio hasta el 18 de noviembre de 2020.

El Plan de Implementación cuenta con diversos ejes rectores como emplear tecnologías de la información y la comunicación, es decir, el uso de plataformas digitales en tribunales; la creación de Juzgados de Distrito Especializados; y el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento.

También, buscan fomentar una defensa adecuada, es decir, contar con la participación del Instituto Federal de la Defensoría Pública; la formación y selección de operadores, en la que, en primera instancia, se buscaba capacitar en materia laboral al mayor número de personas, para después abrir concursos de oposición abiertos para cubrir las plazas disponibles.

Derivado de los concursos, agregó Bass Herrera, 45 juezas y jueces han sido designados para las nueve entidades federativas de la primera etapa de implementación, además de 249 plazas entre actuarias y actuarios, secretarias y secretarios, así como oficiales judiciales y analistas jurídicos.

Informó que, hasta el 9 de marzo, han atendido 211 casos en el Estado de México; 206 en Campeche; 110 en San Luis Potosí; 104 en Tabasco; 93 en Zacatecas; 88 en Hidalgo; 86 en Chiapas; 69 en Durango; y 45 en la Ciudad de México.

Al presentar sus inquietudes, el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, presidente de la Comisión de Minería e integrante del PT, pidió que expresara su opinión sobre la reforma de igualdad salarial, aprobada hoy en el Senado de la República, y si ésta generará demandas.

Jonathan Bass explicó que, con la reforma La Ley Federal del trabajo de 2012, se estableció un concepto de igualdad sustantiva donde se señala el acceso a las mismas oportunidades, por ello, dijo, la mayor parte de las controversias que se pudieran recibir, serán resueltas por Centro de Conciliación de Registro Laboral, en un máximo de 45 días.

En tanto, Margarita Valdez Martínez, de la bancada de Morena, dijo que muchos de los programas estatales fracasan por no darles seguimiento y cuantificar los resultados.

El funcionario afirmó a través de plataformas digitales y sistema integral de gestión de expedientes se puede cuantificar el número de casos que se ingresan. Destacó que el Centro de Conciliación de Registro Laboral ha trabajado de manera excepcional, ya que, anteriormente, el 15 por ciento de las controversias eran resueltas por medio de un arreglo, ahora, oscila entre el 45 por ciento.

A su vez, la senadora del PRI, Verónica Martínez García, pidió conocer la estrategia para enfrentar el nivel de rezago de cara a la transición al nuevo modelo de justicia laboral.

El titular de la Unidad explicó que los tribunales que iniciaron funciones el 18 de noviembre de 2020 iniciaron con “carga cero”, por lo que los trámites que se presentaron en las juntas locales antes de esa fecha deberán ser resueltos por las instancias donde se presentaron.

“Como poder judicial Federal no intervenimos de ninguna manera en los expedientes que ellos tienen porque fueron registrados en el sistema anterior, bajo reglas procesales anteriores, no podemos intervenir en sus funciones”, expresó.