América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la crisis generada por la covid-19, cuyo impacto se registra especialmente en los grupos más vulnerables y donde la pobreza y la pobreza extrema alcanzan niveles no observados en los últimos 12 y 20 años, ya que el producto interno bruto (PIB) se contrajo aproximadamente siete por ciento.

Así lo revela el reporte “Perspectivas económicas de América Latina 2021”, elaborado y expuesto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, documento que establece las diferencias en el comportamiento de las naciones de la zona.

Durante la presentación, el director de la Facultad de Economía, Eduardo Vega López, explicó que para afrontar esta crisis no existe un sólo enfoque o solución que garantice una recuperación sólida, sostenible e inclusiva.

En México, según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tenemos mayores números de personas en pobreza extrema ahora de lo que teníamos dos años atrás, además de problemas en términos de desigualdad en derechos humanos básicos e imprescindibles, garantías constitucionales, en particular igualdad de género, detalló.

“La información que tenemos, y la que entrega la OCDE, es que la especialización laboral de las mujeres en AL, México y el mundo ha sido provechosa, pero es en la que se ha concentrado la mayor pérdida de empleos formales remunerados y entonces tenemos un desempleo masivo asociado a la pandemia y sus efectos recesivos profundos, pero específicamente en desmedro de las mujeres”, agregó Vega López.

A su vez, el director del IIEc de la UNAM, Armando Sánchez Vargas, destacó que el informe evidencia que las economías de ALC presentan serios problemas como la pobreza, desigualdad, falta de empleo y acceso a servicios básicos.

“La tasa de pobreza extrema se incrementó a 12.5 por ciento en la región y la tasa de pobreza se situó a más de 33 por ciento, es decir, una persona de cada 10 cayó en pobreza extrema; en esa medida el diagnóstico es crudo, pero se debe tomar en cuenta por los países de AL”, comentó el también investigador.

El economista recalcó que la crisis sanitaria por la COVID-19 puso a prueba la capacidad de reacción de los hacedores de política económica para diseñar y aplicar medidas que conlleven a una recuperación integral y sostenible. Varias naciones implementaron proyecciones de alivio tributario, reasignación presupuestaria para fortalecer los sistemas de salud pública, gasto adicional y la facilitación del acceso al crédito en condiciones favorables, para resarcir el impacto de la crisis de la COVID-19 en hogares y empresas.

“La recuperación económica tendrá que logarse y ojalá que sea a partir de la combinación de políticas fiscales y monetarias encaminadas a generar empleos de calidad, fortalecer la estructura productiva y crear cadenas de valor regionales más fuertes, tal como lo sugiere el informe. Finalmente, hay que ver que en estos momentos la eficiencia en la vacunación de la población es uno de los factores más importantes que en la coyuntura debemos resolver para que se pueda tener una recuperación constante y sostenible a lo largo del tiempo”, destacó Sánchez Vargas.

Mario López-Roldán, de la OCDE, destacó que las “Perspectivas Económicas de América Latina 2021” –documento presentado en colaboración con la UNAM– materializa la cooperación estratégica con el organismo, ya que permite enviar el mensaje que ALC necesita mayor ayuda.

“El impacto económico ha sido enorme y desafortunadamente la pobreza y las desigualdades crecen en la región. Frente a esta crisis urge diseñar e implementar políticas eficaces basadas en la evidencia para consolidar una recuperación fuerte, sostenible e incluyente para transformar esta crisis en una oportunidad de relanzamiento”, expresó.

En tanto, Sebastián Nieto Parra, experto del Centro de Desarrollo de la OCDE y líder del estudio, expuso que la investigación recomienda incrementar la recaudación, pero sin poner en riesgo la recuperación económica ni el bienestar de la población, toda vez que se debe reducir la evasión y elusión fiscal ya que representan 6.1 por ciento del PIB.

Estas acciones, recordó, deben acompañarse de programas que fomenten la generación de empleos formales, e incluyentes de calidad, pues más de la mitad de los trabajadores de la región se desempeñan en la informalidad, de ahí la importancia de la colaboración estrecha entre el sector público y privado para lograr medidas de inversión que permitan generar empleos formales, tan necesarios para nuestros países.

En el informe se recomienda que mientras la pandemia no termine los gobiernos deben destinar el gasto público anticíclico en apoyo de la población más vulnerable, a la generación de empleo y las empresas. Cuando se haya controlado, deberá trasladarse de manera gradual al gasto de capital de largo plazo para impulsar la transformación productiva que tanto urge a los países de la región.

Además, la recuperación esperada de la zona debe transitar hacia una economía con bajas emisiones de carbono; es decir, transitar hacia energías renovables de manera urgente y sistemática.