Diputadas del PAN, PRI, MC y PRD anticiparon que sus grupos parlamentarios votarán en contra de la minuta del Senado de la República para ampliar dos años el periodo del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, pues es inconstitucional y constituye un golpe contra la independencia del Poder Judicial y la división de poderes.

Asimismo, respaldaron a representantes de organizaciones sociales en materia de derecho, quienes manifestaron su rechazo a la reforma y solicitaron a la Cámara de Diputados realizar un ejercicio de parlamento abierto para analizar a profundidad y con todos los actores interesados las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En videoconferencia, los activistas advirtieron que de aprobarse la minuta se generaría una grave crisis constitucional, además de que se vulneraría derechos de terceros, pues algunos ministros ya no tendrían posibilidad de aspirar a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La diputada Laura Rojas Hernández (PAN) cuestionó que el proceso legislativo en la Cámara de Senadores se haya realizado por la “puerta de atrás” e incluir una disposición para ampliar el periodo del ministro Zaldívar y otros miembros del Consejo de la Judicatura.

Indicó que las declaraciones del Presidente de la República de que el ministro presidente de la SCJN es afín a su proyecto de nación son muy graves para una república democrática como México.

Por ello, adelantó que el PAN no aprobará esta reforma que es a todas luces “inconstitucional y que vulnera la división de poderes. No cuenten con nosotros y en caso de que Morena avale esta reforma haremos todo para impedir este atropello constitucional”.

La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán (PRI) sostuvo que su grupo parlamentario no avalará este golpe a la democracia y al Estado de derecho, pues una normatividad secundaria no puede ir en contra de lo que expresamente estipula la Carta Magna.

Llamó a cerrar filas y defender con todos los argumentos posibles, pero también con todos los recursos legales a nivel nacional e internacional la independencia del Poder Judicial, el Estado de derecho, la Constitución Política del país.

“Se están desdibujando los límites que se tienen, y se están desdibujando también las barreras que nos defienden de caer en una dictadura y de caer en un autoritarismo, lo cual, por supuesto, de ninguna manera lo podemos permitir”, señaló.

La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de la bancada del PRD, convocó a todos los grupos parlamentarios y a la ciudadanía en general a defender la autonomía constitucional del Poder Judicial Federal y a no permitir que sea sometido al Poder Ejecutivo.

Asimismo, exhortó al ministro Zaldívar a que rechace el regalo que se le quiere hacer con la extensión de su presidencia al frente de la SCJN, pues tal pretensión es un ataque al mismo Poder Judicial y al Estado democrático de derecho.

Destacó que se busca aprobar esta reforma al Poder Judicial antes de concluir el actual periodo ordinario de sesiones, lo que sucederá al término de este mes, pero consideró necesario que se realice un parlamento abierto para escuchar la opinión de los diversos sectores de la sociedad.

Destacó que, en caso de aprobarse por la mayoría de Morena y sus aliados, las y los legisladores de oposición aún tienen el recurso de la inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual es muy factible que superen las 167 firmas requeridas.

La diputada Pilar Ortega Martínez (PAN) indicó que por ningún motivo debe avalarse esta disposición transitoria en esta reforma al Poder Judicial, ya que contraviene directamente a la Carta Magna.

“Avalar esto sería quebrantar nuestro Estado constitucional de derecho, el Estado democrático, lo que es muy grave”, señaló.

En ese sentido, comentó que es fundamental abrir el debate y escuchar a todas las voces en este tema y anticipó que hará la propuesta en la comisión que preside de realizar un ejercicio de parlamento abierto, dijo la presidenta de la Comisión de Justicia.

La diputada Martha Tagle Martínez (MC) subrayó que su bancada votará en contra de esta reforma que busca doblegar el Poder Judicial, lo que no sólo es inconstitucional, sino también inmoral.

Dijo que es primordial analizar y discutir la reforma de manera integral, por lo que se pronunció a favor de realizar un debate amplio en parlamento abierto y no aceptar ningún tipo de “albazo”.

Sin embargo, señaló que de concretarse la reforma al Poder Judicial, Movimiento Ciudadano se sumará a la defensa legal de la Constitución y el Estado de derecho.

A su vez, Claudia De Buen Unna, presidenta de la Barra Mexicana del Colegios de Abogados sostuvo que esta disposición que amplía la gestión del ministro Zaldívar es inconstitucional y cuestionó que haya sido avalada por senadores sin ser discutida en comisiones, pues no estaba incluida en la iniciativa original.

“No es acorde con la Constitución, que determina la no ampliación de plazos o no reelección, por lo tanto, es inconstitucional”, asentó.

Subrayó que, de avalarse esta reforma, algunos ministros ya no podrían aspirar a la presidencia de la SCJN, toda vez de que sus periodos terminan, lo que estaría quebrantando sus derechos.

Además, dijo, habría un conflicto de interés si tras aprobarse la reforma, los diputados interpusieran una controversia constitucional contra esta reforma al Poder Judicial, pues los ministros interesados deberán excusarse de conocer el tema.

Por ello, De Buen Unna solicitó a los diputados realizar un parlamento abierto para analizar la trascendencia y el impacto de esta modificación a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues la Corte debe ser autónoma e independiente y estar libre de injerencias injustificadas por otros poderes.

Beatriz Pagés, analista política y directora de la revista “Siempre!” acusó al Senado de la República de avalar “en lo oscuro y en contubernio con el Presidente de la República un golpe a la independencia judicial y a la Constitución que solo ocurre en las dictaduras”.

Denunció que el Ejecutivo Federal busca someter al Poder Judicial para consolidar su proyecto político totalitario y advirtió que, de consumarse esta reforma, los derechos humanos y las libertades de los mexicanos quedarían sujetos a los “caprichos de un solo hombre que todos los días socava las bases de la legalidad y la democracia”.

Cuestionó que el ministro Arturo Zaldívar no se haya pronunciado al respecto y confió en que este silencio no sea un aval a este “atropello” constitucional y pidió a los legisladores de oposición recurrir a todas las instancias internacionales para denunciar este y otros atropellos, así como abrir un espacio de parlamento abierto para debatir sobre esta reforma.

Juan Francisco Torres Landa, miembro del Comité Directivo de la organización UNE México alertó que esta reforma representa la antesala de un golpe de Estado en un momento de definiciones políticas, por lo que urgió a los diputados a actuar con prontitud e insistencia, reivindicarse y no responder a intereses oscuros.

“Hay un pacto y contubernio que emana desde Palacio Nacional para que la división de poderes, elemento fundamental de un régimen democrático, se diluya, y la sumisión del Poder Judicial se vuelva permanente al tener funcionario que deberán pagar por el inmoral obsequio que se les pretende dar”, enfatizó.