Con 97 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de impartición de justicia digital.

Así, para contribuir a garantizar el acceso a la justicia de forma ágil, oportuna e incluyente, el Poder Judicial de la Federación, y los de las entidades federativas, implementarán sus respectivos sistemas de justicia digital, mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación.

Lo mismo aplicará para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y los tribunales administrativos de las entidades federativas, los tribunales agrarios, los tribunales laborales, los tribunales electorales federal y de los estados.

La ley establecerá las diligencias y procesos que por su naturaleza deban ser presenciales, para garantizar una adecuada impartición de justicia.

El objetivo de la propuesta es substanciar y resolver en línea los procesos y procedimientos jurisdiccionales en todas sus etapas, así como promover la consulta e integración de expedientes electrónicos, lo que resulta prioritario ante la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo, derivada de la pandemia por Covid-19.

Al presentar el dictamen, el senador Martí Batres Guadarrama, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, indicó que es necesario incluir la justicia digital, debido a la emergencia que atraviesa el mundo, por los avances tecnológicos y para tener una justicia más rápida y expedita.

Esta reforma moderniza la justicia, actualiza sus procedimientos y coloca en manos de la ciudadanía elementos y medios ágiles para obtener una justica con menos riesgo en épocas de pandemia, puntualizó el legislador.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, de la bancada del PAN, aseguró que la computación es el futuro, pues aún queda mucho por explorar en materia de innovación y tecnología. Lo que está por venir es increíble, agregó, pues esto ayudará a disminuir la brecha de desigualdad, acercando la justicia a los sectores más desfavorecidos.

Por Movimiento Ciudadano, el senador Noé Castañón expresó que el dictamen representa un reconocimiento a nivel constitucional a lo que ya se practica, que es la digitalización de la justicia y a la celeridad que deben tener los procesos judiciales.

El senador del PT, Miguel Ángel Lucero Olivas, manifestó que con esta reforma se da un paso “gigantesco” en la garantía del derecho al acceso a la justicia. Ahora es necesario implementarla de “abajo hacia arriba”, indicó, porque si un avance tecnológico no es accesible para todos, no es revolucionario ni innovador.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, enfatizó que este esquema digital ya se ha instaurado en diversas instancias administrativas a nivel local y Federal; sin embargo, era necesario precisarlo en el marco constitucional, además de asentar en qué diligencias si es posible aplicar esta modalidad y cuáles deben ser presenciales.

En tanto, la senadora del PRI, Sylvana Beltrones Sánchez, destacó que, ante la crisis de justicia y el rezago de controversias por la pandemia, esta reforma es una alternativa para la resolución de conflictos. Con ello, los expedientes, así como los juicios serán vigilados en todas sus etapas, a efecto de garantizar la legalidad de los procedimientos para su desahogo.

El proyecto de decreto fue remitido a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.