La Comisión de Igualdad de Género, que preside la diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena), aprobó cinco dictámenes que reforman distintos ordenamientos legales con el propósito de que existan protocolos contra el acoso en instituciones de educación, garantizar la justicia a mujeres violentadas y brindar atención a su economía.

En reunión presencial, las diputadas se manifestaron por seguir trabajando a favor de la igualdad sustantiva, así como acompañar a las mujeres que han sufrido distintos tipos de violencia.

Plantean que SEP tenga protocolos contra acoso

Uno de los dictámenes aprobados adiciona el artículo 56 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, a fin de facultar a la Secretaría de Educación Pública para que diseñe y aplique protocolos de prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso en el ámbito escolar, y que las niñas y adolescentes gocen plenamente de su derecho a la educación.

Al respecto, la diputada Briceño Zuloaga destacó la importancia del tema porque es visible el enojo de las estudiantes y el contubernio en muchas instituciones educativas donde se protege a los violentadores; por ello, enfatizó, “se seguirá denunciando y se refrenda el compromiso con las víctimas, mujeres y estudiantes”.

“El llamado es para que las instituciones educativas hagan su parte y dejen de poner resistencia al avance”, reiteró.

La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz, de Encuentro Social, quien propuso la iniciativa, explicó que se diseñó a partir de denuncias de alumnas contra profesores que las acosan, por lo que se pretende prevenir el hostigamiento sexual.

La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) aseguró que el acoso en escuelas es un cáncer sin control, por lo que debe eliminarse. “Las instituciones de educación creen que suspender a un maestro hostigador es la salida. Es un asunto que nadie quiere tocar porque algunas universidades piensan que es un tema de autonomía y guardan las denuncias en cajones y pasan años”.

Del PT, la diputada Clementina Marta Dekker Gómez se mostró a favor de que los protocolos sean implementados lo más rápido posible porque maestras y alumnas no sólo han sido acosadas y agredidas sexualmente, sino asesinadas dentro de las universidades, donde hay complicidad de maestros e instituciones que solamente cambian a los responsables de lugar.

La diputada Mildred Concepción Avila Vera (Morena) señaló que el acoso sexual y el hostigamiento prevalecen en diferentes instituciones, donde incluso las propias autoridades educativas tienen dificultades en distintas entidades para hacer señalamientos y acompañamiento de denuncias.

Del PAN, la diputada Verónica María Sobrado Rodríguez comentó que las propias alumnas han manifestado sus quejas y piden ayuda, por eso la importancia de dar respuesta. “Son relevantes estos protocolos, no sólo en el nivel superior, sino en todos los niveles educativos”.

Centros de justicia para mujeres

La Comisión validó el dictamen que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de centros de justicia para las mujeres, para establecer su naturaleza jurídica, implementar mecanismos para su creación, fortalecimiento y operación. Estos centros deberán contar con hablantes de lenguas indígenas para garantizar la atención a este sector.

La diputada Briceño Zuloaga explicó que en dicha ley se definen los centros de justicia para las mujeres, se respeta la soberanía de las entidades a fin de que determinen a qué dependencia estarán adscritos, además que la Secretaría de Gobernación tendrá facultades para elaborar los modelos de operación y atención de dichos centros.

“Se determina la forma de selección y requisitos para el nombramiento de las directoras, se prioriza su levantamiento en territorios que tienen difícil acceso o donde son más necesarios por las características del contexto”, indicó

La diputada María Eugenia Hernández Pérez (Morena) se mostró a favor de esta propuesta porque muchas mujeres que padecen situaciones de violencia acuden a estos centros, reciben orden de restricción contra sus violentadores, pero carecen de apoyo psicológico; “es un paso más en la protección e integridad de las mujeres”.

La diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) dijo que es importante impulsar este dictamen porque hoy más que nunca se ha agudizado el problema de violencia de género, por lo que se requieren de estos centros de justicia en municipios donde las mujeres no tienen a dónde acudir.

La diputada Carmen Patricia Palma Olvera, de Morena, apuntó que circunstancias como el hacinamiento, tristeza y desesperación por desempleo, han incrementado la violencia; pidió exhortar a las fiscalías a que no bajen la guardia en la investigación de los feminicidios. “No hay personal suficiente y existe atraso en temas de justicia”.

Economía social debe contribuir a la igualdad de género

También aprobaron un dictamen que reforma a la fracción II del artículo 2o. de la Ley de la Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución, en lo referente al sector social de la economía, a fin de contribuir a la igualdad de género y la equitativa distribución del ingreso.

Nuevos conceptos de violencia contra la mujer

Otro dictamen aprobado es a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para incluir y modificar los conceptos de violencia obstétrica, política, mediática y simbólica. La diputada Rojas Martínez (Morena) dijo que es el inicio para que medios masivos de comunicación y electrónicos no difundan imágenes estereotipadas, negativas y denigrantes de la mujer con fines comerciales.

Evitar revictimización de mujeres

La Comisión avaló la propuesta de dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de evitar su revictimización al entrar en contacto con las autoridades

Del PAN, la diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz, quien propuso la iniciativa, dijo que ésta busca salvaguardar la vida e integridad corporal de las mujeres, por lo que establece que el Ministerio Público, durante las medidas cautelares y órdenes de protección que emita, manifieste los hechos de violencia.

Aprueban puntos de acuerdo

La Comisión también aprobó un punto de acuerdo que exhorta al Fiscal General de la República y las y los titulares de las fiscalías de todas las entidades, a que capaciten con perspectiva de género a las y los agentes del Ministerio Público y personal a su cargo que atienda o investigue delitos cometidos contra las mujeres, de forma tal que conozcan el contenido y la aplicación de diversos protocolos.

De Morena, la diputada Sandra Paola González Castañeda pidió a los ministerios públicos que no sólo sea la capacitación, sino la aplicación, pues es donde está el problema al momento de investigar.

De la misma bancada, la diputada Dorheny García Cayetano dijo que se deben evaluar las capacitaciones para ver que los elementos no sean sólo oyentes.

También se avaló un punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares de los poderes ejecutivos de todas las entidades federativas y los municipios a que cumplan y garanticen el principio de paridad de género en las designaciones y nombramientos realizados en la administración pública de su competencia.

De Morena, la diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez dijo que el que las mujeres lleguen a ocupar esos espacios debe verse como un avance en la sociedad.

La diputada Laura Martínez González, también de Morena, consideró que cada cambio de administración llega con su personal y ya no se le da seguimiento.