En México, en 2019, murieron cerca de mil 700 personas menores de 18 años en siniestros de tránsito, reveló la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, que preside la senadora Patricia Mercado Castro.

Ante esta situación, los y las legisladoras aprobaron, por unanimidad, con ocho votos, un dictamen que propone incorporar la movilidad al catálogo de derechos de niñas, niños y adolescentes, junto con las acciones que garanticen la protección a su vida e integridad física, a través de un enfoque de sistemas seguros.

El documento que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, señala que de acuerdo con el Informe sobre la seguridad vial de México, en 2019, la mortalidad por lesiones causadas por accidentes de tránsito fue la segunda causa de muerte en niños y niñas de cinco a nueve años, y en jóvenes de los 10 a los 19 años.

Por ello, el proyecto que se aprobó en la reunión de este miércoles, contempla establecer criterios mínimos para los entornos escolares seguros como los límites de velocidad, infraestructura urbana, participación de las y los menores, y el uso de indicadores para la identificación de factores de riesgo.

También plantea establecer criterios mínimos para espacios públicos con perspectiva de derechos de la infancia, tales como: la previsión de instalaciones y mobiliario urbano que garanticen un entorno accesible para la niñez, el fomento de mecanismo de participación de las y los niños y adolescentes en el diseño de éstos, así como la creación de espacios y zonas de juego seguras, accesibles y suficientes.

Además, faculta a las autoridades federales y locales para fortalecer las medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad vial de las y los niños y adolescentes.

Esto, a través de la identificación de factores de riesgo e implementación de estrategias, medidas de mitigación y soluciones como, reducción y control de la velocidad, el uso obligatorio de cinturón de seguridad, sillas de retención infantil o asiento de seguridad que cumpla con criterios reconocidos internacionalmente en su fabricación y el uso obligatorio de casco para personas usuarias de motocicletas, entre otros.

Además, propone establecer medidas administrativas que faciliten la instalación correcta de los sistemas de retención infantil, la capacidad del automóvil para instalarlo de forma segura y la capacidad del consumidor para adquirirlo e instalarlo, e incorporar a la Secretaría de la Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano al SIPINNA.

Patricia Mercado explicó que este dictamen incorpora modificaciones recibidas del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación.

El senador Emilio Álvarez Icaza explicó que este proyecto es un ejercicio de armonización, producto del trabajo de más de 60 organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, que propusieron el proyecto con la finalidad de armonizar nuestro marco normativo en materia de movilidad y seguridad vial, anteponiendo como principio el interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

“Tenemos la obligación de evitar la muerte o lesiones graves de niñas, niños y adolescentes, asegurando que las calles y carreteras sean una herramienta para alcanzar su bienestar, salud, seguridad, en donde puedan desarrollarse y potenciar sus capacidades, adecuar su entorno y adaptarlo a sus necesidades, que sus entornos escolares sean seguros y que se conviertan en lugares aptos de aprendizaje y socialización”.

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, destacó que la protección y la garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la niñez y de la adolescencia deben ser prioritarios, por lo que es necesario, dijo, entender que el derecho a la movilidad con todas sus ramificaciones no puede ser excluido.

Foto: Senado