La Ley plantea las bases de coordinación para que sean efectivas las acciones en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático

Con el objetivo de garantizar a toda persona el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como establecer facultades para la planeación, elaboración, aplicación y seguimiento de políticas públicas, la LXI Legislatura del Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se expide la Ley de Cambio Climático del Estado de Puebla.

En el ordenamiento, se establecen las bases de coordinación entre las dependencias de la administración pública estatal con las municipales, de forma que sean efectivas las acciones en materia de resiliencia, mitigación y adaptación al cambio climático; además de crear y fortalecer las capacidades de respuesta de ambos niveles de gobierno.

Al hacer uso de la palabra, la diputada Guadalupe Leal Rodríguez señaló que desde la Comisión de Medio Ambiente se hizo un trabajo que abona a la mitigación del cambio climático, por lo que representa un paso para generar condiciones específicas de mejora en materia de medio ambiente. Además, precisó que a la iniciativa del Ejecutivo se integraron propuestas de diputados.

En sesión ordinaria, el Congreso del Estado también aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Responsabilidad Patrimonial para el Estado de Puebla, que contempla las bases para definir las características del daño resarcible, y aquellas que permitan regular la cuantificación del daño, el procedimiento de reclamación para exigir las indemnizaciones resarcitorias provenientes de la responsabilidad patrimonial del Estado, y los medios de impugnación.

Durante su exposición del dictamen, la diputada Jocelyn Olivares López señaló que esta Ley reglamenta una disposición constitucional de gran relevancia para la vida pública del estado, pues las y los ciudadanos contarán con certeza jurídica para acceder a mecanismos de comprensión por los daños causados por la actividad administrativa irregular.

De igual forma, el diputado Eduardo Alcántara Montiel expuso que esta reglamentación aplica para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los órganos autónomos, agregó que la iniciativa busca que haya certeza para pagar indemnizaciones a las y los ciudadanos, que haya una previsión presupuestal para el Estado.

Por otra parte, las y los diputados avalaron el dictamen por el que se reforma la fracción VII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, para establecer que son facultades de las y los presidentes proponer al Ayuntamiento, en la primera Sesión Extraordinaria de Cabildo, el nombramiento de las y los titulares de la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería Municipal, la Contraloría Municipal y de las personas encargadas de las ramas del cuerpo de seguridad pública.

De la misma forma se prevé que, en caso de ausencia definitiva de estos titulares en el cargo, las y los presidentes municipales tendrán hasta 15 naturales para presentar su propuesta al Ayuntamiento y durante este periodo las y los alcaldes designarán a la persona que actuará en suplencia.

En tanto, el Pleno aprobó el dictamen para reformar la fracción VI del artículo 39 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla, con la finalidad de precisar que es facultad del Congreso designar a titulares del Órgano Interno de Control de los organismos autónomos.

Por otra parte, durante la sesión, se aprobaron reformas a la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla con el objetivo de promover e impulsar la creación y atención de casas hogar, albergues y residencias de día públicas para este grupo.

De acuerdo con el dictamen, se reformaron las fracciones X, XI y se adicionó la XII al artículo 3 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla, para establecer que será atribución del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla promover, así como impulsar a los gobiernos municipales a la creación y atención de los lugares.

Como parte del orden del día, el Pleno aprobó reformas a la fracción III del artículo 3, la V del 4 y la VII del 6 de la Ley de Protección a las Personas Adultas Mayores para el Estado de Puebla; y los artículos 400 y 407 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

El dictamen establece que las personas adultas mayores gozarán del respeto a sus derechos humanos y de la libre e informada administración de sus recursos económicos, particularmente los que provienen de la seguridad y bienestar social, además, podrán recibir cursos de capacitación para este fin.

En las reformas al Código Penal se establece que, cuando el delito de abuso de confianza se cometa en perjuicio de las personas adultas mayores, se castigará con tres a 10 años de prisión y multa de 100 a mil Unidades de Medida y Actualización. Mientras que el de fraude se castigará con cuatro a 10 años de prisión y multa de 50 a 300 Unidades de Medida y Actualización.

La diputada Guadalupe Yamak Taja señaló que con las reformas se pretende salvaguardar los derechos de las personas adultas mayores y aplicar sanciones ejemplares.

Durante la sesión, se avaló un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación del Estado, así como a la titular del Instituto Poblano de Atención al Migrante (IPAM), para que, en el ámbito de su competencia y atribuciones lleven a cabo las acciones pertinentes para facilitar la entrada, el tránsito y la salida de los connacionales en territorio poblano, así como contribuir a la salvaguarda de sus derechos y seguridad, mediante la mejora en el acceso a trámites y servicios de su interés y la optimización de acciones preventivas de asistencia y orientación.

Por otra parte, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, a que refuerce y amplíe la duración y el alcance de la campaña informativa denominada “Estrategia en el aula: Prevención de adicciones”, así como para que se implementen programas y políticas públicas que contribuyan a garantizar accesos seguros a los planteles escolares.

En su momento, el diputado Fernando Sánchez Sasia destacó los antecedentes del punto de acuerdo y la necesidad de implementar medidas para el cuidado y protección de las y los estudiantes.

Finalmente, en sesión ordinaria, también se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y a los 217 Ayuntamientos para que realicen talleres, cursos, capacitaciones, pláticas y brinden atención psicológica a las y los niños que son acosados escolarmente y a las y los que provocan dicho acoso, así como a sus madres y padres, con la finalidad de que se pueda prevenir, detectar a tiempo un caso de esta naturaleza y a su vez se tomen las medidas apropiadas a la brevedad posible.

Al respecto, el diputado José Antonio López Ruiz señaló que es hora de tomar medidas contundentes para prevenir y atender el acoso escolar, que afecta a las y los menores en su desarrollo y educación.