En sesión pública ordinaria, el Pleno de la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobó por mayoría de votos el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar y adicionar la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla.

Durante el análisis y la discusión del Dictamen, el diputado Uruviel González Vieyra señaló que uno de los objetivos de las reformas es corregir quién será el que funja como presidente o presidenta del Sistema Estatal para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres.

Tras externar su voto a favor, el diputado llamó a las y los legisladores a hacer una revisión de fondo a los cambios de Ley Orgánica de la Administración Pública, para no dejar sin materia o efecto otros ordenamientos, como sucedió en este caso.

Por su parte, la diputada María del Carmen Saavedra Fernández, tras señalar su respaldo a las reformas y adiciones a la Ley Orgánica, mencionó que con estas acciones se logra fortalecer a las diversas secretarías, brindando certeza, seguridad y bienestar para la ciudadanía.

También consideró que la Ley Orgánica de la Administración Pública es el resultado del trabajo emprendido a favor de las mujeres poblanas, para la creación y fortalecimiento de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, con la finalidad de trabajar a favor de los grupos vulnerables, así como evaluar los resultados de las políticas estatales para el acceso de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, así como consolidar la igualdad de género, entre otros.

En este sentido, el diputado Oswaldo Jiménez López señaló que las reformas a Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla obedecen a la falta de análisis y correcciones a la Iniciativa inicial, que permite la revocación de los actos administrativos en una gran cantidad de materias.

Durante su intervención, el diputado Armando García Avendaño señaló que las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, presentan errores de técnica legislativa, por lo que propuso la creación de una Ley de Administración Pública Estatal, con una nueva estructura.

La diputada Mónica Lara Chávez se pronunció a favor de las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, ya que contribuye a la transparencia, la transversalización del enfoque de género, la interculturalidad, la inclusión y la no discriminación social.

Por su parte, la diputada Rocío García Olmedo propuso agregar al artículo 30 una fracción vigésima para señalar la obligatoriedad para todas las instituciones de crear unidades de igualdad sustantiva en cada dependencia, para supervisar el cumplimiento de los programas en este rubro.

Finalmente, el diputado José Juan Espinosa Torres, coincidió con el diputado Oswaldo Jiménez López, con relación al artículo 15, que, consideró, resulta inconstitucional ya que desconoce actos de la autoridad administrativa.

En otro punto del orden del día, las y los diputados de la LX Legislatura aprobaron por mayoría el Dictamen con Minuta de Decreto para adicionar el artículo 16 bis a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, así como reformas al artículo 27 bis y adiciona el artículo 42 bis de la Ley de Obra Pública y Servicios, con la finalidad de armonizar la ley estatal con la ley federal, en materia de testigos sociales.

Durante el análisis y discusión del Dictamen, el diputado Oswaldo Jiménez López señalo que con estas adiciones se incorpora la figura de testigos sociales para la participación plena de los ciudadanos durante las sesiones de los procesos de licitación pública, tanto de arrendamientos, servicios, adquisiciones, como de obra pública.

Debido a que el Dictamen establece que en el caso de que el testigo social detecte irregularidades en los procedimientos de contratación deberá remitir sus testimonio al área de quejas del Órgano Interno de Control de la dependencia, entidad o municipio convocante y a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Congreso del Estado, la diputada Olga Lucía Romero Garci-Crespo presentó una propuesta reformatoria para que el testimonio se remita a la Comisión General Inspectora.

Por su parte, el diputado Marcelo García Almaguer externó su voto a favor del Dictamen, ya que la incorporación de testigos sociales a los procedimientos de contrataciones públicas con montos considerables es un hecho importante y sin precedente, que encuentra sus bases en la participación ciudadana.

Durante su intervención, la diputada Rocío García Olmedo, tras manifestar su voto a favor del Dictamen, también propuso legislar y regular la participación de los testigos ciudadanos provenientes del extranjero, ya que, dijo, también tienen derecho a participar en licitaciones, por lo que debe quedar debidamente regulada su participación, y corroborar que no hayan sido sancionados como servidores públicos, por autoridades competentes en el extranjero.

Con relación a las propuestas reformatorias, el diputado Oswaldo Jiménez López señaló, la necesidad de turnar los testimonios a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción del Congreso del Estado y a la Comisión General Inspectora.

Por otra parte, las y los legisladores aprobaron por unanimidad el Dictamen con Minuta de Decreto para reformar la fracción IV del artículo 4 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Puebla, que tiene como finalidad incluir en el concepto de discapacidad física, los trastornos o alteraciones de talla.

En este sentido, el diputado Uruviel González Vieyra señaló la necesidad de legislar para este sector de la sociedad que, si bien llevan una vida autosuficiente, también enfrentan barreras que les impiden su inclusión, como es la infraestructura para garantizar su movilidad, así como obstáculos sociales, como la discriminación, por lo cual es necesario garantizar su inclusión plena a la sociedad.

En este sentido, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, quien presentó la Iniciativa, precisó que más de 11 mil personas de talla baja en el país enfrentan barreras que les impiden una inclusión plena, efectiva y de igualdad, por lo que es necesario incluir este trastorno en la definición de discapacidad física, así como hacer conciencia y tomar las medidas necesarias para incluir a la sociedad a las personas que cuentan con esta condición.