En la primera sesión extraordinaria del año, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad de votos el Informe de Labores de Rosa Isela Ávalos Méndez al frente de la Oficina de la Abogada General de la BUAP, y la ratifica, igualmente por unanimidad, como titular de esa dependencia para los próximos cuatro años.

Por otra parte, ante el escenario de austeridad que enfrentan las instituciones de educación superior del país, el Rector Alfonso Esparza Ortiz anunció que se establecerá un sistema de gestión automatizada en diferentes dependencias universitarias, para propiciar una mejor gestión académica y administrativa, acción que permitirá un ahorro de los recursos públicos.

Ante el Máximo Órgano de Gobierno de la Institución, el Rector de la BUAP precisó que este sistema “tiene como objetivo principal agilizar la comunicación entre las dependencias universitarias, dar mayor celeridad al proceso administrativo, abatir la burocracia y eliminar el uso de papel”.

En consecuencia, a partir de febrero todas las gestiones, solicitudes y trámites de la Secretaría Particular de Rectoría, Contraloría General, Tesorería General, Oficina de la Abogada General, Departamento de Adquisiciones, Proveeduría e Inventarios, así como las direcciones de Recursos Humanos, General de Innovación Educativa y General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicaciones, se realizarán a través de este sistema. Para ello, se llevará a cabo una capacitación sobre el uso de la plataforma.

Por otra parte, el Rector Alfonso Esparza ratificó que la Institución mantendrá su compromiso de atender las necesidades de académicos y estudiantes, no obstante el escenario de austeridad. Por ello, recordó que “se presentó ante el Congreso del Estado la solicitud de un préstamo por 200 millones de pesos, que atenderá el crecimiento de los complejos regionales en el estado y la intervención de inmuebles en la capital poblana”. La construcción de la Torre de Rectoría, en Ciudad Universitaria, no significa un gasto adicional, pues su presupuesto fue aprobado en 2017, aclaró.

En lo que fue la primera reunión del año con los consejeros universitarios, comentó sobre el retraso del recurso federal de enero para cubrir el pago de nómina, misma situación que ocurrió en diciembre. A pesar de ello, los pagos de los trabajadores universitarios fueron realizados en tiempo y forma, a través de un recurso extraordinario.

Esparza Ortiz señaló que otra de las medidas de austeridad será detener los procesos de asignación de plazas, hasta conocer la política federal en materia de asignación de recursos.

Informe de actividades

En la primera sesión extraordinaria 2019, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad de votos el Informe de Labores de Rosa Isela Ávalos Méndez al frente de la Oficina de la Abogada General de la BUAP.

Asimismo, tras presentarse la terna integrada por Rosa Isela Ávalos Méndez, Demetrio Abúndez Apreza y Marcos Gutiérrez Ayala, el Máximo Órgano de Gobierno de la Institución ratificó, igualmente por unanimidad de votos, a Ávalos Méndez como titular de esa dependencia para los próximos cuatro años.

Tras mostrar una numeraria en 12 áreas, Rosa Isela Ávalos Méndez dio cuenta del trabajo realizado en la Oficina de la Abogada General, para el cumplimiento de las reglas y principios institucionales que dan certeza jurídica a la Universidad. Entre sus múltiples actividades destacan las asesorías brindadas en las áreas académica, administrativa, civil, laboral, penal, de propiedad intelectual y regionalización, entre otras, que dan soporte legal a los actos realizados en las unidades académicas y dependencias.

Para proteger las creaciones intelectuales de la Universidad se tramitaron 17 registros de obra literaria, 24 solicitudes de patentes nacionales, seis registros de marca y se dieron 34 títulos de patente. En materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, esta oficina revisó 309 solicitudes con un promedio de 950 reactivos.

Asimismo informó la elaboración de un total de mil 522 convenios con dependencias administrativas del sector público, instituciones educativas y el sector privado.