En sesión pública virtual, la Comisión de Seguridad Pública de la LX Legislatura del Congreso del Estado aprobó, por mayoría de votos, el Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que garantice que los elementos de seguridad pública del estado cuenten con los insumos mínimos necesarios en el desempeño de sus funciones, para protegerlos de posibles contagios de Covid-19.

Así como para sanitizar y desinfectar de manera constante su equipo de protección, comunicación, unidades móviles y patrullas.

En el mismo sentido, el acuerdo establece que atendiendo a la suficiencia presupuestal de la Secretaría de Seguridad se solicita se proceda al estudio e implementación de un bono económico adicional y de forma temporal para el personal de la Secretaría, que se encuentre laborando y en riesgo de contagio ante la pandemia de coronavirus.

Asimismo, en el punto de acuerdo se solicita al secretario de Seguridad Pública un informe a esta Soberanía sobre las acciones implementadas para evitar la propagación del virus de Covid-19, en los elementos de seguridad pública estatal.

Durante la discusión y análisis de este Punto de Acuerdo, presentado originalmente por el diputado Javier Casique Zárate, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez reiteró que el acuerdo original contempla el estudio e implementación de un bono económico adicional y temporal para el personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que se encuentre laborando y en riesgo de contagio ante la pandemia de coronavirus, la cual, dijo, debe ser analizada ante el incremento de más del 60 por ciento en el presupuesto de Seguridad Pública para la entidad.

Por su parte, el diputado Javier Casique Zárate subrayó que ante el nivel de contagios de Covid-19 que se registran en Puebla, se requiere proteger la integridad física y el patrimonio de los poblanos, como es el caso de los elementos de seguridad pública que son altamente proclives a contraer el virus, al estar en contacto directo con personas que se encuentran en la vía pública, por lo que es necesario garantizar la protección adecuada para el ejercicio de sus labores.

En este sentido, el diputado Raúl Espinosa Martínez propuso garantizar la sanitización de los equipos de protección, comunicación, unidades móviles y patrullas de los cuerpos de seguridad del estado, así como otorgar un bono económico adicional para los elementos de Seguridad Pública, por la pandemia de Covid-19.

Asimismo, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho propuso solicitar al secretario de Seguridad Pública un informe sobre las acciones implementadas para evitar la propagación del virus de Covid-19 en los elementos de Seguridad Pública Estatal, lo cual no estaba contemplado en el Punto de Acuerdo original.

Con relación al bono especial para los elementos de seguridad pública, la legisladora solicitó incluir la justificación jurídica y fundamentación de esta acción, en los considerandos del Acuerdo.

Por otra parte, las y los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad Pública aprobaron por unanimidad el Acuerdo para exhortar al titular del Ejecutivo del Estado y a la Secretaría de Seguridad Pública estatal para que, en el Centro Penitenciario de San Miguel, durante su internamiento ante la pandemia de Covid-19, les sean respetados a los menores infractores sus derechos humanos.

Durante la discusión de este Punto de Acuerdo, la diputada preopinante del exhorto, Mónica Rodríguez Della Vecchia mencionó la necesidad de asegurar la separación absoluta de los menores de las áreas ocupadas por las personas adultas internadas, y cuidar que los menores sean tratados por personal especializado, les sean garantizadas las visitas familiares y las actividades deportivas, educativas, artísticas y culturales; así como para que, en cuanto las condiciones sanitarias provocadas por la pandemia de coronavirus lo permitan, sean regresados a las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes.

En este sentido, el diputado Raúl Espinosa Martínez, tras señalar su apoyo al Punto de Acuerdo, solicitó que en los centros penitenciarios de la entidad se realicen más pruebas de Covid-19 para atender la salud y los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como garantizar el retorno de los menores infractores al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes, una vez que la pandemia lo permita.

De la misma manera, la diputada Nancy Jiménez Morales reiteró la importancia de atender y cuidar a los menores infractores, así como respetar sus derechos humanos durante su traslado y ubicación en el Centro Penitenciario de San Miguel.

En más del orden del día, las y los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobaron por mayoría de votos el Acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos para que conformen una Policía Ambiental Preventiva dentro del cuerpo de Seguridad Pública Municipal, que tenga por objeto garantizar el derecho a un medio ambiente sano; así como mantener y restablecer el orden y la paz pública en materia ambiental.

Durante el análisis y discusión de este Punto de Acuerdo, el diputado Uruviel González Vieyra señaló que a través de este exhorto se pretende impulsar el cuidado del medio ambiente, reducir los ilícitos que afectan los recursos naturales, las áreas forestales, los ecosistemas, la fauna y el desarrollo integral del medio ambiente, de acuerdo a la posibilidad presupuestal de cada municipio.

En este sentido, el diputado Raúl Espinosa Martínez externó su apoyo al exhorto, ya que consideró, es una acción loable el contar con una policía ambiental preventiva de carácter municipal; no obstante, señaló la necesidad de analizar la capacidad presupuestal de los municipios para su implementación.

Asimismo, la diputada María del Carmen Cabrera Camacho expuso la importancia de modificar el Punto de Acuerdo para continuar con su análisis y dictaminación, ya que no todos los municipios cuentan con los recursos presupuestales para la creación de una policía ambiental preventiva de carácter municipal, por lo que propuso capacitar a los cuerpos de seguridad de los municipios en temas de vigilancia de las áreas naturales, en coordinación con instituciones federales para evitar la creación de nuevos cuerpos de seguridad y fortalecer los ya existentes.

Finalmente, el diputado Carlos Alberto Morales Álvarez subrayó que el Punto de Acuerdo no establece una obligación a los municipios, por lo que sólo en apego a sus atribuciones y condiciones presupuestales se exhorta a formar un grupo de seguridad para coadyuvar en la atención de delitos ambientales.