El Pleno del Senado aprobó, con 96 votos, el dictamen por el que se expide la Ley General de Bibliotecas, que plantea las bases y lineamientos para definir las políticas de establecimiento, conservación, sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas.

También define la coordinación entre el Gobierno Federal, las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México; así como las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

De igual forma, propone las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas y garantiza la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, así como cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.

La senadora Susana Harp Iturribaría, a nombre de las comisiones de Cultura y de Estudios Legislativos, señaló que el sistema bibliotecario mexicano es amplio, pero insuficiente, sobre todo por la ausencia de espacios, localidades urbanas y subrurales.

Expresó que la lectura es fundamental para garantiza información sólida, esparcimiento y contribuye a la formación de una ciudadanía responsable, crítica y conocedora de sus derechos.

Precisó que el dictamen crea la figura de depósito legal, con el fin de qué las editoriales entreguen ejemplares a las bibliotecas del país y con ello, acrecentar el acervo. También, explicó, se establece un apartado especial para las bibliotecas dependientes de los municipios, a fin de garantizar sus actividades y permanencia en el tiempo.

A favor del dictamen, la senadora Beatriz Paredes Rangel, del PRI, destacó la importancia de la legislación, ya que en esta etapa de la historia mundial hay quienes suponen que el libro es un instrumento obsoleto, y que la revolución cibernética y la existencia de libros electrónicos, lo llevarán al olvido.

Destacó la urgencia de contar con una política pública de respaldo a la organización editorial; de nombrar a la brevedad el Comité Editorial del Senado de la República; y de asumir responsabilidad en la Biblioteca del Congreso de la Unión para que se encuentre organizada, sistematizada y para que se le destine presupuesto que permita informatizarla e incorporarla a la Red Nacional de Bibliotecas.

Asimismo, urgió un proceso de interconexión con bibliotecas electrónicas de los congresos del mundo y de organismos multilaterales, así como sumarse a la iniciativa de la Cumbre Iberoamericana para generar un acervo del pensamiento iberoamericano a la cultura universal.

El documento se turnó a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional.