En reunión extraordinaria, las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el proyecto de decreto que interpreta los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley Federal de Revocación de Mandato.

La minuta que envió la Cámara de Diputados fue aprobada por la Comisión de Gobernación, que preside la senadora Mónica Fernández Balboa, por 11 votos a favor y seis en contra; y por la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, que preside la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, por siete votos a favor y cuatro en contra.

En el dictamen se menciona que este proyecto busca evitar contradicciones, así como la violación a los derechos de la libertad de expresión y al acceso libre a la información pública.

Lo anterior, determina el documento, debido a la diversidad de criterios judiciales contradictorios que han sido emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El proyecto establece que la propaganda gubernamental debe entenderse como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera específica para ese fin por un ente público, es decir:

Por poderes de la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como órganos constitucionales autónomos, o cualquier otra dependencia o entidad de carácter público.

Lo anterior, con el objeto de difundir el quehacer, las acciones o los logros relacionados con sus fines, o información de interés público referida al bienestar de la población, cuyas características deberán ajustarse a lo señalado en el artículo 134, párrafo octavo, de la Constitución Política.

La minuta también plantea que “no constituyen propaganda gubernamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los límites establecidos en las leyes aplicables”.

Y que tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público, conforme al artículo 3, fracción XII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que debe ser difundida bajo cualquier formato por las personas servidoras públicas.

Respecto al principio de imparcialidad, precisa que es la aplicación de recursos públicos, entendidos como la instrucción a personas servidoras públicas subordinadas por el cargo que se ejerce.

Asimismo, la aplicación de recursos financieros para el pago directo de, o la ocupación de cualquier tipo de bien material propiedad pública bajo su cargo o con acceso a éste, de manera absolutamente ajena a la realización de reuniones públicas, asambleas, marchas y, en general, aquellos actos que impliquen apoyo a personas aspirantes, precandidatas, candidatas o a partidos políticos antes, durante o después de campañas electorales.

También establece que las sanciones aplicables a las autoridades o personas servidoras públicas de cualquiera de los Poderes de la Unión, locales, órganos de gobierno municipales, de la Ciudad de México, órganos autónomos y cualquier otro ente público, deberán ser bajo el principio de estricto derecho. Además, no podrán aplicarse sanciones por analogía o mayoría de razón.

Del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Navor Alberto Rojas Mancera destacó que la propuesta corrige distorsiones de interpretación que da el Instituto Nacional Electoral, “extralimitando sus funciones, ya que la revocación de mandato no se trata de una jornada electoral”.

El senador Damián Zepeda Vidales, del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que está a favor de la revocación de mandato porque empodera a la ciudadanía; sin embargo, adelantó que votaría en contra del proyecto debido a que Morena busca que se permita el uso de herramientas de propaganda gubernamental, como la denominada “conferencia mañanera”.

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, señaló que este dictamen supone una invasión del Poder Legislativo en la esfera de competencia de las autoridades electorales. Además, denunció que la mayoría legislativa busca la forma de burlar la Ley en materia de revocación de mandato e ir en contra del ordenamiento que se consensuó entre todas las fuerzas políticas.

En su oportunidad, el senador del PVEM, Rogelio Israel Zamora Guzmán, dijo que a través de esta reforma se busca dejar claro al Tribunal Electoral la definición de la propaganda gubernamental, principio de imparcialidad, y aplicación de sanciones, a efecto de evitar interpretaciones.

El coordinador de la bancada del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que siempre apoyó la construcción del instrumento de revocación de mandato, pero denunció que la propuesta de interpretación es inconstitucional y choca con las disposiciones que fueron establecidas por las y los legisladores.