Por unanimidad las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género del Congreso del Estado, aprobaron el Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que tiene como propósito establecer el principio de paridad de género en la integración de las Comisiones Generales, Especiales y Comités del Congreso del Estado.
En sesión de Comisiones Unidas, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Poblano de las Mujeres, la diputada Rocío García Olmedo (PRI) señaló la importancia de garantizar que los derechos de las y los diputados se ejerzan en condiciones de igualdad.
“Es importante seguir trabajando en acciones afirmativas para generar las condiciones de igualdad, que permita a las mujeres seguir avanzando en las posiciones y responsabilidades en el Congreso local”.
En este sentido, la diputada Vianey García Romero (Morena), señaló que debe garantizarse la paridad de género en la LX Legislatura, ya que no es posible que actualmente existan Comisiones conformadas en su totalidad por hombres, o incluso en su totalidad por mujeres.
Las reformas a la Ley establecen que los diputados electos, en votación secreta y por mayoría de votos, elijan a la mesa directiva de la nueva legislatura, atendiendo los principios de paridad de género en su integración, así como de la conformación de Comisiones y Comités.
Tras reconocer la importancia del Proyecto de Dictamen, el diputado Marcelo García Almaguer propuso cambiar el concepto de paridad de género, por el de igualdad estructural de género que permita a las mujeres tomar la libre decisión de incorporarse o no en la conformación de las Comisiones y Comités.
Por otra parte, las y los integrantes de la Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género, aprobaron por unanimidad el Proyecto de Dictamen con Minuta de Decreto para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de garantizar la protección civil y familiar de las mujeres que han sido víctimas de violencia, armonizando la ley federal con la ley estatal en la materia.
Para este objetivo, se adiciona el artículo 27 bis, donde se estipulan las órdenes de protección de naturaleza civil o familiar para la suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, prohibición del agresor a enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate de domicilio conyugal, y en cualquier caso cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, así como la posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirva de domicilio y el embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Registro Público de la Propiedad a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias.
Durante su participación, la diputada Mónica Lara Chávez, señalo que la armonización de este Ley estatal con la federal se garantizará una orden de protección de las mujeres cuando presenten una denuncia ante el Ministerio Público o ante el Juez, lo que permite coadyuvar en la prevención de la violencia hacia las mujeres.
A la sesión de la Comisión asistieron las y los diputados Vianey García Romero (Morena), José Juan Espinosa Torres (PT), Mónica Lara Chávez (Encuentro Social), Tonantzin Fernández Díaz (Morena), Marcelo García Almaguer, Rocío García Olmedo (PRI), Nora Merino Escamilla (Encuentro Social), Guadalupe Muciño Muñoz (PT), así como la directora del Instituto Poblano de las Mujeres, Mónica Silva Ruiz; la Presidenta del Consejo Consultivo del IPM, Mónica Díaz de Rivera y el subsecretario de Prevención de Delitos y Derechos Humanos de la Secretaría General del Gobierno, Luis Soriano Peregrina.
Foto: Es Imagen / Andree Jiménez