A fin de proteger a quienes han quedado en la orfandad, ya sea por efectos de la violencia que persiste en el país, por la migración de sus progenitores, por abandono e incluso como consecuencia de la pandemia del coronavirus, con 482 votos a favor, sin oposición ni abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, propuesto por la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Laura Barrera Fortoul.
Al argumentar su iniciativa que reforma los artículos 10 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, turnada al Senado, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRI manifestó que en nuestro país viven más de 1.6 millones de menores en situación de orfandad, de los cuales hay 400 mil casos de niñas y niños sin cuidados parentales, debido a los motivos descritos.
“Si a esto le sumamos los más de 250 mil niñas y niños que han perdido a su padre, madre o ambos a causa del Covid-19, el problema y el panorama se vuelven aterradores”, externó luego de explicar que en México todos los sistemas de integración familiar están limitados en sus funciones y se les dificulta actuar, debido a que en la actual legislación se establece que solo pueden proteger y atender a los menores a denuncia expresa.
La representante del partido tricolor e integrante de la Comisión citada, que preside la también priista Ana Lilia Herrera Anzaldo, añadió que lo anterior representa una limitante, “ya que nuestras niñas, niños y adolescentes se quedan en orfandad en su proceso de representación”, lo cual provoca un proceso legal lento.
Asimismo, Barrera Fortoul especificó que de los 1.6 millones de menores de edad en condición de orfandad que existen actualmente, al menos 30 mil estarían en riesgo de ser atraídos por el crimen organizado para realizar actividades como extorsión, tráfico de personas, narcotráfico, robos, entre otros.
Además, acotó, cuando una niña o niño pierde a su madre a temprana edad a causa de alguna enfermedad, su riesgo de padecer depresión puede ser entre el 15 y 19 por ciento, según descubrió un estudio en Suecia. Sin embargo, cuando la muerte ocurre por homicidio, suicidio o accidente, esto se incrementa a casi 223 por ciento.
Garantizar los derechos de la infancia es una obligación jurídica y una prioridad social que requiere de una participación y compromiso más amplio, así como la intervención de todas y todos y cada uno de los actores y sectores del país, puntualizó la diputada Laura Barrera.