De los cinco personajes mencionados en la red de lavado del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, cuatro ya son investigados por lavado de dinero, aunque dos tienen una suspensión provisional.

En tanto, la madre del ex mandatario no fue consignada en el expediente y, por el contrario, en mayo de 2017 promovió una demanda de amparo para impugnar el aseguramiento de propiedades que decretó en su contra la Procuraduría General de la República (PGR).

En audiencia, la PGR exhibió 89 pruebas ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el Estado de México, José Artemio Zúñiga Mendoza, y manifestó que Borge encabezó una red de operaciones con recursos de procedencia ilícita en su modalidad de ocultar bienes o pretender ocultarlos en territorio nacional.

La parte acusadora mencionó que la red de corrupción se concretó a través de empresas fantasma para rematar 22 predios en beneficio de familiares y amigos.

La primera integrante de esa red es Claudia Romanillos Villanueva, quien fue secretaria particular en diversos puestos del Gobierno estatal y a quien, al final, Borge nombró como titular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE).

En junio pasado, un Juez de Nezahualcóyotl, Estado de México, libró mandatos de captura contra Borge y otros cuatro presuntos implicados por el delito de lavado de dinero, con base en la carpeta de investigación UEIORPIFAM-QR/0000749/2016 consignada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).

Las aprehensiones fueron giradas, además de a Borge, contra Romanillos y Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto.

También se ordenó aprehender a María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador, y a César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

Todos están implicados en la acusación de la venta de inmuebles patrimonio de Quintana Roo a integrantes del círculo cercano a Borge y a sus familiares, a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial.

Días después de que fue ventilada la indagatoria, Romanillos y Herrera solicitaron ante el Juzgado Séptimo de Distrito amparos contra diversas autoridades ante la posibilidad de ser detenidas.

César Celso González Hermosillo y Melgarejo, presunto prestanombres y abogado de la familia de Borge, buscó en noviembre un amparo ante el posible arresto federal, pero le fue negado.

A la fecha, María de Lourdes Pinelo Nieto no cuenta con una suspensión, de acuerdo con fuentes judiciales.

Investigaciones federales y de Quintana Roo también salpican a Édgar Manuel Méndez Montoya, empresario metalúrgico; Santiago Samuel Jiménez Moreno, director de Corpogas y socio de gasolineras en Cancún, y a Jorge Luis Cárdenas Bazán, ex Alcalde de Isla Mujeres, como presuntos beneficiados por el remate de predios.

Sobre el proceso contra Borge, el actual Gobernador Carlos Joaquín González, indicó que fueron integradas 18 denuncias que involucran a aproximadamente 40 ex funcionarios y miembros de la iniciativa privada.

Fuente: Reforma