Entre las recomendaciones que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo a México están la armonización de las leyes para prevenir la violencia contra las mujeres, garantizar acceso legal, seguro y efectivo para la interrupción del embarazo y la tipificación del delito de feminicidio en todo el país.
Así se asienta en el informe Actualidad de los derechos civiles y políticos en México, donde se abordan temas de género, discriminación y violencia por identidad de género, contra las mujeres y la interrupción del embarazo.
El informe también señala que, si bien hay avances importantes en términos de políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres, esto no significa que disminuyen este tipo de actos, por lo que se debe armonizar la tipificación del feminicidio y los protocolos de actuación en la investigación de este delito a nivel nacional para garantizar el derecho a la justicia.
También es necesario que México implemente mecanismos efectivos de prevención que están incluidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y dotar de recursos financieros y humanos suficientes a las instituciones.
La ONU destaca la importancia de incorporar la perspectiva de género y que hayan mecanismos de denuncia seguros, buen acompañamiento a las víctimas y la reparación integral del daño.
Además se deben combatir estereotipos y prejuicios contra la población LGBTI+ y trabajar en la eliminación de tratamientos irreversibles a menores intersexuales, que no están en condiciones de dar consentimiento para ello.
Acerca de la interrupción voluntaria del embarazo y los derechos reproductivos, hace un llamado para armonizar la legislación federal y las estatales para garantizar acceso legal, seguro y efectivo para esa decisión, cuando la vida de la embarazada esté en riesgo, especialmente cuando sea producto de un incesto.
Asimismo recomienda eliminar sanciones penales a mujeres y niñas que se someten a un aborto y a quienes proveen los servicios de atención médica y garantizar que se respete el secreto profesional del médico como la confidencialidad de las pacientes.
Al respecto, la integrante de la Red Solidaria de Derechos Humanos de Michoacán, Claudia Ignacio, indicó que la ONU reconoce los esfuerzos institucionales, pero también en armonizar las legislaciones federales con las estatales respecto a temas de género.