El Reino de España entregó hoy a México a Javier Nava Soria, contador que operó muchas de las empresas factureras de la presunta red de lavado de dinero de Javier Duarte.

La Policía española entregó a las 20:00 horas al prófugo de la justicia a elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), informó la dependencia federal.

«En virtud de que el fugitivo permaneció de forma irregular en territorio español y de que contaba con una notificación roja de Interpol vigente, las autoridades de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Cuerpo Nacional de Policía de España, en colaboración con la PGR, iniciaron las gestiones para su localización, detención con fines migratorios y deportación a México, dijo la Procuraduría.

Tras su arribo al AICM, la PGR le cumplimentó una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, girada desde el 14 de octubre de 2016 por el juez de control Gerardo Moreno García, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

Nava Soria era el apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa «fachada» que compró en 223 millones 800 mil 963 pesos unos predios en Campeche, cuyo valor catastral era 18 mil veces menor al pagado.

El vendedor en este caso fue Moisés Mansur, considerado el principal prestanombres de Duarte.

Por esta razón, la PGR presume que dicha operación fue una simulación para que el ex Mandatario desviara recursos del erario a sus testaferros.

Nava Soria también trabajaba para José Juan Janeiro Rodríguez, el cerebro financiero del ex priista para la constitución y operación de diversas empresas fantasma.

El contador fue detenido el 19 de abril en Barcelona, pero en septiembre consiguió su libertad porque en el juicio de extradición no fueron agregados formalmente todos los documentos de la acusación en su contra.

Sin embargo, en enero, la PGR nuevamente presentó la solicitud de extradición argumentando que la anterior omisión fue responsabilidad del Ministerio de Justicia de España, quien no entregó en tiempo y forma la documentación requerida.

A pesar de lo anterior, el contador regresó a México deportado y no extraditado debido a que venció su estancia legal en el país ibérico. (Con información de Reforma)