A una década de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuyo marco jurídico cumple con tratados internacionales, nacionales y regionales para su cabal aplicación, persisten violaciones a las garantías fundamentales como desapariciones forzadas, homicidios, secuestros y feminicidios, lo cual constituye un desafío al Derecho, advirtieron juristas nacionales e internacionales convocados por la Facultad de Derecho (FD) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
En el coloquio en línea “Diez Años de la Reforma en Derechos Humanos”, José de Jesús Orozco Henríquez, investigador del IIJ e integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, se refirió a los derechos político-electorales, que a partir del cambio constitucional son protegidos por el Poder Judicial de la Federación.
Y expresó: “Ha habido recurrentes interpretaciones de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la luz de los estándares internacionales, en donde se ha ejercido un control de la convencionalidad, con adecuaciones a la práctica judicial, o eventuales reformas constitucionales y legales para proteger de manera efectiva los derechos político-electorales y potenciar su ejercicio”.
A diferencia de otros ámbitos de las garantías fundamentales en donde se pueden apreciar insuficiencias en su observancia e implementación en nuestro país, los político-electorales cuentan con mecanismos efectivos y eficientes para garantizar su debida protección de acuerdo con estándares internacionales.
La educación es un derecho humano fundamental para el desarrollo de las personas porque tiene un carácter habilitante para conocer, entender y proteger el resto de las garantías constitucionales, afirmó Raúl Contreras Bustamante, director de la FD de la UNAM.
En el segmento dedicado a la Educación en Materia de Derechos Humanos, moderado por Ismael Eslava Pérez, secretario académico del PUDH, manifestó que quien recibe enseñanza contribuye a la creación de una mejor sociedad y al desarrollo de un mundo mejor.
Además, enfrenta los retos de la deserción por la pandemia, el uso de nuevas tecnologías y la permanente actualización de los estudiantes. Y dijo: se debe comprender cabalmente que los jóvenes son el centro de la actividad como educadores, como instituciones de educación superior, y quienes pueden ayudar a tener un cambio cultural en materia de derechos humanos.
A su vez, Luis Raúl González Pérez, titular del Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH), destacó la importancia de darle fortaleza al “ombudsperson” y cumplir las recomendaciones que esta figura hace en la materia.
“Toda autoridad debe de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos. Cuando éstos no son respetados, procede la reparación del daño. En este sentido, la reforma buscó que el ombudsperson tuviera un mayor peso como una autoridad moral, basado en el ejercicio pleno de sus atribuciones”, refirió.
Al hacer uso de la palabra, Sergio García Ramírez, profesor emérito de la UNAM e investigador del IIJ, comentó que la reforma de 2011 pone al ser humano en el centro de la atención jurídico-política.
Durante el segmento dedicado a la Restricción y Suspensión de Derechos Humanos, precisó que el Artículo 29 constitucional establece la suspensión o restricción del ejercicio de derechos y libertades; hay restricciones genéricas y específicas de varios derechos. Los que no pueden suspenderse son el acceso a la justicia, el debido proceso y las garantías de los derechos fundamentales como el amparo.
Las personas, centro de la reforma
En su oportunidad, Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, dijo que se reconoce la autonomía y la protección a los derechos humanos se institucionalizó. No hay que perder de vista que el centro de la modificación son las personas y la dignidad humana.
Para Eduardo Ferrer Mac-Gregor, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos e investigador del IIJ de la UNAM, la educación debe favorecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales.
“La educación en derechos humanos busca prevenir que el sujeto generador de la violación de derechos humanos, la sociedad o las autoridades, vuelvan a materializar violaciones similares”, recalcó.
Durante el apartado “Derechos Humanos de Fuente Internacional”, el cual fue moderado por Luis Raúl González Pérez, Guillermo Fernández Maldonado Castro, representante de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas en México, señaló que de los 11 artículos modificados el primero generó mayor debate durante el proceso de reforma, aunque fue el más celebrado tras aprobarse.
“Por medio de esta reforma se reconoció en el propio texto constitucional el más alto nivel jerárquico en la normativa, a aquellos preceptos de derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los que México es parte”, acotó.
Sostuvo que pese a los esfuerzos legales, familiares de las víctimas de desapariciones forzadas recorren instancias internacionales para que las autoridades locales cumplan con la ley; además, este delito persiste.
Dana Graber Ladek, de la Organización Internacional para las Migraciones, aseveró que la reforma es un parteaguas para la promoción, protección y salvaguarda de los derechos inalienables.
“El Artículo Primero, por ejemplo, pone en el centro a todas las personas y todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, invisibilidad y progresividad”, destacó.
Las personas migrantes, con independencia de su nacionalidad y su situación en México, son reconocidas como sujetos de derechos; sin embargo, hace falta una migración ordenada y segura. “Un reto apremiante es el acceso a la justicia”, alertó.
Giovanni Lepri, representante adjunto en México de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), subrayó que el Artículo 11 constitucional reconoce el derecho a solicitar asilo y refiere que el reconocimiento de la condición de refugiado se dará de conformidad con los tratados internacionales, lo cual obliga a realizar un control de convencionalidad de las normas mexicanas y los actos de autoridad frente a la Convención de 1951.
En ese sentido, expresó que en 2011 se reportaron 262 personas documentadas como refugiadas y en 2013, mil 296 solicitudes de refugiados. Casi una década después, en lo que va de 2021, hay más de 42 mil 900 personas quienes han pedido la condición de refugiados. “Actualmente México es un país de origen, de retorno y de tránsito, pero también de destino para migrantes”.
Para Joel Hernández García, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la modificación constitucional es una de las más más importantes del país. “Se trata de un nuevo enfoque de derechos humanos, con la persona en el centro de toda política pública de promoción y protección de los derechos humanos”.
Mariela Morales Antonniazi, del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Público Internacional, subrayó el valor de la internacionalización de las leyes mexicanas relativas a derechos humanos.
“Con esta reforma, México está adscrito a acuerdos internacionales y regionales, y responde a jueces interamericanos, no solo nacionales. Esto permite darle visibilidad a México y se va construyendo una cultura de los derechos humanos”, dijo.